tag:blogger.com,1999:blog-80346322229983630262024-03-13T12:14:52.301-07:00Boletín Legal VenezuelaBlog creado con la intención de publicar decisiones judiciales, normativas y novedades editoriales jurídicas (libros, revistas) relevantes en Venezuela - @BoletinLegalVeCarlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.comBlogger1373125tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-1608162712728473032021-10-29T09:34:00.005-07:002021-10-29T09:34:24.204-07:00Anuario de la Especialización en Derecho Administrativo Nro. 5<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="EN-US">El
Centro para la Integración y el Derecho Pú</span><span lang="PT">blico (CIDEP)</span><span lang="EN-US"> y
el Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad Central de Venezuela publicaron el Nro. 5 </span><span lang="IT">del </span><b><span lang="ES-TRAD">ANUARIO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO</span></b><span lang="EN-US">, cuyo contenido puedes conocer <a href="https://www.cidep.online/prensa/nota-59/">aquí</a>.</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-40235099219304093262021-10-29T07:44:00.000-07:002021-10-29T07:44:06.727-07:00Revista de Derecho Tributario Nros. 163 y 164<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="EN-US">La </span><span lang="IT">Asociaci</span><span lang="EN-US">ón Venezolana de Derecho Tributario publicó los Nros.
163 y 164 de la </span><b><span lang="ES-TRAD">REVISTA
DE DERECHO TRIBUTARIO</span></b><span lang="EN-US">,
los cuales pueden descargarse <a href="https://www.avdt.org.ve/biblioteca/">aquí</a>.</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-26024634695715561392021-10-28T07:55:00.007-07:002021-10-28T07:56:16.573-07:00Suspensión de la relación de trabajo<p><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/313818-171-261021-2021-21-024.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/313818-171-261021-2021-21-024.HTML</span></a></span></u></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">171
del 26 de octubre de 2021,</span><span> <span lang="ES-TRAD">la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, señaló que cualquier relación de trabajo quede en suspenso
cuando ocurra alguno de los supuestos previstos en la norma, específicamente en
el caso del literal i del artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, caso fortuito o fuerza mayor, es decir,
situaciones que no se originan o provienen del patrono o del trabajador, sino
que son causas que se encuentran directamente relacionadas con la actividad de
la entidad de trabajo, que impiden su funcionamiento, obligando a la suspensión
temporal de la relación laboral, caso en el cual, el patrono tiene la obligación
de solicitar la correspondiente autorización de cese temporal de las
actividades a la Inspectoría del Trabajo, teniendo un plazo de cuarenta y ocho
horas contadas a partir del momento que se sucedieron los hechos que impiden el
funcionamiento de la empresa. Al respecto, se determinó que:</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“De la cita
precedente del fallo impugnado se observa que la juez de alzada, al momento de
resolver el punto atinente al error de interpretación del literal i del artículo
72 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, indicó que
para proceder a la suspensión de la relación de trabajo se debe solicitar
previamente autorización al órgano administrativo, es decir, a la Inspectoría
del Trabajo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ocurrencia del
infortunio (hechos que ameritan la suspensión). Igualmente estableció en su
fallo, que fue un hecho convenido por las partes que la suspensión de las
relaciones laborales comenzó el 2 de mayo del año 2016, fecha en la que la
entidad de trabajo <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">CERVECERÍA POLAR, C.A</b>.,
decidió suspender las operaciones de distribución en el territorio comercial
Andes y la suspensión de las relaciones de trabajo del personal que presta
servicios en la agencia San Cristóbal de <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">CERVECERÍA
POLAR, C.A</b>.</span></i><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Así las
cosas, considera esta Sala de suma importancia resaltar que ante el deber que
se impone a la entidad de trabajo de solicitar a la Inspectoría del Trabajo la
autorización para la suspensión temporal de las labores por una parte (conforme
al literal i del artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras), surge por otra parte, para el órgano administrativo el deber
de emitir un pronunciamiento concediendo o no la autorización para la suspensión
de la relación de trabajo. Y no se constata en las actas que integran el
expediente que el órgano administrativo haya emitido su autorización para la
suspensión de las relaciones de trabajo, por el contrario, afirmó el recurrente
que no existió pronunciamiento de autorización de la suspensión de la relación
de trabajo. De modo que, la comunicación de fecha 02 de mayo de 2016, se
constituye en un acto unilateral del patrono que carece de la aprobación de la
Inspectoría del Trabajo, es decir, que tal y como fue expuesto por la juez de
alzada, ciertamente las suspensiones de las relaciones laborales de los
accionantes se acordaron sin la debida autorización por parte de la Inspectoría
del Trabajo.<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">De lo
anterior colige esta Sala que, contrario a lo manifestado por el recurrente, la
juez de alzada no incurrió en el vicio de error de interpretación del literal i
del artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, interpretándolo acertadamente al momento de la resolución del
presente asunto, otorgándole a la norma denunciada como infringida su verdadero
sentido y alcance, razón por la cual resulta forzoso desestimar la presente
delación. Así se decide</span></i><i><span lang="ES">” </span></i><span lang="ES">(énfasis
añadido por la Sala).</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-82843662505713569932021-10-25T10:31:00.017-07:002021-10-26T17:57:31.153-07:00Sobre la nulidad de un laudo arbitral<p><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/313746-00263-141021-2021-2004-0674.HTML">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/313746-00263-141021-2021-2004-0674.HTML</a></span></u></b><b><span lang="ES-TRAD"><o:p> </o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"></p><p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">263
del 14 de octubre de 2021,</span><span> <span lang="ES-TRAD">la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que la pretensión de ‘nulidad’ de un
Laudo Arbitral se trata de una acción excepcional orientada a enervar la
validez del mismo, pero sólo y exclusivamente, por motivos taxativos, previstos
en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial. En lo absoluto significa
una ‘apelación’ sobre el mérito del asunto. En tal sentido, la intención del
legislador “ha sido la de considerar inapelable el laudo arbitral, como una
fórmula de evitar dilaciones indebidas frente a un proceso que ha sido diseñado
para ser expedito. Excepcionalmente la Ley de Arbitraje Comercial venezolana ha
consagrado el recurso de nulidad como mecanismo de impugnación, a diferencia de
otras legislaciones en las que el laudo arbitral es inimpugnable. Al respecto,
se indicó que:</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt;"></p><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“</span></i><i><span lang="ES">Como se indicó precedentemente, en nuestro
ordenamiento jurídico, si bien está prevista la impugnación de los laudos, ello
no debe confundirse con un recurso de apelación, sino que se trata de un medio
extraordinario de control de los mismos, por causales expresas consagradas
legalmente. En efecto, ha quedado establecido en nuestra jurisprudencia que </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="ES">la pretensión de
nulidad de un laudo arbitral se trata de una acción excepcional que sólo puede
proceder en los supuestos contenidos en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje
Comercial, orientada a enervar la validez del mismo, ya que su procedencia sólo
es posible por motivos taxativos, lo que comporta la imposibilidad de afirmar
que tal recurso se constituya en una </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>‘</span><i><span lang="ES">apelación</span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>’
</span><i><span lang="ES">sobre el mérito del fondo. Así,
cualquier pretensión que propenda la nulidad de forma directa o indirecta debe
interponerse conforme a la ley de procedimiento aplicable para ese arbitraje en
específico (de acuerdo a lo que haya sido adoptado por las partes en su cláusula
compromisoria o acuerdo arbitral), y conforme a las normas de conflicto que
resultasen aplicables al Estado que haya sido seleccionado como lugar tanto
para el desarrollo del procedimiento arbitral, como para la posterior emisión
del laudo final” (vid., sentencia de la Sala Constitucional Nro. 462 del 20 de
mayo de 2010).<br /></span></i><i><span lang="ES">(…)</span></i></span></p></div><p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">En
la norma transcrita se enumeran los motivos tasados por los cuales un Laudo
puede declararse nulo. Del examen de la disposición reproducida se evidencia
que no se contempla la revisión exhaustiva del mérito o fondo del mismo, sino
que están referidos a defectos formales del proceso arbitral; de manera que el
juez que conoce de la impugnación del Laudo no debe examinar errores </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="ES">in iudicando” ni
infracciones en cuanto a la valoración de los hechos dada por el árbitro.</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large;">Sobre
este punto, es necesario precisar que si bien las causales de nulidad son
taxativas, las mismas han sido consagradas de forma suficientemente amplia para
que se pueda subsumir en ellas violaciones a los derechos constitucionales,
como el debido proceso y el derecho a la defensa, siempre que no supongan un análisis
del fondo de la controversia resuelta por el árbitro.</span></i></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">De
todo lo expuesto, debemos puntualizar lo siguiente: a) contra el laudo arbitral
únicamente procede el </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="ES">recurso
de nulidad”; b) el proceso judicial contra el laudo solo tiene por objeto
verificar si el mismo está incurso o no en algunas de las causales taxativas
previstas en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial; y c) derivado de
lo anterior, al tribunal que conozca de la nulidad de un laudo arbitral le está
vedado revisar la correcta o incorrecta interpretación efectuada por el
tribunal arbitral sobre el mérito o fondo de la controversia.<br /></span></i><i><span lang="ES">(…)</span></i></span></p><p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">De
un examen de conjunto del libelo que contiene el recurso de nulidad, esta Sala
advierte que los vicios alegados por PDVSA GAS, S.A., fueron expuestos en forma
similar a la fundamentación de un recurso de apelación; sin embargo, los mismos
fueron enmarcados -por los apoderados actores- dentro del artículo 44 de la Ley
de Arbitraje Comercial, concretamente en los literales c), d) y f); por lo
cual, esta Sala, para preservar el derecho a la tutela judicial efectiva, pasará
a analizarlos en el mismo orden, pero atendiendo a las limitaciones legales que
fueron explicadas con anterioridad, prescindiendo en su juzgamiento de aquellos
