Revista Venezolana de Derecho Mercantil Nro. 3

La Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil publicó el Nro. 3 de la REVISTA VENEZOLANA DE DERECHO MERCANTIL, puedes consultarla gratuitamente aquí.

Revista de Derecho Público Nro. 155-156

La Editorial Jurídica Venezolana publicó la REVISTA DE DERECHO PÚBLICO Nro. 155-156, correspondiente al semestre julio-diciembre de 2018, la cual puede descargarse gratuitamente aquí.

Recusación en causas penales

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Noviembre/308241-0382-221119-2019-19-0163.HTML

Mediante sentencia N° 382 del 22 de noviembre de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinó que, en protección a la tutela judicial efectiva, ante la excesiva dilación en la realización del nuevo juicio oral y privado por parte de un juez penal recusado, por lo que se procedió en favor de la celeridad procesal, declarar con lugar la recusación planteada, al encontrarse comprometida la imparcialidad del referido juez. Al respecto, se precisó que:

“Visto lo anterior, para esta Sala es concluyente afirmar, como lo señaló la parte recusante, que el Juez una vez que tuvo conocimiento de la recusación interpuesta en su contra, siguió actuando en el expediente penal que motivó dicha recusación.

Ello así, vistas las circunstancias en este caso en particular las cuales comprenden la excesiva dilación en la celebración del juicio oral y reservado, el libramiento de un mandato de búsqueda y localización contra el procesado de autos,  lo cual generó que el mismo compareciera al Tribunal de la causa estando de reposo y con lesiones evidentes, y las actuaciones procesales antes advertidas con posterioridad a la recusación planteada; llevan al convencimiento a esta Sala Constitucional de que se encuentra comprometida la capacidad subjetiva (imparcialidad) del abogado Pablo Eleazar Sánchez, a cargo del Tribunal Primero de Primera Instancia Funciones de Juicio del Circuito Judicial en Materia en Delito de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los motivos graves antes descritos, conducta esta que se subsume en el artículo 89.8 del Código Orgánico Procesal Penal; motivo por el cual se declara con lugar la recusación del 8 de octubre de 2018, interpuesta por la abogada Eglé Coromoto Pérez, actuando en su carácter de defensora privada del ciudadano José Gregorio López Acevedo y, en consecuencia, se le ordena al mencionado Juez, que una vez notificado de la presente decisión, remita inmediatamente el expediente instruido por ese Juzgado, identificado con el alfanumérico AP01-S-2017-010171, Tribunal Segundo de Primera Instancia Funciones de Juicio del Circuito Judicial en Materia en Delito de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; el cual deberá realizar con la celeridad del caso el juicio oral y privado al procesado José Gregorio López Acevedo; en acatamiento de lo dispuesto en la sentencia dictada por esta Sala N° 1073/2017 del 8 de diciembre, y deberá informar oportunamente a esta Sala sobre del cumplimiento de lo aquí decidido.

Asimismo, y de conformidad con el precedente vinculante contenido en la sentencia N° 1175/2010 del 23 de noviembre, recaída en el caso: Ciro Francisco Toledo, se ordena notificar al Juez recusado, abogado Pablo Eleazar Sánchez, a cargo del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial en Materia en Delito de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dentro de las 24 horas siguiente a la publicación de la presente decisión, todo ello a los fines legales y administrativos consiguientes. Así se declara.

(...)

Como puede observarse de lo transcrito supra, los Jueces integrantes de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, declararon sin lugar la recusación interpuesta, sin embargo inadmitieron los medios probatorios presentados; inadmisión esta que configura una incongruencia jurídica por cuanto es requisito sine qua non  que el escrito de recusación debe acompañarse con sus respectivos medios probatorios, de no ser así la misma sería declarada inadmisible.

Resulta contradictorio entonces que el órgano jurisdiccional al resolver la recusación se haya pronunciado sobre los alegatos en que se fundamenta la misma para declararla sin lugar, y al mismo tiempo haya inadmitido las pruebas en las cuales se fundamenta la misma, pues estas pruebas constituyen el soporte de los argumentos dados por el recusante, desvirtuando así el carácter accesorio que tienen los medios probatorios respecto a la recusación planteada.

(...)

Como puede observarse de lo transcrito supra, la Sala estableció que las pruebas sobre las cuales se fundamenta la recusación deben necesariamente promoverse conjuntamente con el escrito que la contiene, de lo contrario la misma será declarada inadmisible. Resulta entonces contradictorio que la Corte de Apelaciones en comento haya analizado los alegatos de la recusación prescindiendo de los medios probatorios en los que se fundamenta, por cuanto desde el punto de vista procesal no es posible separar lo que legalmente conforma una unidad.

Por último, esta Sala observa con preocupación que la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, al resolver la recusación planteada prescindió del análisis de la admisibilidad a lo cual estaba obligada, de conformidad con el artículo 95 del Código Orgánico Procesal Penal, por ser este un aspecto de pronunciamiento previo al análisis del mérito de la recusación.

En consecuencia, esta Sala Constitucional le advierte a la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, que en futuras oportunidades, al resolver la recusación debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma, y al declarar sin lugar la incidencia de recusación sometida a su conocimiento, debe abstenerse de dictar dispositivos como el descrito anteriormente. Así se decide”.

Facturas y créditos fiscales

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/308779-00814-111219-2019-2018-0623.HTML

Mediante sentencia N° 814 del 11 de diciembre de 2019, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que si bien la factura fiscal constituye un elemento de capital importancia en la demostración y comprobación de los movimientos económicos de un contribuyente, de la cual pueden advertirse en principio, los créditos fiscales generados en un determinado período fiscal, la misma no representa un elemento constitutivo del crédito fiscal, toda vez que lo determinante para que nazca en un determinado contribuyente el derecho a deducir créditos fiscales, es que se haya materializado la operación económica que dio origen a los mismos, vale decir, que el contribuyente hubiere sido incidido por el tributo. En particular, se sostuvo que:

“De las normas parcialmente transcritas, se observa que en materia de impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, es requisito necesario de la factura para que pueda generar créditos fiscales, cumplir con los requerimientos establecidos en la Legislación. (Vid., sentencia dictada por esta Sala Político-Administrativa de Núm. 00285 de fecha 6 de abril de 2017, caso: General Motors Venezolana, C.A.).

