Mediante
sentencia N° 539 del 11 de agosto de 2017, la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que cuando el artículo 1.737 del Código Civil
consagra la hipótesis de que el aumento o disminución en el valor de la moneda,
no incide ni influye en la obligación, si ocurre antes de que esté vencido el
término del pago; por interpretación al contrario, si la variación en el valor
de la moneda ocurre después de la fecha o tiempo establecido, es posible el
ajuste que establezca el equilibrio roto por el aumento o disminución en el
poder adquisitivo de la misma, es decir, es necesario que la obligación sea
exigible para que proceda el ajuste por inflación del monto reclamado. En
particular, se afirmó lo siguiente:
“Por otra parte, la Sala observa que se
alega el quebrantamiento de forma al negarse la posibilidad de indexar el monto
del valor del inmueble, pretendiendo que se deba aceptar como pago o
contraprestación una cantidad que quedó estática desde el año 2006, con lo cual
se imposibilitaría el resarcimiento que le corresponde y le fuera aplicado el
criterio de la indexación, tal como lo ha establecido la Sala Constitucional en
su sentencia N.° 576 del 20 de marzo de 2006. Por su parte, el tercero
interesado alegó que de conformidad con el artículo 1.546 del Código Civil se subroga
en la condición de propietario y para ello debe pagar el mismo monto que pagó
Richard Tucker Loero en el año 1998, no una distinta ni ajustada por inflación,
ya que ello desnaturalizaría la acción del retracto, la cual es una acción
especial con un lapso de caducidad brevísimo como la oferta real, en las que se
asumen las mismas condiciones de la operación relacionada teniendo efectos
liberatorios, por lo que no procedería la indexación, siendo ese el riesgo que
asume el demandado en retracto.
Respecto a la indexación se debe tener presente que la Sala
Constitucional, en su sentencia N.° 1780 del 10 de octubre de 2006, estableció
que:
(…)
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 1.184 del Código
Civil, del enriquecimiento sin causa, vinculado a los artículos 1.737 y 1.738
eiusdem, que guardan relación con los principios jurídicos pertinentes para
considerar acordar la corrección monetaria, como forma de mitigar la pérdida
del valor de cantidades adeudadas, tomando en consideración que no existe
propiamente un fundamento normativo en el que se base la indexación, sino que
existen diversos principios en dispersas normas del ordenamiento jurídico que
la desarrollan y se han de tomar en cuenta para los hechos presentes como la
realidad económica, con la finalidad de garantizar que el pago que se ordena en
la sentencia no se vea afectado por la disminución del valor de la moneda, tal
como se ha establecido en la sentencia de la Sala de Casación Civil N.° 1.450
del 23 de enero de 2007.
Así el aumento o disminución del valor de la moneda señalado en el
artículo 1.737 del Código Civil, no incide ni influye en la obligación, si
ocurre antes de vencido el término del pago, pero si ocurre posteriormente, se
debe restablecer el equilibrio roto, siendo necesario que la obligación sea
exigible, tal como lo ha indicado la Sala de Casación Civil en su sentencia N.°
RC.01027 del 18 de diciembre de 2006.
(…)
Por ello, es que la indexación en el caso de los salarios y de las
prestaciones sociales son de rango constitucional de conformidad con lo
establecido en el artículo 92 de la Constitución y la sentencia N.° 2191 del 06
de diciembre de 2006. Por otra parte, en el caso de materias donde la condena
se determina al momento de dictar la sentencia, se debe distinguir si son
materias de tipo contractual o extracontractual, en los primeros los daños son
previsibles según lo establecido en los artículos 1.274 y 1.737 del Código
Civil, debiendo el juez ordenar la entrega en dinero del valor equivalente al
numéricamente expresado en el contrato, por lo que la condena del deudor no es
pagar una suma idéntica a la convenida en el contrato, sino la de pagar una
cantidad equivalente al valor de la suma prestada originalmente a la fecha del
pago, cuando debido a la mora se hace necesario demandarlo, ya que lo
importante es el valor real de la moneda para la época judicial del pago, no
siendo posible pretender lo mismo, cuando las partes del contrato pacten lo
contrario, o cuando judicial o extrajudicialemente se cumpla la obligación
(Vid. sentencia N.° 576 del 20 de marzo de 2006).
En materia de daños y perjuicios contractuales y extracontractuales, los
daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del
pago a los precios de la oportunidad en que se calculan, por lo que en
principio la indexación no sería procedente, así como tampoco lo sería respecto
al daño moral, ya que ellos son determinados por el juez al momento de dictar
su fallo y son montos que se calculan para ese momento sin tomar en cuenta los
valores anteriores (Vid. sentencias N.° 683 del 11 de julio de 2000, N.° 1428
del 12 de junio de 2003, N.° 401 del 19 de marzo de 2004 y N.° 576 del 20 de
marzo de 2006).
La indexación judicial permite el reajuste del valor monetario y evita
el mayor perjuicio al acreedor, por efecto del retardo procesal, por tanto,
este correctivo se concede desde el momento en que se instaure el juicio con la
admisión de la demanda (Vid. sentencia de la Sala de Casación Civil N.°
RC.00714 del 27 de julio de 2004). Es por ello, que puede en ciertos supuestos
acordarse por el juez, incluso de oficio por motivos de orden público e interés
social, o cuando, dentro del Estado Social de Derecho y de Justicia, esta
inmiscuida la protección a la calidad de vida por la desmejora de las
condiciones básicas provenientes de la
privación a tiempo del salario, de los honorarios, de las pensiones
alimentarias o de cualquier tipo de prestación del cual depende la manutención
y las necesidades básicas (Vid. sentencia N.° 576 del 20 de marzo de 2006),
sobre todo al tener en cuenta que la inflación es un hecho notorio y por ello
el juez puede realizar ajustes monetarios sobre las obligaciones dinerarias
demandadas (Vid. sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema
de Justicia del 30 de septiembre de 1992, caso: Camillius Lamorrell vs.
Machinery Care y de la Sala Constitucional N.° 1780 del 10 de octubre de 2006).
En razón de todo lo anterior, es que el juzgado superior al que le
corresponda decidir nuevamente la apelación por mandato de la sentencia de la
Sala de Casación Civil del 20 de diciembre de 2005, deberá tomar en
consideración todos los criterios anteriores para determinar la procedencia o
no de la indexación del monto objeto de litigio. Así se decide”.
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