argumentos que correspondan a elementos de fondo de la controversia que fue
planteada ante el tribunal arbitral, ya que, como quedó antes precisado, este
procedimiento judicial no se trata de una segunda instancia sobre el mérito de
lo decidido previamente” </span></i><span lang="ES">(énfasis añadido por la Sala).</span></span></p><p></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-28587976303959717992021-10-11T17:43:00.004-07:002021-10-11T17:46:09.423-07:00Potestad de autotutela de las Inspectorías del Trabajo<p><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/septiembre/313231-00203-1921-2021-2021-0085.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/septiembre/313231-00203-1921-2021-2021-0085.HTML</span></a></span></u></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">203
del 01 de septiembre de 2021,</span><span> <span lang="ES-TRAD">la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que las Inspectorías del Trabajo cuentan
con la potestad de ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos de
efectos particulares, que hayan quedado firmes y que requieran medios y
procedimientos para hacer cumplir el contenido de las mismas. Al respecto, se
indicó lo siguiente:</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Por aplicaci</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n de los
citados principios y en ejercicio de la potestad de autotutela, la Administraci</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n puede
por s</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í </span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">sola realizar todas las
actuaciones materiales tendentes a obligar o constreñir a los particulares a
cumplir con sus actos o providencias, a cuyo fin cuenta con mecanismos
expresamente previstos en la ley para ejecutar forzosamente sus decisiones.</span></i></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Asimismo, la Sala advierte que mediante la Ley Org</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">nica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el Legislador patrio ampli</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">los
mecanismos con los cuales cuentan las Inspector</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">as del
Trabajo para lograr la ejecuci</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n de sus propias decisiones,
estableciendo adem</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">s del procedimiento de multa
-el cual, seg</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ú</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n las actas que conforman el
expediente, no se evidencia que haya sido agotado en el caso de autos- una
serie de actos u acciones, entre las que cabe referir la posibilidad de
solicitar la pena de arresto para el patrono que incumpla u obstruya la ejecuci</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n de los
actos emanados de las autoridades administrativas del trabajo (art</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">culo 538 </span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">eiusdem</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">).<br /></span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">(…)</span></i></span></p><p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Así </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">tenemos
que, corresponde a dichos funcionarios la ejecuci</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n de los
actos administrativos particulares que impongan alguna obligaci</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n a los
patronos y, a prop</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">sito de tal competencia, se
les faculta para adoptar determinadas previsiones ante el incumplimiento del
obligado, a saber, dictar medidas cautelares, ordenar el procedimiento de sanci</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n contra
el patrono rebelde o reincidente, y solicitar la revocatoria de la solvencia
laboral, pudiendo incluso requerir el apoyo de la fuerza p</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ú</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">blica y
del Ministerio P</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ú</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">blico para el procedimiento
de arresto.</span></i></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">De lo anterior se deriva, que la Ley Org</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">nica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, contempla de manera sistem</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">tica todo
un mecanismo para hacer cumplir, en el </span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">mbito de
la propia Administraci</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n, las decisiones que emanen
de las autoridades del trabajo, entre ellas, aquellas dictadas por las
Inspector</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">as del Trabajo.<br /></span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">(…)</span></i></span></p><p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Por lo tanto, visto que mediante la declaraci</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n antes citada la Inspector</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">a respectiva consider</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">agotada la v</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">a administrativa, debe esta
Sala forzosamente concluir, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva
instituida en el art</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">culo 26 de la Constituci</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n de la Rep</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ú</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">blica Bolivariana de
Venezuela, que el Poder Judicial tiene jurisdicci</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n para conocer de la demanda
por cumplimiento de cl</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">usulas de la Convenci</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n Colectiva de Trabajo
interpuesta por los ciudadanos Wisney Antonio Esparragoza Ponce, Jos</span></i><i><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">é </span></i><i><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Alexander Rojas D</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">íaz, Á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ngel Alirio Moncada Pantoja,
William Basilo Mosquera Olivo, Jos</span></i><i><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">é </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Francisco
Camejo Dimas y Jos</span></i><i><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">é </span></i><i><span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Gregorio Estrada P</span></i><i><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">é</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">rez, contra la sociedad mercantil C.A. Cervecer</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">a Regional, la cual
constituye en parte la ejecuci</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n de la precitada
Providencia Administrativa conjuntamente con la pretensi</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n de cumplimiento de otras
cl</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">usulas no abarcadas en dicho
pronunciamiento</span></i><i><span lang="ES">” </span></i><span lang="ES">(énfasis
añadido por la Sala).</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-71009458033363089472021-10-07T07:51:00.010-07:002021-10-07T07:55:24.560-07:00Prohibición de fotografiar el expediente judicial<p><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/septiembre/313618-107-30921-2021-A21-41%20.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/septiembre/313618-107-30921-2021-A21-41%20.HTML</span></a></span></u></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">107 del 30 de septiembre de 2021,</span><span>
<span lang="ES-TRAD">la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, prohibió
que los abogados tomen fotos del expediente judicial, ya que el único medio
permitido por ley es la solicitud y obtención de copias simples o certificadas.
Al respecto, se afirmó que:</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“Por último,
se observa de su solicitud de la avocamiento que la abogada <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Cleidys del Valle Hilarraza</b>, e
inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado (Inpreabogado) bajo el N°.
81.617, señaló que obtuvo las copias del expediente de forma no autorizada por
el Tribunal, al haberlas tomado con su teléfono celular: </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...la mala
praxis tanto del tribunal como del funcionario responsable, al no permitir
obtener oportunamente las copias del expediente ha llevado a esta defensa, a
tener que tomar imágenes fotográficas de algunas de las Actas desde el
celular...”.</span></i><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Verificándose
con ello, que la conducta desplegada por la referida abogada contraría lo
dispuesto en el artículo 105 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual
establece: </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...Las
partes deben litigar con buena fe, evitando los planteamientos dilatorios,
meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les
concede...”. </span></i><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Por lo
tanto, se hace un llamado de atención a la referida abogada, al haber excedido
en el ejercicio de sus facultades, obtenido copias de las actas del expediente
a través del uso de un medio telemático no autorizado por el Tribunal de la
causa, ya que la emisión de las copias de los expedientes, aun simples, deben
ser ordenadas y autorizadas por el Tribunal correspondiente.<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Asimismo,
también se evidencia la falta de vigilancia por parte del Tribunal Primero de
Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado
Portuguesa, Extensión Acarigua, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica, al
incumplir con sus obligaciones</span></i><i><span lang="ES">” </span></i><span lang="ES">(énfasis
añadido por la Sala).</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-19909205090041928492021-10-05T06:20:00.013-07:002021-10-05T06:24:46.344-07:00Pago de obligaciones contractuales en divisas<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/septiembre/313470-RC.000464-29921-2021-20-138.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/septiembre/313470-RC.000464-29921-2021-20-138.HTML</span></a></span></u></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: georgia;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span>464
del 29 de septiembre de 2021,</span><span style="font-family: georgia;"> </span></span><span lang="ES-TRAD"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia, reiteró que es posible pactar obligaciones en divisas,
siempre que no esté expresamente prohibido por ley, concretamente, por el
artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela. Al respecto, se sostuvo
lo siguiente:</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“</span><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">El</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES"> fundamento jurídico alegado consiste básicamente