(...)

Ahora bien, es criterio de esta Superioridad, que el incumplimiento de algún requisito formal de la factura no siempre implica el rechazo del crédito fiscal soportado por el contribuyente, sino que a los fines de que se produzca dicha consecuencia negativa, es necesario que la inobservancia desnaturalice el contenido de las facturas e impida al Fisco Nacional la oportuna y normal recaudación de este impuesto, es decir, imposibilite la persecución del débito fiscal correspondiente por parte del Estado. (Vid., sentencia de esta Sala Núm. 02158 de fecha 10 de octubre de 2001, caso: Hilados Flexilón, S.A., ratificado en forma pacífica en decisiones Núms. 04581 de fecha 30 de junio de 2005, caso: Cervecería Polar del Centro; 01512 del 21 de octubre de 2009, caso: Brahma de Venezuela, S.A. y Núm. 00220 de fecha 16 de febrero de 2011, caso: Petrolera San Carlos, S.A.).

En consecuencia, cada caso debe ser examinado equitativamente a fin de precisar cuándo el incumplimiento de tales requisitos lesiona la función de control que el Fisco Nacional está en el deber de realizar.

(...)

Sobre este aspecto, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia Núm. 00413 del 14 de marzo de 2007, caso: Bimbo de Venezuela C.A., criterio ratificado en el fallo Núm. 00498 del 2 de junio de 2010, caso: Siderúrgica del Orinoco, C.A. (SIDOR), y una vez más en la presente oportunidad, al concluir que el incumplimiento de alguno de los requisitos legales y reglamentarios en materia de facturas no acarrea necesariamente la pérdida del crédito fiscal, sino que habrá de atenderse al examen equitativo y racional de las mismas en cada caso concreto, en concordancia con los documentos equivalentes y los restantes elementos probatorios aportados por los contribuyentes para soportar sus débitos y créditos fiscales; ello sin menoscabo del deber que pesa sobre todo contribuyente o responsable de acatar fielmente la normativa dictada por el legislador tributario en materia de facturación.

Respecto a los requisitos establecidos en el artículo 63, literales c), d) y e) del Reglamento de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor de 1994, conforme al cual la factura deberá contener “Nombre completo y domicilio fiscal del vendedor o prestador del servicio, en caso de que se trate de una persona natural”, “Denominación o razón social del emisor y su domicilio fiscal en caso de que se trate de una persona jurídica o comunidad, sociedad de hecho o irregular, consorcio u otro ente jurídico o económico, público o privado” y “ número de inscripción del emisor en el Registro de Contribuyentes”; esta Sala, indicó en sentencia Núm. 01464 del 19 de noviembre de 2008, caso: Plumrose Latinoamericana, C.A., (Plumrose), que la omisión de tales requisitos sí comprometen la percepción del débito fiscal.

Con relación al criterio jurisprudencial antes mencionado, observa esta Sala que de la fiscalización efectuada a la contribuyente, a través de la revisión de libros, registros y otros documentos en cuanto al cumplimiento de los mencionados literales c), d) y e), se detectaron omisiones en las facturas emitidas en los períodos fiscales comprendidos desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 1996; en ese sentido, se observa, tal como lo estableció el criterio citado, que éstas sí comprometen la percepción del débito fiscal correspondiente, por cuanto no precisa el comprobante fiscal si el proveedor de los bienes y servicios adquiridos por la recurrente, es a su vez otro contribuyente del impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, lo cual es requisito sine que non para que proceda la deducción del pretendido crédito fiscal. Por consiguiente, el Tribunal de instancia incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, pues no procede la deducción de los créditos fiscales rechazados por la fiscalización por el incumplimiento de los referidos requisitos en las facturas. Así se declara” (énfasis añadido por la Sala).

Notificación personal en procesos penales

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Noviembre/308239-0380-221119-2019-16-0401.HTML

Mediante sentencia N° 380 del 22 de noviembre de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró la obligación para los jueces de la jurisdicción penal de agotar la notificación personal de las decisiones judiciales, para garantizar el derecho a la defensa y el acceso a los recursos, su omisión constituye un hecho lesivo grave del debido proceso. En concreto, se razonó que:

“En atención a lo expuesto considera esta Sala Constitucional que en el caso sub iudice, tal como fue denunciado por la parte accionante, no se agotó ciertamente la notificación personal, requisito este indispensable a los efectos de garantizar el derecho al a defensa y el acceso a los recursos, a tenor de lo previsto en el artículo 163 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con artículo 168 eiusdem; de modo que este hecho lesivo constituye una grave infracción al debido proceso, en su concepto genérico, y a su concreción del derecho a la defensa, cuya tutela interesa al orden público y debe ser, por tanto, provista aun de oficio, dado los efectos negativos que el seguimiento de dicha conducta por parte de otros órganos jurisdiccionales, produciría al interés social, máxime cuando está interesado el derecho a la doble instancia, el cual, igualmente, interesa el orden público constitucional. (Vid: sentencia N°1199 del 26 de noviembre de 2010, caso: Isaías Blanco y Degni Mejías).

Igualmente, se evidencia de las actas del expediente que mediante diligencia del 22 de junio de 2015, el ciudadano Eddycson Peña Sosa se dio por notificado tácitamente, según se evidencia en el folio veintisiete (27), y por ello considera esta Sala Constitucional que fue desde el día siguiente a dicha notificación cuando comenzó a transcurrir el lapso de cinco (05) días, establecido en el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, para la interposición del recurso de apelación de auto por tratarse de un sobreseimiento, tal como lo estableció esta Sala desde su sentencia N° 997 del 15 de julio de 2013, recaída en el caso Hospital de Clínicas de Caracas, C.A; criterio este ratificado recientemente en la sentencia N° 287 del 23 de marzo de 2018, recaída en el caso Yosmar de los Ángeles Barrios y Niurvis del Carmen Belisario; hecho este que fue obviado por la sentencia impugnada en amparo.

De igual modo, desde el 23 de junio de 2015 (día ad quem) día hasta el día 01 de julio de 2015, transcurrieron cuatro (04) días de despacho, como se evidencia del cómputo de audiencias transcurridas emitido por la secretaría del Tribunal Cuarto Itinerante Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, se entiende oportuno el recurso de apelación interpuesto por el accionante al cuarto (4) día del lapso de los cinco (05) días para la interposición de la actividad recursiva; en razón de lo cual esta Sala Constitucional declara con lugar la tutela constitucional invocada y en consecuencia se anula la decisión adversada en amparo, esto es, sentencia del 30 de septiembre de 2015, dictada por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, y en consecuencia, se ordena reponer la causa al conocimiento de la Corte de Apelaciones del Estado Mérida, para que la misma –constituida accidentalmente- conozca y resuelva el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la sentencia proferida, el 01 de junio 2015 y su aclaratoria del 25 de junio de 2015; por el Juzgado Cuarto Itinerante de Primera Instancia Penal Estadal y Municipal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que sobreseyó la causa penal iniciada por la presunta comisión del delito de alteración de seriales identificativos de vehículo, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del Estado Venezolano y, además, negó la entrega de un vehículo al accionante. Así se declara.

Es oportuno significar, que tanto la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida como el Juzgado Cuarto Itinerante de Primera Instancia Penal Estadal y Municipal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, no se percataron de la incertidumbre e indefensión causada al solicitante Eddycson Peña Sosa, por las deficientes notificaciones efectuadas en el proceso penal que motivó el amparo de autos, lo cual vulneró el orden público por afectar su derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 163 y 168 del Código Orgánico Procesal Penal; por lo cual esta Sala Constitucional hace llamado de atención a los referidos órganos jurisdiccionales, a velar por la tutela judicial efectiva, atendiendo los actos de comunicación procesal (notificación, citación) los cuales consisten en llevar al conocimiento personal de las partes en el proceso, las resoluciones judiciales a fin de que éstos puedan adoptar en tiempo oportuno las conductas procesales que consideren en defensa de sus derechos o intereses, las cuales pueden ser variadas, como solicitar la ejecución del fallo por las partes, y efectuar la interposición de escritos recursivos, de considerar que la sentencia causa un agravio en su esfera de derechos y garantías constitucionales, por lo que, salvo regulación legal expresa, no debe existir ningún impedimento para que las partes puedan acceder a los órganos jurisdiccionales e interponer los recursos que a bien consideren pertinentes, siempre y cuando ello no suceda en forma tardía, esto es, una vez que todas las partes estén notificadas (cuando así se ordene) y al efecto transcurra íntegramente el lapso para interponer el recurso de apelación. Así se declara”.

Principio de inmediación

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/308126-0407-191119-2019-19-255.HTML

Mediante sentencia N° 407 del 19 de noviembre de 2019, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que, con base en el principio de inmediación y su aplicación en los procesos por audiencias orales, el juez que presidió el debate oral y ante quien se evacuaron las pruebas, debe ser quien pronuncie la sentencia, so pena de violación de la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Particularmente, se reafirmó lo que sigue:

“La Sala Constitucional ha hecho énfasis en la interpretación constitucional del principio de inmediación en los procedimientos orales, en concordancia con el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por lo que no ha diferenciado en los tipos de pruebas que se evacuen en la audiencia, ni en las prolongaciones de la misma, sobre lo cual, esta Sala de Casación Social, en un caso análogo al de autos, sentencia Nº 270, de fecha 22 de marzo de 2016, explicó lo siguiente:

(...)

Con el criterio anterior transcrito, la Sala de Casación Social en marzo de 2016 estableció claramente, que como la audiencia de juicio es una sola, el juez que dicte el fallo debe presidir toda la audiencia, no solo parte de ella, so pena de viciar de nulidad la sentencia por violación del principio de inmediación judicial y del derecho constitucional al debido proceso.

En el caso concreto, la recurrida observó detalladamente, que la audiencia de juicio fue presidida inicialmente por un juez; y, posteriormente, 4 años después, su continuación fue dirigida por otro, quien evacuó la última prueba y dictó el dispositivo oral del fallo, concluyendo la alzada que con ello se trasgredieron los principios de oralidad, inmediación y concentración, vulnerándose con tal actuar los artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la jurisprudencia que en materia laboral sobre este tema ha establecido la Sala de Casación Social, y en consecuencia anuló la sentencia de primera instancia y repuso la causa al estado de que se celebre nuevamente la audiencia de juicio.

Considera la Sala que la alzada no incurrió en violación de formas procesales que causen indefensión, pues decidió conforme a los principios procesales en materia laboral previstos en los artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aplicó correctamente los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, garantizando los derechos constitucionales previstos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual, se declara improcedente la denuncia. Así se decide”.