en que, la obligación sobre la cual versó el litigio en el cual se generaron
las actuaciones que constituyen el título de la pretensión de honorarios
profesionales, era una obligación dineraria en moneda extranjera, y que de
acuerdo con el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, la
estipulación de obligaciones en moneda extranjera es válida tanto si se toma
como moneda de cuenta, como en el caso de que se establezca como moneda de pago
efectivo.</span></i><i><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Al
respecto, debe advertirse que la obligación que dio origen al litigio en que el
abogado prestó sus servicios, tiene una fuente distinta de la que da origen a
las obligaciones de pagar honorarios, costos y costas procesales.</span></i><i><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large;">En
efecto, la obligación discutida en el juicio que da origen a la pretensión de
honorarios, fue creada por la voluntad de las partes mediante un contrato en el
cual se incorporó una estipulación especial que transformó el régimen jurídico
de la obligación dineraria para que la misma se expresara en unidades de un
signo monetario distinto de la moneda de curso legal en la República
Bolivariana de Venezuela, lo cual excepcionalmente puede pactarse en aquellos
contratos en que no está expresamente prohibido por la ley, a la luz del artículo
128 de la Ley del Banco Central de Venezuela.<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large;">En
consecuencia, el ámbito de aplicación del referido artículo 128 de la Ley del
Banco Central de Venezuela está restringido a las obligaciones nacidas de un
acto jurídico en que se incluya una estipulación por virtud de la cual <b>el obligado previamente acepte la modalidad
de pago en una moneda extranjera</b> (como unidad de cuenta o como cláusula de
pago efectivo), y además es indispensable que se determine cuál será la divisa
utilizada, todo lo cual <b>debe ser pactado
por las partes antes o en el momento del nacimiento de la obligación.</b></span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">Por
el contrario, no resulta aplicable el referido artículo a las obligaciones no
contractuales, donde el nacimiento de la obligación dineraria deriva de un
hecho jurídico al que la ley asigna directamente esta consecuencia, como es el
caso de las indemnizaciones por hechos ilícitos, gestión de negocios,
enriquecimiento sin causa, contribución a los gastos de conservación de cosas
comunes, reembolso de gastos efectuados por mandatarios y administradores, y
especialmente, para el caso de autos, el pago de costos y costas procesales.</span></i><i><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large;">Esto
porque en tal género de obligaciones, el deudor queda obligado al pago de una
cantidad de dinero por disposición de la ley una vez que se ha verificado el
hecho jurídico, sin que haya estipulación especial que modifique el régimen
jurídico de la obligación dineraria, por lo que esta será indefectiblemente
denominada y pagadera en la moneda de curso legal al momento del nacimiento de
la obligación.<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large;">En
este último caso, la pretensión de cobro judicial o extrajudicial de tales
obligaciones como deudas en moneda extranjera, no solo es improcedente por
carecer de base legal, sino que podría configurar el delito de usura, en caso
de que el diferencial cambiario exceda los límites legales de las tasas de
interés que sean aplicables a la respectiva obligación.</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large;">En
consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones dinerarias no nacidas de una
estipulación contractual que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 128 de la
Ley del Banco Central de Venezuela, se rigen por las normas que regulan el
cumplimiento de las obligaciones dinerarias en moneda de curso legal,
especialmente observando las limitaciones que resultan del principio nominalístico
(artículo 1737 del Código Civil) y las normas que prohíben la obtención, por
cualquier medio o bajo cualquier denominación, de intereses superiores a los límites
legales (Véase al respecto sentencia de la Sala Constitucional del 24 de enero
de 2002, caso: créditos indexados).</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">En
esta clase de obligaciones, el reajuste nominal de la expresión monetaria de la
prestación debida solo procede mediante la indexación judicial en los términos
en que ha sido reconocida por la jurisprudencia, es decir, calculada desde la
fecha de admisión de la demanda hasta la fecha del pago efectivo y tomando como
factor el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco
Central de Venezuela.</span></i><i><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">En
el caso de autos, el demandante pretende el pago de honorarios profesionales
bajo el régimen de una obligación en moneda extranjera, sin que exista un
contrato de servicios profesionales en el cual el demandado haya aceptado
previamente esta modalidad, lo que hace inaplicable el artículo 128 de la Ley
del Banco Central de Venezuela para el regir cumplimiento de la obligación.</span></i><i><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large;">En
consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones previamente expuestas, la
pretensión no solamente es improcedente, sino que presumiblemente violenta
disposiciones de orden público sobre los efectos de las obligaciones
dinerarias, dado que lleva implícita la pretensión de obtener una utilidad
cambiaria que podría superar los límites legales de las tasas de interés y la
prohibición de la usura.<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">Todo
lo anterior conlleva la conclusión de que el error del Superior al declarar
inadmisible la acción, no es determinante de la nulidad del fallo, ya que la
pretensión deducida es claramente improcedente, siendo inútil decretar la
reposición de la causa para emitir un nuevo juicio sobre la misma” </span></i><span lang="ES">(énfasis
añadido por la Sala).</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-80882164752585224862021-10-05T06:00:00.001-07:002021-10-05T06:02:12.464-07:00Retos del Derecho Público en la Tercera Década del Siglo XXI. Libro Homenaje al Profesor José Luis Villegas Moreno<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">La
</span><span lang="IT">Editorial Jur</span><span lang="EN-US">í</span><span lang="ES-TRAD">dica
Venezolana y el Centro de Estudios de Regulaci</span><span lang="EN-US">ó</span><span lang="NL">n Econ</span><span lang="EN-US">ó</span><span lang="ES-TRAD">mica
de la Universidad Monte</span><span lang="EN-US">ávila
(CERECO-UMA) </span><span lang="ES-TRAD">publicaron
la obra </span><b><span lang="DE">RETOS DEL DERECHO P</span><span lang="EN-US">Ú</span><span lang="DE">BLICO
EN LA TERCERA D</span><span lang="FR">É</span><span lang="ES-TRAD">CADA
DEL SIGLO XXI. LIBRO HOMENAJE AL PROFESOR JOSÉ LUIS VILLEGAS MORENO</span></b><span lang="ES-TRAD">, la cual puede adquirirse </span><span lang="EN-US"><a href="https://www.amazon.com/-/es/dp/1638215618/ref=sr_1_15?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=victor+hernandez-mendible&qid=1632849623&s=books&sr=1-15">aquí</a></span><span lang="ES-TRAD">.</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-80768783401330596022021-09-27T06:37:00.008-07:002021-09-27T06:43:12.525-07:00Sobre las convenciones colectivas<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/312866-0352-5821-2021-15-1186.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/312866-0352-5821-2021-15-1186.HTML</span></a></span></u></b><b><span lang="ES-TRAD"><o:p> </o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">352
del 05 de agosto de 2021,</span><span>
<span lang="ES-TRAD">la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró
que los pactos colectivos en el derecho del trabajo tienen, según la tesis
jurídica predominante, la naturaleza de convenciones-leyes: convenciones, por
cuanto resulta indispensable un acuerdo de voluntades, surgido de un régimen de
igualdad jurídica y de autonomía volitiva; leyes, por su eficacia normativa que
les permite establecer por anticipado y en abstracto las condiciones a las que
han de someterse los contratos individuales, porque no pueden ser incumplidas
por las partes una vez sancionadas por la autoridad, y además, por regir para
los ajenos a la elaboración, vale decir, crean obligaciones aplicables a
‘terceros’ y hasta para los posteriores disidentes. Al respecto, se determinó
lo siguiente:</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“Respecto de
la primera denuncia la solicitante precisó que la sentencia objeto de revisión,
no valoró correctamente las pruebas promovidas por las partes en el proceso,
tal como el acta convenio celebrada el 13 de diciembre de 2013 y suscrita entre
Kraft Foods Venezuela C.A. y el Sindicato Único de Trabajadores de Kraft
(Suntrakraft-Lara), promovida a los fines de demostrar la improcedencia de la
pretensión de pago de media hora del bono nocturno correspondiente al segundo
turno o turno mixto de trabajo, pues la misma no aplicaba a las demandantes ya
que no eran trabajadoras activas de la empresa para el momento de la firma.</span></i><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Por su
parte, el referido Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara, precisó al respecto que dicho acuerdo no aparece
homologado o presentado ante la autoridad administrativa del trabajo, por lo
tanto, no se trata de un acuerdo colectivo con carácter normativo, como
sostiene la demandada sino de un acuerdo puro y simple, cuyas limitaciones
subjetivas y temporales no constituyen un obstáculo para su debida interpretación
y aplicación, conforme al principio de primacía de la realidad, establecido en
el artículo 89 de la Constitución de la República; en tal sentido, a pesar de
que el acuerdo referido otorgue el derecho a quienes se encuentren activos,
ello no implica que ese reconocimiento de deuda no sea aplicable a quienes no
se encontraban prestando servicios de manera efectiva para la demandada, ya que
reconoce del pago de media (1/2) hora diaria correspondiente al segundo turno
de trabajo o turno mixto a cada trabajador activo desde su fecha de ingreso a la
entidad de trabajo hasta el 7 de mayo de 2013, por lo concluye que no se trata
de un incumplimiento laboral de carácter momentáneo, sino de la falta de
aplicación de las normas laborales de manera continuada y permanente. En ese
orden, considera procedente tal beneficio para quienes no estaban en servicio
activo para el momento de la celebración del acuerdo.</span></i></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Ahora bien,
la Sala observa, de la sentencia objeto de revisión, que las relaciones de
trabajo de las demandantes en el juicio laboral Oneisa Reyes, Enma Virgüez y
María Pérez, finalizaron el 27 de septiembre de 2012, el 30 de mayo de 2012 y
11 de julio de 2013, respectivamente y, por otro lado, la referida </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">acta-acuerdo” fue suscrita por las
partes el 13 de diciembre de 2013 y homologada por la Inspectoría del Trabajo </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Pedro Pascual Abarca” de
Barquisimeto, Estado Lara, el 9 de septiembre de 2014, por lo que se observa
que la misma fue suscrita y homologada en una oportunidad posterior a la
finalización de las relaciones de trabajo de las ciudadanas hoy solicitantes.
En este orden, de la referida acta se extrae lo siguiente:<br /></span></i><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">(…)</span></i></span></p><p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Considerando
lo anterior, en el marco de esta naturaleza de las Convenciones Colectivas de
Trabajo, debe reafirmarse conforme a lo arriba citado, que si bien la convención
colectiva tiene su origen en un acuerdo de voluntades esta surtirá sus efectos
legales una vez cumplidas las formalidades legales, que le otorgan un carácter
de acto normativo, por lo que resulta contradictorio lo afirmado por el Juzgado
Superior en la sentencia objeto de revisión cuando indicó que a pesar de que no
se trata de un acuerdo colectivo con carácter normativo esto no constituye un
obstáculo para su debida interpretación y aplicación, considerando procedente
el beneficio del pago de la media (1/2) hora diaria correspondiente al segundo
turno de trabajo o turno mixto, para quienes no estaban en servicio activo para
el momento de la celebración del acuerdo; pues, tal como estipula la norma
constitucional, la convención colectiva ampara a los trabajadores activos y
activas al momento de su suscripción.</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Ahora bien,
siendo que en el presente caso las partes demandadas habían renunciado antes de
que se suscribiera el acta convenio y que también se estableció en dicha acta
con claridad que los beneficios allí establecidos debían aplicarse a los
trabajadores activos para el momento de la suscripción, estima la Sala que erró
el Juez Superior al acordar la aplicación a las trabajadoras del mencionado
beneficio previsto en el </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">acta-convenio”
y condenar a la hoy solicitante al pago por este concepto, pues no nació tal
derecho para las demandantes, lo cual comporta la violación a la tutela
judicial efectiva, el derecho a la defensa y, por ende, al debido proceso que
reconoce el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, aunado a la vulneración de lo previsto en el artículo 96 <b>eiusdem</b>. Así se declara</span></i><i><span lang="ES">” </span></i><span lang="ES">(énfasis añadido por la Sala).</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-104758612414985052021-09-22T07:35:00.002-07:002021-09-22T07:35:59.510-07:00Patrimonio Cultural<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="EN-US">AB
Ediciones publicó la obra </span><b><span lang="ES-TRAD">PATRIMONIO
CULTURAL</span></b><span lang="EN-US">, de Ninoska Rodríguez, cuyo contenido puede
revisarse <a href="https://abediciones.ucab.edu.ve/producto/patrimonio-cultural/">aquí</a>.</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-36894197122264467392021-09-20T06:57:00.007-07:002021-09-20T07:01:46.272-07:00Excepción de ilegalidad contra los actos administrativos<p class="Body"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/312930-097-17821-2021-20-124.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/312930-097-17821-2021-20-124.HTML</span></a></span></u></b></span></p><p style="text-align: justify;">
</p><p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">097
del 17 de agosto de 2021,</span><span>
<span lang="ES-TRAD">la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
destacó que la defensa relativa a la excepción de ilegalidad contra los actos
administrativos de efectos particulares, contenida en el artículo 32 de la Ley
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa exige que se cumpla con
los siguientes requisitos: i) la firmeza del acto; ii) que el vicio atribuible
al acto sea de aquellos que producen su nulidad; iii) los fundamentos jurídicos
que sustentan la violación; y iv) que dicha transgresión conste en los autos
que conforman el expediente judicial. Particularmente, la Sala sostuvo que:<o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="text-align: left;"><span lang="ES">“</span></i><i style="text-align: left;"><span lang="ES-TRAD">Se ha
delatado la violación por parte del ad quem, por error de interpretación del
numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, al haber declarado improcedente la excepción de ilegalidad
planteada contra el acto administrativo emanado del Servicio de Salud Laboral
adscrito a la GERESAT MIRANDA, cursante a los folios 12 y 13 del Cuaderno de
Pruebas de la parte actora, y en el cual se certifica el accidente de trabajo,
sufrido por el accionante trabajador.</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i><span lang="ES-TRAD"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Sobre tal punto, y en un caso similar al planteado
por el formalizante, esta Sala en sentencia N° 591 de fecha 3 de julio de 2017 (Caso:
Juan Carlos Montoya Hernández contra Constructora Noberto Odebrecht, S.A.)
ha expresado: “En cuanto a la excepción de ilegalidad del acto
administrativo contenido en la providencia de reenganche propuesta en el capítulo
previo a la contestación de la demanda, de acuerdo a la jurisprudencia
reiterada de esta Sala, <b><u>estos actos
gozan de la presunción de validez y certeza, hasta tanto no hayan sido anulados
por sentencia dictada en juicio de nulidad, siendo preciso destacar que de
autos no se observa, pronunciamiento alguno que tienda a invalidar o anular el
acto señalado</u></b>, por lo tanto el mismo está provisto de validez. Así se
declara.” (Resaltado de la presente decisión).<o:p></o:p></span></span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD">De tal manera que, no es procedente declarar la
nulidad de un acto administrativo laboral por v</span></i><i><span>í</span></i><i><span lang="ES-TRAD">a de excepci</span></i><i><span>ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n de ilegalidad, tal y como lo procura el formalizante, cuando sobre el
mismo no ha habido ning</span></i><i><span>ú</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n recurso de nulidad en sede contencioso administrativa laboral, que
conlleve a determinar que el mismo no es v</span></i><i><span>á</span></i><i><span lang="ES-TRAD">lido y sin efectos.</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD">En consecuencia, al no constar que el acto
administrativo objetado ante los tribunales de instancia haya sido anulado en
el juicio correspondiente, el mismo es v</span></i><i><span lang="EN-US">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD">lido, debiendo desecharse la presente delaci</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n por error
de interpretaci</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="IT">n
del numeral 1 del art</span></i><i><span lang="EN-US">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD">culo 32 de la Ley Org</span></i><i><span lang="EN-US">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD">nica de la Jurisdicci</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n Contencioso Administrativa. As</span></i><i><span lang="EN-US">í </span></i><i><span lang="ES-TRAD">se decide</span></i><i><span lang="ES">” </span></i><span lang="ES">(énfasis
añadido por la Sala).</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-60654979962695270502021-09-14T08:24:00.006-07:002021-09-14T08:33:19.000-07:00Recusación del juez<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/313081-0388-20821-2021-17-1224.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/313081-0388-20821-2021-17-1224.HTML</span></a></span></u></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">388
del 20 de agosto de 2021,</span><span>
<span lang="ES-TRAD">la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró
que que la etapa procesal en la que las partes pueden interponer una recusación
y el juez inhibirse (a excepción de las causas donde el juez puede requerir del
actor a raíz de la recepción del escrito de demanda, aclaraciones,
complementos, pretensiones o reformas del escrito) es sólo desde que se dicte
el auto de admisión de la demanda, pues es a partir de allí que la relación
procesal efectiva comienza, cuando formalmente hay proceso, y cuando las partes
pueden obrar en autos; no pudiendo actuar como tales en un proceso inexistente;
por lo tanto, sólo después de la admisión de la demanda -auto de iniciación del
juicio- es cuando las partes pueden recusar a los jueces, ya que en este
momento existe un proceso donde los jueces van a actuar, y es también después
de la oportunidad de dicho auto, cuando el juez puede inhibirse válidamente. En
concreto, se afirmó que:</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“</span></i><i style="text-align: left;"><span lang="ES-TRAD">Para resolver el tema de la inhibición planteada,
la Sala de Casación Penal se pronunció como punto previo en su decisión N° 262
del 8 de julio de 2016, en el cual estableció que la inhibición es potestativa
del juez; por lo que, tal planteamiento resulta improponible en derecho.</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt;"><i><span lang="ES-TRAD"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Señaló que la decisión objeto de revisión, deja a
las víctimas en total estado de indefensión, vulnerando los principios y garantías
constitucionales contenidos en los artículos: 2, 26, 49, 51 y 257 de la
Constitución.</span></span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">Asimismo,
refirió que el fallo objeto de revisión, violó la garantía al debido proceso,
ya que nadie puede ser condenado sino mediante un proceso penal, en el que se
respeten los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, al juez
natural y la independencia e imparcialidad del juez, quien </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span lang="ES"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(…) en ningún
caso puede ser juez y parte, es decir, decidir en una causa en la cual tiene
interés o ha emitido opinión como lo es en el presente asunto el cual está íntimamente
relacionado con la causa primigenia signada bajo el N° <b>14-E-1387-06</b>, del Tribunal Décimo Cuarto (14°) en Funciones de
Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”
(destacado del escrito).<br /></span></i><i><span lang="ES-TRAD">(…)</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD">No obstante, la Sala advierte -como ya lo ha hecho
anteriormente- que la inhibici</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n es una manifestaci</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n libre y espont</span></i><i><span lang="EN-US">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD">nea del juez o funcionario judicial de separarse del conocimiento de la
causa; por lo tanto, al tratarse de una manifestaci</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n volitiva
del decisor no es una facultad de las partes ni surte efecto jur</span></i><i><span lang="EN-US">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD">dico alguno
y, en tal sentido, mal pod</span></i><i><span lang="EN-US">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD">a el hoy solicitante a trav</span></i><i><span lang="FR">é</span></i><i><span lang="ES-TRAD">s de un escrito </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="EN-US">generar” la
inhibició</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n del Magistrado ponente en la causa. Igualmente, la Sala observa que s</span></i><i><span lang="EN-US">í </span></i><i><span lang="ES-TRAD">hubo
pronunciamiento por parte de la Sala de Casaci</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n Penal respecto de dicho alegato, lo que hizo como punto previo en el
fallo objeto de revisi</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="PT">n.