Pago de obligaciones en divisas

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/308272-RC.000503-261119-2019-19-299.HTML

Mediante sentencia N° 503 del 26 de noviembre de 2019, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que de acuerdo con el artículo 116 de la Ley del BCV, la regla general es que en toda obligación estipulada en moneda extranjera, ésta última se ha de considerar como moneda de cuenta o de cálculo, con lo que el deudor no queda atado a pagar únicamente con la moneda extranjera, sino que tiene también la posibilidad de hacerlo con el equivalente en bolívares (moneda de curso) del monto indicado en moneda extranjera, calculado dicho equivalente a la tasa de cambio existente para el momento del pago. Esta modalidad sería la “cláusula de valor moneda extranjera”. Al respecto, se precisó que:

“De conformidad con el criterio jurisprudencial anteriormente transcrito, para la cancelación de las obligaciones estipuladas en moneda extranjera, se podrán tomar en cuenta las cantidades numéricamente acordadas, tanto para establecer la cantidad que debe ser restituida en dicha moneda extranjera, como para determinar la base de cálculo que permita fijar su equivalente en moneda de curso legal, equivalente que debe ser calculado a la tasa de cambio oficial existente para el momento del pago.

(...)

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se observa en la decisión recurrida, específicamente al momento de determinar como quedó planteada al controversia, que la parte demandante alegó que las obligaciones contraídas por la parte demandada fueron relativas al pago de cantidades en dólares de los Estados Unidos de América, así como las respectivas equivalencias en moneda de curso legal para la fecha de presentación de la demanda.

Lo anterior se desprende específicamente del capítulo de la decisión sobre los alegatos de las partes cuando señala que  la parte actora  demandó la intimación a la parte demandada el pago de “las cantidades siguientes”: 1) “…Ciento sesenta mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (U. S. $ 160.800,00)…” “…equivalentes a trescientos cuarenta y cinco millones setecientos veinte mil bolívares (Bs. 345.720.000,00), calculados a la tasa de cambio de dos mil ciento cincuenta bolívares (Bs. 2.150,00), por cada dólar americano, tasa vigente “…para la fecha de presentación de la demanda…”, por concepto de capital. 2) La cantidad de “…Veinticuatro mil novecientos diecisiete dólares con cuarenta centavos de los Estados Unidos de América (U. S. $ 24.917,40)…”, destacando que dicha cantidad expresada en dólares resulta “…equivalentes (sic) a cincuenta y tres millones quinientos setenta y dos mil cuatrocientos diez bolívares (Bs. 53.572.410,00), calculados a la tasa de cambio de dos mil ciento cincuenta bolívares (Bs. 2.150,00), por cada dólar americano, tasa vigente para la época de la presentación de la demanda…”, pago que solicita por concepto de intereses compensatorios; y 3) la cantidad de “…Nueve mil trescientos cuarenta y tres dólares con ochenta centavos de los Estados Unidos de América (U. S. $ 9.343,80)…” “…equivalentes (sic) a veinte millones ochenta y nueve mil ciento setenta bolívares (Bs. 20.089.170,00), calculados a la tasa de cambio de dos mil ciento cincuenta bolívares (Bs. 2.150,00), por cada dólar americano, tasa vigente para la fecha de presentación de la demanda…”, por concepto de intereses moratorios.

Asimismo, se observa que el juez de la recurrida, reconociendo que la parte actora pretende el pago en dólares de Estados Unidos de América de las obligaciones contraídas por la parte demandada, condenó finalmente al pago en bolívares de tales cantidades, calculadas a la tasa vigente para el momento de la interposición de la demanda y no para el momento de la fecha del pago, motivo por el cual infringió el artículo116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, vigente para el momento de la interposición de la demanda por errónea interpretación, pues se equivocó en cuanto a su contenido al confundir la fecha en que habría de tomarse en cuenta el tipo de cambio corriente para determinar el valor en la moneda de curso legal.

Aunado a lo anterior, se observa que fue condenada la indexación de todas las cantidades reclamadas; al respecto, considera esta Sala, señalar, en relación con la indexación sobre obligaciones contraídas en dólares de Estados Unidos de América, el criterio sostenido por esta Sala de Casación Civil en decisión de fecha 6 de agosto de 2012, sentencia N° 545, caso: VENTURA SEGUNDO RAMOS LINARES contra la empresa MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS, en la cual se expresó lo siguiente:

(...)

De conformidad con lo anteriormente transcrito, tanto la corrección monetaria o indexación como la equivalencia en bolívares para la fecha de pago cierto de obligaciones contraídas en dólares constituyen mecanismos de ajuste del valor de las obligaciones frente al fenómeno inflacionario, ambos mecanismos son excluyentes.

En tal sentido, mal puede condenársela indexación de las cantidades reclamadas, si se aplica el ajuste del valor de la obligación pactada en dólares a bolívares, calculados para le fecha del pago” (énfasis añadido por la Sala).

Imposibilidad de revocar sentencias definitivas por el tribunal que la dictó

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Noviembre/308208-00735-211119-2019-2014-0795.HTML

Mediante sentencia N° 735 del 21 de noviembre de 2019, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que de conformidad con lo previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, después de pronunciada la sentencia definitiva o interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya dictado y ello imposibilita conocer una nueva apelación contra el fallo definitivo, una vez declarado la firmeza de esa decisión. Al respecto, se precisó que:

“Precisado lo anterior, cabe señalar que el recurso de hecho es una garantía procesal a favor de las partes para la revisión de una decisión emitida por el Juez o la Jueza de la causa, respecto a la admisibilidad del recurso de apelación cuando este ha sido negado. Para su ejercicio la Sala estableció presupuestos lógicos ab initio como condiciones o requisitos para ser oídos, como lo son: 1) la existencia de una decisión susceptible de ser apelada; 2) el ejercicio válido del recurso de apelación contra la decisión apelable; y 3) que el órgano jurisdiccional haya negado la admisión del recurso o lo haya limitado al solo efecto devolutivo, en los casos cuando su tramitación proceda en ambos efectos (suspensivo y devolutivo) (Vid. entre otras, Sentencias de la Sala Político-Administrativa números 00721 del 14 de julio de 2010 y 00677 del 7 de mayo de 2014).