Por </span></i><i><span lang="EN-US">ú</span></i><i><span lang="ES-TRAD">ltimo, la Sala considera que si el hoy solicitante en revisi</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n, estimaba
que la imparcialidad del Magistrado Dr. Maikel Moreno P</span></i><i><span lang="FR">é</span></i><i><span lang="ES-TRAD">rez se encontraba
cuestionada para resolver el fondo del asunto, tambi</span></i><i><span lang="FR">é</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n lo habr</span></i><i><span lang="EN-US">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD">a estado para
resolver sobre la admisibilidad del recurso de casaci</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n, ya que
hace referencia a que el motivo que genera la imparcialidad del referido
Magistrado, se origina en el conocimiento que tuvo de un proceso anterior que
señala encontrarse vinculado al juicio en el que se dict</span></i><i><span lang="EN-US">ó </span></i><i><span lang="ES-TRAD">el fallo
recurrido en casaci</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n; por lo tanto, debi</span></i><i><span lang="EN-US">ó </span></i><i><span lang="ES-TRAD">plantear su recusaci</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n dentro de los tres (3) d</span></i><i><span lang="EN-US">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD">as siguientes al momento en el que supo que hab</span></i><i><span lang="EN-US">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD">a sido
designado ponente en la causa, ello con arreglo a lo establecido en el art</span></i><i><span lang="EN-US">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD">culo 53 de la
Ley Org</span></i><i><span lang="EN-US">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD">nica del Tribunal Supremo de Justicia</span></i><i><span lang="ES">”
</span></i><span lang="ES">(énfasis
añadido por la Sala).</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-17750985911454326312021-09-14T07:18:00.001-07:002021-09-14T07:25:19.462-07:00Manual de Derecho Administrativo<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">El Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) publicó la
actualización del <b>MANUAL DE DERECHO
ADMINISTRATIVO</b>, del profesor José Peña Solís, cuyo contenido puedes
consultar <a href="https://www.cidep.online/prensa/nota-58/">aquí</a>.</span><span style="background: #FEFFFE; color: #333333; font-family: "Helvetica","sans-serif"; font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS"; mso-fareast-language: EN-US;"></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-28108886840379904802021-09-11T07:18:00.006-07:002021-09-11T07:38:42.784-07:00Del Estado Federal al Estado Comunal<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="EN-US">La
Academia de Ciencias Políticas y Sociales publicó la obra </span><b><span lang="ES-TRAD">DEL ESTADO FEDERAL AL
ESTADO COMUNAL</span></b><span lang="EN-US">,
de Rafael Badell Madrid, la cual puede descargarse <a href="https://www.acienpol.org.ve/disponible-a-texto-completo-el-libro-del-estado-federal-al-estado-comunal-autor-dr-rafael-badell-madrid/">aquí</a>.</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-16316215150088594612021-09-09T07:51:00.009-07:002021-09-09T08:11:01.613-07:00Improcedencia de pago de deudas laborales en divisas<p><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/312822-079-5821-2021-20-061.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/312822-079-5821-2021-20-061.HTML</span></a></span></u></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">079
del 05 de agosto de 2021,</span><span>
<span lang="ES-TRAD">la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
determinó que al no existir acuerdo alguno entre el trabajador y su patrono que
el salario o ingreso se debía pagar en dólares americanos, debía necesariamente
ser pagadera en bolívares –como es la regla-, y que lo importante era “saber
cuando nace la deuda, no cuando se cancela la misma, toda vez que para esto
último se aplica indexación además de intereses de mora”. En particular, se
sostuvo que:</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Conforme se desprende de la norma supra
transcrita, la parte accionada puede convenir en todo cuanto se le exija
en la demanda, en cualquier estado y grado de la causa, supuesto en el
cual se extingue el proceso, pues ésta se allana en lo peticionado por el
demandante y, en consecuencia, el juez dará por consumado el acto y procederá con
la homologación del convenimiento para sus efectos en sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte
contraria, considerándose irrevocable dicho acto aun antes de la homologación
del Tribunal</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large;">Resulta
significativo destacar, que el convenimiento como medio de autocomposición
procesal, debe ser manifestado de manera expresa e inequívoca por la parte
demandada y, por interpretación extensiva, además, debe ser homologado por el
juez.</span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Cónsono
con lo anterior, es menester para este órgano jurisdiccional afirmar que el
convenimiento consiste en </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...la manifestación formulada por el demandado de aceptar los términos
de la demanda, con lo cual declara someterse a la pretensión del actor,
admitiendo la veracidad tanto de los hechos como del derecho...”. (Sentencia
emanada de la Corte Suprema de Justicia en fecha 11 de noviembre de 1988, caso: Banco
Latino C.A. c/ Balgres C.A.). En este supuesto, el proceso se autocompone por
voluntad unilateral del accionado, lo que supone una manifestación expresa e
inequívoca de aceptar la pretensión deducida por el actor. (Vid. sentencia N°
613, de fecha 30 de septiembre de 2003, de la Sala de Casación Civil, en el
juicio por cobro de honorarios profesionales seguido por Soraida Beatriz
Quintero de Villalobos y otros contra Jesús Rafael Finol González y
otro).</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large;">En
este contexto, es menester puntualizar que en el caso bajo estudio, la parte
actora recurrente cuestiona la decisión del juez por considerar que atenta
contra sus intereses, pero no observa que la sentencia objeto de impugnación, a
través de un razonamiento lógico, estableció el alcance del convenimiento
propuesto por la parte demandada, y fundamentado en criterios jurídicos y
jurisprudenciales válidos, determinó acertadamente, que de los propios
argumentos explanados en el libelo, no se evidenciaba cobro de salarios en dólares,
sino la solicitud del pago del cinco por ciento (5%) de comisión sobre lo
facturado por la empresa, por lo que necesariamente debía solicitar en el
escrito libelar su equivalente en bolívares, en virtud de ser la moneda de
curso legal para el momento de la interposición de la demanda. (Vid. Sentencia
de la Sala Constitucional N° 1641, de fecha 2 de noviembre de 2011, Caso: MOTORVENCA). </span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Aunado
a lo que antecede, no se observa que en su decisión el juez superior indicara
que </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">el
convenimiento es solo en el petitum (…) y no en su integridad”, tal como lo
aseveró la parte formalizante, puesto que se evidencia que la recurrida se
fundamentó en el análisis de los elementos expuestos en el libelo, para
determinar procedente la homologación del convenimiento sobre los conceptos
peticionados e incluso condenó a través de experticia complementaria del fallo
los intereses de mora e indexación –a pesar de haber sido consignados por la
parte accionada-, a partir del momento en que debieron ser cancelados los
conceptos solicitados en la demanda y que no fueron honrados en su oportunidad,
en consecuencia, no incurre el juez ad quem, en el denunciado vicio de errónea
interpretación del artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, por lo que
se declara improcedente la denuncia. Así se decide”.</span></i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "Garamond","serif"; font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-VE;"><o:p></o:p></span></i></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-90758486527161186712021-09-08T12:12:00.000-07:002021-09-08T12:12:03.669-07:00Revista de Derecho Funcionarial Nro. 27<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">El
Centro para la Integraci</span><span lang="EN-US">ó</span><span lang="ES-TRAD">n y el Derecho P</span><span lang="EN-US">ú</span><span lang="ES-TRAD">blico
(CIDEP) y la Fundaci</span><span lang="EN-US">ó</span><span lang="ES-TRAD">n de Estudios de Derecho
Administrativo (FUNEDA) publicaron el Nro. 27</span><span lang="FR"> de la </span><b><span lang="DE">REVISTA DE DERECHO FUNCIONARIAL</span></b><span lang="ES-TRAD">, la cual puede descargarse
</span><b><span lang="EN-US"><a href="https://www.funeda.net/wp-content/uploads/2021/09/rdf27.pdf"><span style="font-weight: normal;">aquí</span></a></span></b><span lang="ES-TRAD">.</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-26546618107543820172021-09-02T06:53:00.002-07:002021-09-02T06:53:57.646-07:00Despacho saneador en acciones de Amparo Constitucional<p><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/312768-0314-22721-2021-20-0180.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/312768-0314-22721-2021-20-0180.HTML</span></a></span></u></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° 314</span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">
del 22 de julio de 2021,</span><span>
<span lang="ES-TRAD">la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció
que en caso de que en las acciones de amparo constitucional faltase el
documento que acredite la representación del accionante el juez debe ordenar su
corrección de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales. Al respecto, se precisó lo siguiente:<o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Ahora bien, la Sala observa que la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del
Estado Trujillo señaló en la sentencia apelada, como fundamentación legal para
declarar inadmisible la acción de amparo incoada, que existía falta de
legitimación de la abogada defensora, aduciendo que aunque el nombramiento de
defensor no está sujeto a ninguna formalidad, tal circunstancia no estaba
acreditada en autos, y declaró inadmisible la acción de amparo de conformidad
con el artículo 18 (numeral 1) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucional.<o:p></o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i><i><span lang="ES">Contra
esta decisión la accionante apeló argumentando en síntesis, lo siguiente: </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span lang="ES"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>…</span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span lang="ES"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(q)ue
en el supuesto caso de tratarse de lo previsto en el artículo 18.1 eusdem, la
ley establece que el tribunal en este caso la corte, debe ordenar la corrección
de la omisión o defecto de la solicitud tal como lo establece la Ley Orgánica
de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantías Constitucionales, antes de declarar
inadmisible el amparo, se me debe otorgar el lapso de ley para hacer la
corrección de la omisión o defecto y de no cumplirse dentro del tiempo
previsto, es que puede declarase inadmisible el recurso de Amparo,(sic) no
antes del proceso”. (Sic).</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">Ahora
bien, en cuanto a la primera denuncia realizada en la apelación, por la abogada
Sandra Coromoto Peña Viloria, en el sentido de que el a quo constitucional debió
dictar un despacho saneador para subsanar la omisión, esta Sala precisa que el
despacho saneador se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según el
cual: </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="ES">Si
la solicitud fuera oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente
especificados, se notificará al solicitante de amparo para que corrija el
defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la
correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada
inadmisible”.</span></i><i><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: georgia; font-size: large;">Ello
así, la Sala considera que la referida decisión es contraria a derecho, toda
vez que el citado artículo enumera los requisitos que debe contener la
solicitud de amparo constitucional, haciéndose la advertencia que de no
encontrarse cumplidos por el accionante, constituye un deber del juez
constitucional aplicar lo dispuesto en el artículo 19 de la misma Ley Orgánica;
siendo que el juez constitucional debe ordenar un despacho saneador, a los
fines de que el accionante pueda corregir el escrito en un lapso perentorio,
con la consecuencia jurídica prevista en dicha disposición legal en el caso de
no efectuarse la corrección en los términos ordenados. En razón de lo cual, le
asiste la razón a la apelante”.</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "Garamond","serif"; font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-VE;"><o:p></o:p></span></i></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-25443276291183875022021-08-26T06:52:00.008-07:002021-08-26T06:59:36.272-07:00Preclusividad de los lapsos procesales<p><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/312555-RC.000243-9721-2021-21-012.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/312555-RC.000243-9721-2021-21-012.HTML</span></a></span></u></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">243
del 09 de julio de 2021,</span><span>
<span lang="ES-TRAD">la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, realizó
una interpretación de los artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil
sobre la eficacia de la preclusión de los lapsos procesales en estado de
sentencia. Al respecto, se precisó que:</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">“Así, la
lectura de los artículos previamente citados dejan dudas sobre la eficacia de
la preclusión de los lapsos procesales en estado de sentencia, que en muchísimos
casos generan lapsos muertos o inactivos, por lo cual esta Sala realiza una
interpretación del artículos 515 y 521 del ordenamiento jurídico procesal
civil, en armonía con los principios del debido proceso, tutela judicial
efectiva, celeridad procesal y economía procesal, establecidos en la Carta Política
del año 1999, dejando a un lado los formalismos no esenciales, así, por ejemplo
(verbi gratia) si el juez dicta sentencia al quinto (05) día calendario de los
sesenta (60) que tiene para decidir, resulta a todas luces desproporcionado,
dejar transcurrir íntegramente el lapso restante de cincuenta y cinco días (55)
a los fines de que se interpongan los recursos establecidos en la ley, en tal
sentido: <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u>1) una vez que el juez dicte
la sentencia dentro del lapso procesal para ello, inmediatamente deberá ordenar
la notificación de las partes haciendo uso de los medios tecnológicos de
comunicación (correo electrónico, mensajería de texto) o los medios ordinarios
previstos en la Ley); 2) una vez que conste la notificación de la última de las
partes, comenzará a correr el lapso para la interposición de los recursos.</u></b>
De esta forma, se enaltencen los valores superiores del ordenamiento jurídico
de los cuales resaltan la tutela judicial efectiva, la celeridad y economía
procesal, sin sacrificar la justicia por meros formalismos, evitándose de esta
forma una agonía procesal, de esperar la culminación del lapso de sentencia,
para ejercer los recursos de Ley.</span></i><i><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Así pues,
una vez que se dicte el fallo –dentro del lapso legal para ello-, no será necesario
dejar transcurrir el resto de dicho lapso a los fines de que se abran aquellos
para el ejercicio de los recursos.</span></i><i><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">En tal
sentido, debe entenderse la interpretación del principio de preclusión o
eventualidad para el ejercicio de los recursos –conforme al principio de
expectativa plausible- comenzará a aplicarse una vez que sea publicado el
presente fallo y así se decide” </span></i><span lang="ES">(énfasis añadido por la Sala).</span></span></p><p></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-86116693168441014992021-08-25T07:25:00.008-07:002021-08-25T07:33:51.168-07:00Sobre los bonos de productividad<p><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/312904-090-6821-2021-20-026.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/312904-090-6821-2021-20-026.HTML</span></a></span></u></b><b><span lang="ES-TRAD"><o:p> </o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">90
del 06 de agosto de 2021,</span><span>
<span lang="ES-TRAD">la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
determinó que los bonos de productividad deben entenderse como salario
fluctuante, el cual incluye ya dentro de su pago los días de descanso y
feriados, por lo que será improcedente la solicitud del pago de los días de
descanso y feriado por el pago del bono de producción, solicitado por el
trabajador, al no haberse declarado como salario variable el bono de
productividad. Al respecto, se sostuvo que:</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt;"></p><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">“</span></i><i><span lang="ES-TRAD">En la presente causa, delata
el recurrente que el juez de alzada incurri</span></i><i>ó </i><i><span lang="ES-TRAD">en el
vicio de incongruencia negativa, al omitir pronunciamiento sobre el pago de los
d</span></i><i>í</i><i><span lang="PT">as de descanso </span></i><i>‒</i><i>s</i><i>á</i><i><span lang="PT">bados</span></i><i>–</i><i><span lang="ES-TRAD">, domingos
y feriados causados durante toda la relaci</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">n de
trabajo, con respecto a la porci</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">n variable de su salario,
tanto en bol</span></i><i>í</i><i><span lang="ES-TRAD">vares como en d</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">lares, por
el bono de productividad percibido, y la alzada s</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">lo se
pronunci</span></i><i>ó </i><i><span lang="ES-TRAD">respecto al reclamo de estos
d</span></i><i>í</i><i><span lang="ES-TRAD">as, con relaci</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">n al
salario variable por bono de productividad en d</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">lares,
pero no con respecto a la porci</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">n en bol</span></i><i>í</i><i><span lang="PT">vares.<br /></span></i><i><span lang="ES-TRAD">(…)</span></i></span></p></div><p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">De la aludida decisi</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n, se observa que el juez
superior indic</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">que el salario pactado por
las partes durante la relaci</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n laboral fue un salario
fijo, el cual no perd</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">a su car</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">cter por
recibir una bonificaci</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n anual, estimando al bono
de productividad como un salario fluctuante que incluy</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">dentro de
su pago los d</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">as de descanso domingos y
feriados; por lo tanto, al no encontrarse en presencia de un salario variable
por el pago del bono de productividad, conllev</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó al </span></i><i><span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ad quem </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">a declarar
la improcedencia del pago de los d</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">as de
descanso, domingos y feriados, peticionados en el escrito libelar, haciendo
referencia tanto a la porci</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n peticionada en d</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">lares como
en bol</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">vares.</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">En este contexto, esta Sala ha expresado que el pago por concepto de d</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">as de
descanso, domingos y feriados, seg</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ú</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n lo
dispuesto en el art</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">culo 217 de la Ley Org</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">nica del
Trabajo de 1997, aplicable </span></i><i><span lang="IT" style="mso-ansi-language: IT; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ratione temporis</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">, estar</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">á</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n
comprendidos en la remuneraci</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n devengada por el
trabajador, sin embargo, acorde con el art</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">culo 216
del aludido texto legal, en el caso de trabajadores que perciban un salario
mixto, esto es, los <b>que devengan una parte fija y otra variable</b>, el
salario del d</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">a feriado será </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">el promedio de lo devengado
en la respectiva semana. (Sentencia Nro. 373 del 10 de mayo de 2017, caso: Alicia Beatriz M</span></i><i><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">é</span></i><i><span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ndez Docaos </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">contra </span></i><i><span lang="IT" style="mso-ansi-language: IT; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Abbott
Laboratories, C.A.</span></i><i><span style="mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">).</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">De acuerdo con las consideraciones expuestas, se concluye que el </span></i><i><span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ad quem</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"> actuó </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ajustado a derecho al
establecer que el salario del ciudadano Manuel Arturo Oy</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n Codecido, era un salario
fluctuante que inclu</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">a el pago de los d</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">as de descanso, domingos y
feriados, tanto en lo relativo para la porci</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n
peticionada en d</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">lares como en bol</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">vares, toda vez que el mismo
no se convert</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">a en salario variable por
recibir una bonificaci</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">n anual, resultando
improcedente el pago de este concepto. En consecuencia, el juez de alzada no
incurri</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">ó </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">en el vicio que se le
imputa. As</span></i><i><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">í </span></i><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">se decide</span></i><i><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">” </span></i><span lang="ES">(énfasis añadido por la Sala).</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-7618709886114563432021-08-25T06:55:00.003-07:002021-08-25T06:55:19.246-07:00Fiscalidad de los Intangibles y de la Propiedad Intelectual<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="EN-US">La
Editorial Jurídica Venezolana y la Asociación Venezolana de Derecho Tributario
publicaron la obra </span><b><span lang="ES-TRAD">FISCALIDAD
DE LOS INTANGIBLES Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</span></b><span lang="EN-US">, de Luis Fraga-Pittaluga, la cual puede descargarse
gratuitamente <a href="https://fragapittaluga.com.ve/fraga/index.php/component/k2/item/86-fiscalidad-de-los-intangibles-y-de-la-propiedad-intelectual">aquí</a>.</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-64631034968138523642021-08-24T06:59:00.015-07:002021-08-24T07:57:28.604-07:00Exequátur como requisito para actuar en juicio<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/312814-075-3821-2021-21-064.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/312814-075-3821-2021-21-064.HTML</span></a></span></u></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">75
del 03 de agosto de 2021,</span><span>
<span lang="ES-TRAD">la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
reiteró que el exequátur ha sido definido por la Sala Político Administrativa
como un medio judicial para hacer posible que fallos o resoluciones dictadas en
un Estado extranjero tengan fuerza ejecutiva en otro, en este caso Venezuela.