En el asunto planteado, se observa que en la actuación de fecha 27 de mayo de 2014, hoy recurrida, el Secretario de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo negó la admisión de la apelación interpuesta por el abogado Jorge Kiriakidis Longhi en nombre de varios ciudadanos y una ciudadana -quienes se desempeñaban como Directores y Directora de la sociedad mercantil Banco Federal, C.A. al momento de dictarse la Resolución impugnada en la causa principal- por considerar el funcionario judicial que la referida Corte se había pronunciado con anterioridad respecto a dicho recurso, cuando por auto del 7 de agosto de 2013 declaró “improcedente” la apelación incoada por el abogado Juan Pablo Vargas Caraballo actuando -a decir del abogado- en nombre de los mismos ciudadanos y ciudadana, contra la sentencia número  2013-0759 del 2 de mayo de 2013 donde fue declarado el desistimiento del procedimiento en la demanda de nulidad.

(...)

De las actuaciones parcialmente transcritas y de la revisión de los recaudos consignados en autos, se observa que en la decisión de fecha 7 de agosto de 2013 la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo desestimó la facultad argüida por el abogado Juan Pablo Vargas Caraballo en su diligencia del 28 de mayo de 2013 (cursante en copia certificada a los folios 150 al 152 del expediente), para el ejercicio de la  representación judicial de los ciudadanos Nelson J. Mezerhane G., Aníbal J. Latuff, Rogelio Trujillo García, Mashud A. Mezerhane B. y Enrique Urdaneta Álamo, y de la ciudadana Gilda E. Pabón Gudiño, por cuanto la sustitución del poder que hiciese a su favor el abogado Juan Pablo Livinalli, era para actuar como apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco Federal, C.A. y no de sus Ex Directores y Ex Directora.

Asimismo, en la referida decisión la mencionada Corte estableció expresamente: “visto que transcurrieron con creces los lapsos para el ejercicio del recurso de apelación en la presente causa, se declara firme la sentencia dictada por esta Corte en fecha dos (02) de mayo de dos mil trece (2013)”.

Conforme a lo señalado, es evidente que en atención al referido pronunciamiento del 7 de agosto de 2013, no era posible para la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo entrar a conocer una nueva apelación contra el fallo definitivo número 2013-0759 de fecha 2 de mayo del mismo año, siendo que ya había declarado la firmeza de esa decisión.

Cabe recordar, que de acuerdo a lo previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, “Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya pronunciado”.

En todo caso, a juicio de esta Sala la parte recurrente debió dirigir su impugnación a la decisión del 7 de agosto de 2013, y no como lo hizo, contra la sentencia que declaró el desistimiento de la demanda de nulidad por la inasistencia de los apoderados judiciales del Banco Federal, C.A., a la audiencia de juicio prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

De esta manera, estima la Sala que la decisión que negó la apelación objeto del recurso de hecho, esto es, la NOTA del 27 de mayo de 2014, emanada del Secretario de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, no es una decisión recurrible, en razón de lo cual debe declararse sin lugar el recurso de hecho ejercido por el apoderado judicial del ciudadano Nelson J. Mezerhane G., antes identificado. Así se establece” (énfasis añadido por la Sala).

Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nro. 15

El Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila publicó el Nro. 15 de la REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO ADMINISTRATIVO VENEZOLANO (REDAV), la cual puedes descargar gratuitamente aquí.

Pago de diferencias de días de descanso y feriados

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/308134-0406-191119-2019-19-184.HTML

Mediante sentencia N° 406 del 19 de noviembre de 2019, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que la confusión que puede producirse en cuanto a la determinación del salario a utilizar para la obtención del quamtum, relacionado a la incidencia de los días de descanso, domingos y feriados, derivados de una remuneración de carácter variable, puesto que en sentencias aisladas se ha establecido sin mayor explicación que el cálculo del referido concepto debe hacerse con base al último salario promedio devengado por el trabajador durante la existencia de la relación de trabajo, es por ello, que la Sala de Casación Social, en aras de garantizar una justicia íntegra, revestida de los principios de confianza legítima y expectativa plausible, reitera que en atención del contenido del artículo 216 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, aplicable ratione temporis y de los límites legales comprendidos en la misma, es trascendental ratificar que una aplicación distinta a la expuesta por esa Sala contraría el ordenamiento jurídico laboral. En concreto, se afirmó:

“De la reproducción parcial efectuada al fallo recurrido, se desprende que, la juez de alzada de manera oficiosa, determinó conforme a la equidad que el salario a ser considerado para el pago de las acreencias laborales condenadas, debía ser la remuneración promedio percibida por los actores al momento de la interposición de la demanda.

En este orden argumentativo, resulta indispensable citar el contenido de las normas presuntamente infringidas, específicamente las cláusulas 67 y 69 de la Convención Colectiva 2015-2018, que reproducen el contenido de las normas convencionales mencionadas supra, pertenecientes a las distintas contrataciones colectivas aplicables durante la relación del vínculo entre los accionantes y la entidad de trabajo, las cuales disponen:

(...)

De las normas convencionales reproducidas, se desprende que las mismas hacen referencia a la cláusula 66 de la Convención Colectiva 2015-2018, para identificar el salario que debe ser considerado para cuantificar el pago de los días de descanso no laborados o los trabajados que coincidan con domingo, la cual es del siguiente tenor:

(...)

De la cláusula transcrita, se desprende fehacientemente que la forma de pago de los días de descanso, debe hacerse conforme al salario promedio de la semana en que fueron causados y no como erradamente lo condenó la juez de la recurrida, basando su decisión en la equidad, omitiendo los límites legales pactados por las partes a través del convenio colectivo suscrito.

(...)

Del extracto jurisprudencial citado, se denota que en los supuestos en que no se haya cancelado las incidencias de los días de descanso y feriados de manera acertada, las mismas deberán ser pagadas acorde al salario histórico de cuando debieron ser solventadas, por cuanto no existe una normativa de carácter legal, o en caso como el de autos, convencional, que contemple un modo de cálculo distinto.