En particular, se señaló que:<o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="text-align: left;"><span lang="ES">“</span></i><i style="text-align: left;"><span lang="ES-TRAD">El exequátur,
en cuanto dique de contención o aduana judicial concebida para la defensa del
orden público interno es de obligatoria tramitación en todos los casos, incluso
en aquellos en donde existan tratados internacionales, como bien se aprecia del
fallo antes citado, pues aunado a la estrecha vinculación entre la institución
del exequátur y el concepto de soberanía, el legislador venezolano consagró en
esta especial materia el requisito de la reciprocidad, el cual constituye un
verdadero presupuesto de admisibilidad del juicio de exequátur.</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD">De acuerdo con lo previsto en el art</span></i><i>í</i><i><span lang="ES-TRAD">culo 850 del
C</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">digo de
Procedimiento Civil, s</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">lo puede concederse el pase a fallos procedentes de pa</span></i><i>í</i><i><span lang="ES-TRAD">ses que a su
vez otorguen ejecuci</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">n a las sentencias firmes pronunciadas por autoridades judiciales de
Venezuela sin previa revisi</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">n en el fondo; y esa circunstancia debe ser comprobada por la persona
que solicita el </span></i><i><span lang="PT">exequ</span></i><i>átur</i><i><span lang="PT">
mediante instrumento autentico debidamente legalizado.</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD">Constituye pues, el principio de reciprocidad, una
condición o requisito inherente al país, de ineludible cumplimiento, que impide
el pase automático o de pleno derecho de los fallos extranjeros, incluso de
aquellos dictados en el marco de la Convención de La Haya sobre la Protección
de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional del 29 de mayo
de 1993, por expresamente establecer ese tratado (artículo 24), que </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="ES-TRAD">Sólo podrá denegarse el reconocimiento de una
adopción en un Estado contratante <b>si
dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público</b>, teniendo en
cuenta el interés superior del niño”, (énfasis de esta Sala).</span></i></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD">Obsérvese que el propio tratado permite denegar el
pase de una sentencia de adopción cuando la misma resulta </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="ES-TRAD">contraria al orden público”, y ese juicio de valor
solo es posible realizarlo a través de exequátur; trámite específicamente diseñado
por la legislación nacional y comparada para precisamente enjuiciar si las
sentencias extranjeras que se pretenden hacer valer en su territorio cumplen
las normas de orden público aplicables.<br /></span></i><i><span lang="ES-TRAD">(…)</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD">De la revisión de los expedientes judiciales objeto
del avocamiento constata esta Sala que ninguna de las sentencias extranjeras
que declararon la adopción de las adolescentes L.G.C.B y C.G.C.B y de los
ciudadanos Carmen Elena Cisneros Blavia, Camila Roxana Cisneros Blavia, Alfonso
Olaf Cisneros Blavia y Oswaldo Antonio Cisneros Blavia han sido pasadas por
procedimiento de exequátur; institución que en los términos antes señalados es
de obligatoria tramitación al erigirse en el mecanismo procesal por medio del
cual los Estados controlan que las sentencias extranjeras no vulneren su
ordenamiento jurídico nacional y especialmente el núcleo de aquellas materias
que constituyen principios fundamentales (orden público).</span></i><i><span lang="ES-TRAD"><o:p> </o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD">La ausencia de exequátur en este asunto no sólo ha
impedido que los solicitantes del avocamiento demuestren los vicios de orden público
que, según alegan, hacen que las sentencias extranjeras sean de imposible
convalidación en el fuero judicial venezolano, sino que más grave aún han
impedido a los órganos jurisdiccionales competentes nacionales confrontar las
sentencias extranjeras dictadas por los Tribunales de Colombia y Rumanía con el
ordenamiento nacional y verificar si las mismas cumplen con el principio de
reciprocidad y si son tolerables con nuestro sistema básico de valores y
principios fundamentales.</span></i><i><span lang="ES-TRAD"><br /></span></i></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD">En razón de lo anterior, considera esta Sala que
las sentencias que declararon la adopción de las adolescentes L.G.C.B y C.G.C.B
y de los ciudadanos Carmen Elena Cisneros Blavia, Camila Roxana Cisneros
Blavia, Alfonso Olaf Cisneros Blavia y Oswaldo Antonio Cisneros Blavia
obligatoriamente deben ser sometidas a exequátur, sin lo cual no tendrán ningún
efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser
ejecutada, siendo imposible entonces que de ellas se deriven efectos o actos
generadores de derecho, y así se declara.<br /></span></i><i><span lang="ES-TRAD">(…)</span></i></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES-TRAD">La ausencia de </span></i><i><span lang="PT">exequ</span></i><i>átur</i><i><span lang="ES-TRAD"> de las sentencias dictadas por los Tribunales de Colombia y Ruman</span></i><i>í</i><i><span lang="ES-TRAD">a, las cuales
declaran la adopci</span></i><i>ó</i><i><span lang="ES-TRAD">n de las adolescentes L.G.C.B y C.G.C.B y de los ciudadanos Carmen Elena
Cisneros Blavia, Camila Roxana Cisneros Blavia, Alfonso Olaf Cisneros Blavia y
Oswaldo Antonio Cisneros Blavia, conlleva forzosamente a la declaratoria de
falta de cualidad o legitimaci</span></i><i>ón </i><i><span lang="PT">ad causam</span></i><i><span lang="ES-TRAD"> de dichos ciudadanos, porque no teniendo ning</span></i><i>ú</i><i><span lang="ES-TRAD">n efecto en
Venezuela dichas decisiones judiciales, no pueden emanar de dichos documentos t</span></i><i>í</i><i><span lang="ES-TRAD">tulo que
acrediten la pertenencia o titularidad en la esfera jur</span></i><i>í</i><i><span lang="ES-TRAD">dica de
quienes alegan el derecho subjetivo o poder jur</span></i><i>í</i><i><span lang="ES-TRAD">dico que se hace valer en los juicios objeto del avocamiento.<br /></span></i><i><span lang="ES-TRAD">(…)</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="EN-US">En razó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n de los fundamentos antes expuestos, y por no
tener eficacia jur</span></i><i><span lang="EN-US">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD">dica en Venezuela el documento o t</span></i><i><span lang="EN-US">í</span></i><i><span lang="ES-TRAD">tulo de los cuales derivan las adolescentes L.G.C.B y C.G.C.B y los
ciudadanos Carmen Elena Cisneros Blavia, Camila Roxana Cisneros Blavia, Alfonso
Olaf Cisneros Blavia y Oswaldo Antonio Cisneros Blavia la condici</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n de hijos
adoptivos del ciudadano Oswaldo Jes</span></i><i><span lang="EN-US">ú</span></i><i><span lang="ES-TRAD">s Cisneros Fajardo, concluye esta Sala de Casaci</span></i><i><span lang="EN-US">ó</span></i><i><span lang="ES-TRAD">n Social que
es procedente la declaratoria de </span></i><b><i><span lang="DE">FALTA DE CUALIDAD O LEGITIMACI</span></i></b><b><i><span lang="EN-US">ÓN </span></i></b><b><i><span lang="DE">AD
CAUSAM</span></i></b><i><span lang="ES-TRAD"> peticionada por la ciudadana </span></i><b><i><span lang="DE">CLAUDIA SUSANA CISNEROS FONTANALS</span></i></b><i><span lang="ES-TRAD"> en el <b>Expediente
N</b></span></i><b><i><span lang="EN-US">º </span></i></b><b><i><span lang="ES-TRAD">AP51-J-2021-000328, contentivo de la solicitud de aceptaci</span></i></b><b><i><span lang="EN-US">ó</span></i></b><b><i><span lang="ES-TRAD">n de herencia
a beneficio de inventario</span></i></b><i><span lang="ES">” </span></i><span lang="ES">(énfasis
añadido por la Sala).</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-4712771653210650062021-08-17T08:36:00.004-07:002021-08-17T08:43:00.022-07:00Libro Homenaje al Dr. Pedro Nikken<p class="Body" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">La Academia de Ciencias Políticas y Sociales
publicó la obra <b>LIBRO HOMENAJE AL DR. PEDRO NIKKEN</b>, el cual cuenta con
dos tomos y puede descargarse gratuitamente. <a href="https://www.acienpol.org.ve/disponible-a-texto-completo-el-libro-homenaje-al-dr-pedro-nikken-tomo-i/">Tomo
I</a> y <a href="https://www.acienpol.org.ve/disponible-a-texto-completo-el-libro-homenaje-al-dr-pedro-nikken-tomo-ii/">Tomo
II</a>.</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="Body"><span lang="ES-TRAD"><o:p> </o:p></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-45490999680838014022021-08-17T08:03:00.008-07:002021-08-17T08:07:27.519-07:00Sobre la revisión constitucional<p><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/312358-0237-11621-2021-15-1115.HTML"><span lang="ES-TRAD">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/312358-0237-11621-2021-15-1115.HTML</span></a></span></u></b><b><span lang="ES-TRAD"><o:p> </o:p></span></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large; mso-ansi-language: ES-VE;">Mediante sentencia N° 237
del 11 de junio de 2021, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, declaró que la potestad de revisión que ejerce la Sala se asemeja al “<i>right
of certiorari</i>” propio del sistema anglosajón. En concreto,
señaló que<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Ahora bien, como punto previo la Sala considera
necesario determinar la tempestividad de la ampliación solicitada, para lo cual
esta Sala considera pertinente emitir algunas consideraciones en torno a la
oportunidad en que debe ser admitida cuando se trata de sentencias dictadas en
materia de revisión constitucional. Así, es pertinente acotar que de manera
reiterada se ha sostenido que la revisión es una potestad extraordinaria,
excepcional y discrecional de esta Sala Constitucional, concebida como un
mecanismo para el control, orientación y armonización del sistema de justicia
constitucional a cargo de todos los Jueces de la República, implementado con el
fin de garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas, principios
y derechos constitucionales, que bajo ningún concepto puede ser entendida como
una tercera instancia ni como un derecho subjetivo a favor de las partes que
intervinieron en el juicio primigenio con las garantías propias de un medio de
impugnación, en atención a lo cual, por su ejercicio le permite a la Sala
Constitucional reservarse las razones por las cuales decide revisar o no un
caso en particular; siendo plausible si así lo estima pertinente explicar,
el por qué de tal decisión.<o:p></o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">De
manera que, </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i><span lang="ES">la
revisión prevista en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, no permite a las partes una nueva
posibilidad de atacar las determinaciones judiciales de primero y segundo
grado. Su sentido y razón consisten en asegurar que, por parte del tribunal que
tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Magna, se
unifiquen los criterios con base en los cuales ella se interpreta y aplica en
materia de derechos, se elabore la doctrina constitucional y se tracen las
pautas de la jurisprudencia, a propósito de casos paradigmáticos, sobre el
alcance de los principios, postulados, preceptos y reglas de la Constitución,
corrigiendo, si hay lugar a ello, las desviaciones y errores de equivocadas
interpretaciones y decisiones judiciales”.(vid. Sentencia 365 del 10 de mayo de
2010).</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Además,
considerando que la potestad de revisión se asemeja al </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">right of certiorari” propio
del sistema anglosajón, en cuanto le interesa el conocimiento de aquellos casos
de relevancia constitucional y que ello justifica precisamente que no está sometida
a lapso preclusivo alguno para su ejercicio, por lo cual puede ser llevada a
cabo a solicitud de parte o de oficio, la aclaratoria o ampliación que de la
sentencia que la resuelva se solicite puede ser conocida igualmente por la
Sala, si así lo amerita; al margen de lo dispuesto en el artículo 252 del Código
de Procedimiento Civil que no ataría en ningún caso a la Sala, por referirse
dicha norma a procesos de otra naturaleza (contenciosa), que alude a </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">partes” inexistentes en
una solicitud de carácter extraordinaria, excepcional, restringida y
discrecional, como la revisión”.</span></i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "Garamond","serif"; font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-VE;"><o:p></o:p></span></i></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-44007559154159784742021-08-16T07:12:00.004-07:002021-08-16T07:22:58.192-07:00Procedimiento administrativo que no requiere de la notificación del interesado<p style="text-align: left;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><span lang="ES-TRAD">Sentencia:
</span></b><b><u><span style="mso-ansi-language: ES-VE;"><a href="http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/312665-071-21721-2021-19-219.HTML"><span lang="EN-US">http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/312665-071-21721-2021-19-219.HTML</span></a></span></u></b></span></p>
<p class="Body" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Mediante sentencia N° </span><span style="mso-ansi-language: ES-VE;">71
del 21 de julio de 2021,</span><span>
<span lang="ES-TRAD">la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, determinó que en el procedimiento administrativo de garantía de
permanencia establecido en el artículo 17 Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
no hay necesidad de notificar al interesado del acto administrativo. Al
respecto indicó que:<o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">“</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Estos títulos de permanencia agraria y las
cartas agrarias configuran <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">actos administrativos</b>
dictados por una autoridad competente en materia agraria, en concreto, por el
Instituto Nacional de Tierras (INTI), representado por el Directorio del
aludido Instituto, actuando en el ejercicio de sus funciones [numeral 12 del
artículo 117 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario], y como tales
constituyen una manifestación de certeza jurídica, porque gozan de una presunción
de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de
ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos. Así se establece.</span></i><i><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">Este
procedimiento administrativo del cual se deriva el título de permanencia
agraria, es un procedimiento simple que inicia a instancia de parte, en el cual
el solicitante deberá consignar los recaudos requeridos, siendo sustanciado
ante la Oficina Regional de Tierras (ORT) respectiva, correspondiendo la decisión
a la máxima representación del Instituto Nacional de Tierras (INTI). En este
procedimiento, conforme a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no se regula
o prevé contención alguna, ni la obligatoriedad para el ente agrario de
notificar a aquellos que pudieran verse afectados en la decisión culminatoria
del procedimiento administrativo. No obstante, debe precisar la Sala que si el
ente agrario, atendiendo al principio de inmediación, se traslada a las tierras
respecto de las cuales recae la solicitud de permanencia, y por vía de inspección
verifica la presencia de terceros que eventualmente pudieran verse afectados con
el acto final, deberá ponerlos en conocimiento del procedimiento que está en
curso a través de cualquier medio que permita cumplir con tal fin, instándolos
a comparecer para que expongan lo que estimen pertinente, debiendo la
administración agraria atender a los alegatos y defensas que éstos formulen en
resguardo de su derecho a la defensa.<br /></span></i><i><span lang="ES">(…)</span></i></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i><span lang="ES">Se
evidencia que el juzgado en la decisión consultada arribó a esa conclusión de
verificación de la existencia del vicio, bajo la argumentación expuesta por el actor,
puesto que no consta en autos ni en el expediente administrativo ni escrito de
oposición o contestación por parte de la representación judicial del Instituto
Nacional de Tierras (INTI). No obstante, esta Sala pudo constatar lo relativo a
la existencia de dos procedimientos administrativos de declaratoria de garantía
de permanencia, uno iniciado por la ciudadana María Fernanda Pacheco de Serrano
(beneficiaria del acto impugnado en la presente causa) y otro iniciado por el
ciudadano Marino Antonio Pacheco Castellanos (recurrente en el presente
expediente), de ambos procedimientos se dictaron los actos conclusivos
siguientes:<br /></span></i><i><span lang="ES">(…)</span></i><i><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></i></span></p><p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Se
evidencia además del contenido de ambos actos administrativos, que los lotes de
terrenos presentan una demarcación diferente y los nombres con los que se
identifican también son distintos </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">AGROPECUARIA LA FORTALEZA DE MIS PADRES” y </span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-style: italic; mso-ascii-font-family: Garamond; mso-hansi-font-family: Garamond;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>“</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">GRANJA MI BELLA ROSA”,
por lo cual, contrario a lo afirmado por el a quo, no se está en presencia de
un solapamiento, al no tratarse de sendas garantías de permanencia conferidas
respecto del mismo fundo. Por su parte, la prueba de experticia evacuada por el
tribunal de la causa se realizó en razón a lo alegado por la parte actora, y no
en base al análisis de los instrumentos administrativos otorgados por el
Instituto Nacional de Tierras (INTI).</span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES">Consecuencia
de todo lo indicado, es que no estaba en la obligación el ente agrario de
notificar al ciudadano Marino Antonio Pacheco Castellanos, del procedimiento
administrativo que había iniciado la ciudadana María Fernanda Pacheco de
Serrano, puesto que éste se encontraba tramitando una solicitud de garantía de
permanencia respecto de otro lote de terreno” </span></i><span lang="ES">(énfasis añadido por la
Sala).</span></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "Garamond","serif"; font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: ES-VE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-VE;"><o:p></o:p></span></i></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8034632222998363026.post-52590464725631490592021-08-15T07:16:00.002-07:002021-08-15T07:16:50.382-07:00Presente y pasado. Revista de Historia Nro. 46<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><span lang="EN-US">La
Universidad de Los Andes publicó el Nro. 46 de la revista </span><b><span lang="ES-TRAD">PRESENTE Y PASADO. REVISTA DE HISTORIA</span></b><span lang="EN-US">, la cual puede descargarse gratuitamente <a href="http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/45439">aquí</a>.</span></span></p>Carlos Reverón Boulton http://www.blogger.com/profile/17301385868018617703noreply@blogger.com0