Aunado a ello, en un caso análogo (Vid. Sentencia N° 415 del 18 de mayo de 2018, caso: Eoclide Ramón Morillo Osuna contra C.A. Cervecería Regional), la Sala ordenó el pago de las diferencias generadas debido al pago inadecuado de los días de descanso no laborados, así como los trabajados que coincidieran con día feriado –domingo–, al afirmar lo siguiente:

(...)

Del fallo transcrito, se evidencia que este órgano jurisdiccional en análisis de un caso similar, amparado en la interpretación de las disposiciones de carácter convencional denunciadas como transgredidas, estableció como criterio que la remuneración que debe ser utilizada para la obtención del quantum de la diferencia salarial aducida, es la remuneración promedio de la semana respectiva, y no como erradamente lo determinó la juez ad quem, quien de manera oficiosa, pretendió ordenar el pago con un salario más conveniente a los accionantes, pero sin hacer un análisis exhaustivo del contenido de las cláusulas 5.2 y 5.4 de la Convención Colectiva de Trabajo vigentes para el período 1992-1998, así como las normas convencionales establecidas en las cláusulas 24.2 y 24.4, correspondientes a los períodos 1998-2001, 2010-2013 y las cláusulas 67 y 69, atinentes al período 2015-2018, lo que demuestra la comisión del vicio aludido, en cuanto a la redacción de las cláusulas destinadas a fijar como parámetro de cálculo el salario de la semana respectiva.

En mérito de las argumentaciones expuestas, encuentra esta Sala de Casación Social la comisión del vicio que se le imputa, a saber, falta de aplicación de las cláusulas 5.2 y 5.4 de la Convención Colectiva de Trabajo de la C.A., CERVECERIA REGIONAL, vigente para el período 1992-1998, así como las normas convencionales establecidas en las cláusulas 24.2 y 24.4, correspondientes a los períodos 1998-2001, 2010-2013, las cláusulas 67, 69 y consecuencialmente la cláusula 66, atinentes al período 2015-2018, por cuanto la juez de alzada no consideró en su fallo las pautas determinadas para la cuantificación de los conceptos reclamados, referidos a la utilización del salario promedio de la semana respectiva, por ende, es forzoso declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada” (énfasis añadido por la Sala).

Subsanación de recaudos para la importación de mercancías

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/308205-00732-211119-2019-2015-0554.HTML

Mediante sentencia N° 732 del 21 de noviembre de 2019, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que la Ley Orgánica de Aduanas debe leerse en conjunción con lo establecido en los artículos 112 y 115 de la Constitución, consagratorios de los derechos a la libertad económica y a la propiedad, en los cuales se precisa que dichos derechos están sometidos a las restricciones que, por causa de interés público, seguridad, sanidad, etc. resulten aplicables. En este sentido, las ‘obligaciones en el régimen aduanero y demás disposiciones legales’ son precisamente las restricciones al libre comercio y a la propiedad, a que se refiere la Constitución. La importancia de la realización del reconocimiento aduanero estriba, pues, en que a través de él se verifican los supuestos que hacen ejercitables los mencionados derechos a la propiedad y a la libertad económica. Siendo ello así, resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional el interpretar esa ley el sentido de que la verificación de los mencionados supuestos, realizada a través del reconocimiento, queda a la mera discreción del Jefe de Aduanas. Si han existido errores u omisiones en el primer reconocimiento, nuevas actuaciones pueden ser cumplidas y evidencias aportadas, por lo cual resulta necesaria la realización de un segundo reconocimiento. Lo que está en juego, como se ve, es no sólo el interés general al que sirve de manera directa la regulación aduanera, sino el ejercicio de derechos de orden constitucional. En concreto, se señaló:

“En el caso objeto de estudio advierte este Alto Tribunal, como se ha indicado supra, que la Aduana Principal de La Guaira, luego de serle remitido el vehículo retenido por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, impuso el comiso de la mercancía al constatar mediante un nuevo reconocimiento que la consignataria en la oportunidad de presentar el manifiesto de importación (declaración de aduanas) ante la Aduana de El Guamache, así como de llevarse a cabo el primer reconocimiento, no consignó la Constancia de Registro Nacional de Productos Importados expedida por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) y del Certificado de Emisión de Fuentes Móviles otorgado por el entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (hoy Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas); no obstante, tal como se señalara, dicha documentación fue posteriormente presentada en original por la empresa ante la autoridad aduanera y tributaria en fecha 6 de febrero de 2006, y luego, ante el Tribunal de instancia, con ocasión a la interposición del recurso contencioso tributario el 6 de marzo del mismo año.

Por consiguiente, en el supuesto bajo examen el asunto a dilucidar estriba en la eventual subsanación por parte de la consignataria de la omisión de presentación de tales documentos, en fecha posterior a la declaración de aduanas, así como de la realización de los dos actos de reconocimiento efectuados por la Administración Aduanera, toda vez que ésta manifestó haberlo obtenido y consignado ante la autoridad jerárquica en fechas 22 y 28 de diciembre de 2005, respectivamente, sin que los mismos fuesen valorados a efectos de levantar la medida de comiso.

Así las cosas, esta Alzada debe señalar en cuanto a la posibilidad de solventar errores u omisiones advertidas en el procedimiento de reconocimiento de las mercancías que, efectivamente como bien se indicara supra, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas de 1999, aplicable ratione temporis, previó dicha contingencia en su citado artículo 54, al contemplar la realización de un segundo reconocimiento, en aquellos casos en los cuales mediaran circunstancias que pudiesen acarrear estados de peligrosidad sobre las mercancías, personas, instalaciones y equipos, en los que se evidenciaran posibles deterioros o descomposición de éstas, o cuando aparecieren fundados indicios de haberse cometido alguna incorrección o actuación ilícita en el procedimiento ya verificado.

(...)

Ahora bien, del examen de los aludidos instrumentos se observa que los mismos fueron consignados ante la autoridad aduanera el 6 de febrero de 2006, esto es, con posterioridad a la declaración de aduanas primigenia y al primer reconocimiento, los cuales fueron efectuados en fecha 11 de enero de 2005, como requisitos necesarios para la introducción al territorio nacional del aludido vehículo bajo régimen de Puerto Libre, así como también a la segunda declaración de aduanas por la que se nacionalizó el vehículo bajo la modalidad importación ordinaria (8 de octubre de 2005), y al segundo reconocimiento (27 de noviembre de 2005), el cual dio origen al Acta de Comiso Nro. 56 y al Acto Administrativo Nro. APLG/AAJ/2006/002-A (6 y 12 de enero de 2006, respectivamente), por medio de los cuales se impuso sobre el bien en referencia la medida de comiso.

No obstante, cabe señalar que la tramitación de los aludidos permisos y su emisión por parte de los organismos competentes supra señalados ocurrió dentro del mes de diciembre de 2005, vale decir, antes de la imposición de la sanción de comiso controvertida, aplicada por la Aduana Principal de La Guaira el 6 de enero de 2012.

Lo anterior, a juicio de este Alto Tribunal, no eximía a la recurrente de la obligación legal de consignar dicha documentación en la oportunidad de declarar la mercancía a los efectos de completar el procedimiento de nacionalización de la mercancía, pues siendo éste un requisito inherente a dicha operación, no le era dado a la misma omitir su presentación, pues ello supondría, como en efecto ocurrió en el caso de autos, incumplir con los requerimientos propios al desaduanamiento de los bienes y, por ende, hacerse acreedora de la sanción establecida en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, aplicable ratione temporis, relativa al comiso de la mercancía.

Partiendo de tales premisas, en el caso de autos la empresa importadora, tal como lo señaló la Administración Aduanera en el acto administrativo impugnado (comiso), incumplió con la obligación de presentar la documentación exigida por el numeral 9 del artículo 12, encabezado y parágrafo tercero del artículo 13 y el artículo 23 del Arancel de Aduanas de 2005 [Constancia de Registro Nacional de Productos Importados expedida por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) y Certificado de Emisión de Fuentes Móviles], junto con su declaración de aduanas; sin embargo, esta Alzada al igual que lo ha hecho en ocasiones precedentes al examinar y decidir casos similares al de autos, no puede desconocer el hecho de que la aludida mercancía contaba con dicha permisología antes de los actos que determinaron la aplicación de la medida de comiso, aun cuando fue presentada para su valoración ante la autoridad aduanera luego de tal penalidad.

(...)

Por tanto, en el presente caso no podría la omisión en referencia acarrear inexorablemente la aplicación inmediata de la sanción de comiso, pues ello supondría obviar la situación verificada en autos relativa a la subsanación por parte de la consignataria de los requisitos no presentados en la oportunidad legal correspondiente, vale decir, al declarar la mercancía, aún cuando la tramitación y obtención de dicha la documentación se verificó en fecha posterior a esa manifestación de voluntad (declaración), pero anterior a la aplicación de la mencionada penalidad, exigida por la Aduana Principal de La Guaira, que además fue consignada ante los Tribunales competentes al ejercer el recurso contencioso tributario.

En efecto, constata este Alto Tribunal que junto con los restantes documentos que soportan la operación aduanera de importación [declaración de aduanas, planilla de determinación y liquidación de tributos aduaneros, constancia del pago de la tasa por servicios aduaneros, conocimiento de embarque de la mercancía (Bill of Lading), factura comercial emitida por el proveedor extranjero, etc.], la recurrente exhibió en original ante la Administración Aduanera, así como en copia simple ante el Tribunal de instancia al interponer el recurso contencioso tributario, tanto la Constancia de Registro Nacional de Productos Importados expedida por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), como el Certificado de Emisión de Fuentes Móviles, de los cuales se desprende la adecuación del vehículo importado a los presupuestos establecidos por la normativa aduanera supra citada a los efectos de su nacionalización.

De esta forma, y aun cuando las citadas licencias fueron presentadas en fecha posterior a la declaración de aduanas y a los reconocimientos de la mercancía, se evidencia que ya para el momento en que la autoridad aduanera practicó el segundo reconocimiento e impuso el comiso, habían sido tramitados y emitidos los permisos correspondientes; situación esta que, a juicio de esta Sala, pone de manifiesto la intención de la contribuyente de cumplir con todas las exigencias legales y reglamentarias impuestas por las autoridades nacionales a los efectos del correspondiente procedimiento de nacionalización del vehículo en referencia, lo cual demuestra que el fin último de los controles impuestos por el Legislador aduanero, fue satisfecho en el presente caso, con la obtención de las indicadas licencias. Así se declara” (énfasis añadido por la Sala).

Actividad de la SUNAVI y reserva legal

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/308203-00730-211119-2019-2014-0966.HTML

Mediante sentencia N° 730 del 21 de noviembre de 2019, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) no puede  establecer un tipo legal que no está previsto en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, así como tampoco imponer sanciones sin cumplir con el principio de legalidad y tipicidad, creando e incluso modificando nuevas situaciones que no estaban contenidas en la legislación nacional. Al respecto, se sostuvo que:

“En ese sentido, es pertinente advertir que esta Sala en anteriores oportunidades ha explicado que el artículo 137 de la Constitución prevé el principio de legalidad, conforme al cual la Administración sólo puede obrar cuando haya sido legalmente facultada, cuestión que constituye una de las características propias del moderno Estado de Derecho, que comporta la subordinación del poder de obrar de la Administración a la Constitución y las leyes; tal asunto ha sido calificado por la doctrina como “una norma sobre normación”, que comporta el establecimiento de las relaciones entre el ordenamiento jurídico en general y el acto o actos emanados de la Administración.

(...)

De las normas anteriormente transcritas se aprecia el carácter estratégico de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Viviendas, en el marco de la garantía integral y efectiva del derecho a la vivienda adecuada y un hábitat digno, asimismo, la declaración de interés público general, social y colectivo de toda la materia relacionada con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, pensión, habitación o residencia que se realizó en la mencionada Ley.

En ese sentido, los fines supremos determinados de igual forma en la aludida ley, conllevan a otorgar a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas (SUNAVI) como órgano encargado en materia de arrendamiento de vivienda, la facultad de velar por el cumplimiento de estos fines, con el objeto de lograr la implementación progresiva de los mismos, encontrando entre éstos, el poder establecer sanciones e indemnizaciones desde una visión preventiva y restitutiva, tendientes a forjar que los ciudadanos y ciudadanas se abstengan de violar la nombrada Ley, y que se vean obligados a la reparación de los daños causados a la sociedad, las familias y las personas con sus acciones irregulares.

En virtud de tales fines declarados en materia de Arrendamientos y vistas las atribuciones otorgadas a la Superintendencia demandada en su artículo 20 para ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección y control como órgano autorizado para el cumplimiento de éstas, se entiende facultada por ley para dictar la Providencia Administrativa Nro. 00042. Así se establece.

Ahora bien, no obstante que la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas (SUNAVI), tiene la facultad para dictar normas en materia inquilinaria, esta Sala advierte que la garantía de la reserva legal se encuentra referida a una limitación formal a la potestad reglamentaria y un mandato específico del Constituyente al Legislador para que sólo este último regule ciertas materias en sus aspectos fundamentales, es decir, que la reserva legal no sólo limita a la Administración, sino también de manera relevante al Legislador.

En este orden de ideas, en la doctrina se ha venido afirmando que la reserva legal ha adquirido una nueva dimensión, pues no es tanto el deber del legislador de regular, él mismo directamente, las materias reservadas a la ley, como el que tenga la posibilidad efectiva de hacerlo y decida si va a realizarlo directamente o a encomendárselo al Poder Ejecutivo. De modo que, se infiere que la reserva legal implica una prohibición al reglamento de entrar por iniciativa propia en el mencionado ámbito legislativo, pero no prohíbe al legislador autorizar al Poder Ejecutivo para que así lo haga. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 1947 de fecha 11 de diciembre de 2003).

(...)

De la sentencia parcialmente transcrita, se evidencia que esta Máxima Instancia constató del contenido de las normas establecidas en la Providencia Administrativa Nro. 00042 de fecha 27 de marzo de 2014, que ciertamente violó la reserva legal, pues creó tipos legales y sanciones que no estaban contenidas en la Ley formal y además de ello modificó otros que ya estaban expresados legalmente en la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en tal sentido, por contrariar la reserva legal contenida en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo se declaró la nulidad absoluta de los artículos 3°, 4°, 5° y 7° del aludido acto y firmes los artículos 1°, 2° y 6°, al considerarlos -estos últimos- conforme a Derecho.

Bajo esta óptica, es forzoso entonces para esta Sala considerar que existe un decaimiento de la pretensión en cuanto a la denuncia de violación a la garantía de la reserva legal en materia de procedimientos y sanciones, pues ya existe un pronunciamiento -al respecto- por este Alto Tribunal, el cual se reitera en este fallo. Así se establece”.

Sobre el contrato de trabajo por obra determinada

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/307895-0398-51119-2019-18-299.HTML

Mediante sentencia N° 398 del 5 de noviembre de 2019, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que el contrato de trabajo por obra determinada durará por todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará al finalizar la parte que corresponde al trabajador dentro de lo proyectado. En caso de incumplimiento por parte del patrono, el trabajador será indemnizado a través del pago del salario que devengaría hasta la finalización de la obra. En concreto, se afirmó que:

“Alegan los formalizantes actores, el haber sido despedidos de forma injustificada antes de la culminación de la obra determinada para la cual habían sido contratados, motivo por el cual demandan el pago de la indemnización de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y demás beneficios laborales.

Denuncian los recurrentes en su escrito, que la alzada no aplicó la consecuencia establecida en el mencionado artículo 83, no acordando a favor de los trabajadores la indemnización de daños y perjuicios que prevé dicha normativa y demás beneficios laborales e infringió el principio de la sana crítica y, por lo tanto, el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, así como, el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, relativo a la prueba de exhibición de documentos, en razón de que la indemnización reclamada resulta procedente en derecho y, se evidencia de autos elementos de prueba (contratos de trabajo y exhibición de minuta de reunión) necesarios para proyectar la fecha de finalización de la obra y estimar la indemnización por daños y perjuicios, sin embargo, la recurrida negó el reclamo y señaló que era imposible determinar la fecha de culminación de la obra “Fase 300” para la que fueron contratados los demandantes.

En relación con el vicio de infracción de ley por falta de aplicación de norma jurídica, esta Sala en reiterada jurisprudencia ha establecido, que el mismo tiene lugar cuando el sentenciador conociendo la existencia de la norma que resolvería la controversia niega su aplicación y vigencia al caso concreto, y que de haberla empleado, el dispositivo del fallo sería otro.

(...)

Las disposiciones precedentemente citadas regulan la figura del contrato de trabajo para obra determinada y los elementos que permitirían calificarlo, el cual durará por todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará al finalizar la parte que corresponde al trabajador dentro de la totalidad proyectada, lo que implica que esto debe ser expresado con toda precisión en el contrato; así como las indemnizaciones que corresponden al trabajador que se retire por motivos justificados antes de la conclusión de la obra, representadas por una indemnización de daños y perjuicios, ya tasada por el legislador en el equivalente al importe del salario que devengaría el trabajador hasta la finalización de la obra o el vencimiento del término, al guardar relación necesaria con el salario siendo que el trabajador es el afectado por el incumplimiento, más la indemnización por despido injustificado contemplada en el artículo 92 de la referida ley sustantiva laboral”.