Sentencia:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/205832-01323-301117-2017-2017-0737.HTML
Mediante sentencia N° 1323
del 30 de noviembre de 2017, la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio según el cual la prescripción
como medio de extinción de la obligación tributaria se encuentra condicionada a
la coexistencia de determinados supuestos como lo son: (i) la inactividad o
inercia del acreedor; (ii) el transcurso del tiempo fijado por la Ley; (iii) la
invocación por parte del interesado; (iv) no haber sido interrumpida; y (v) que
no se encuentre suspendida. En concreto, la Sala afirmó lo siguiente:
“De estas condiciones concurrentes
deriva que el instituto de la prescripción extintiva aplicado a las
obligaciones tributarias, está sustentado sobre la base del abandono, silencio
o inactividad del acreedor, durante un período legal concreto que le origina
consecuencialmente la pérdida de su derecho frente al deudor.
Asimismo, es posible que el término de prescripción sea interrumpido, lo
cual trae como consecuencia la desaparición del tiempo transcurrido, y genera
que el período de prescripción se reinicie con un nuevo cómputo a partir de la
materialización de la acción que lo interrumpió, mientras que al ocurrir una
causa de suspensión, el tiempo transcurrido hasta entonces permanece vigente y
se computa con el que continúa a partir del momento en que cesa la suspensión.
Respecto a este tema, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en la sentencia Nro. 1120 del 17 de noviembre de 2010, caso: Distribuidora Algalope, C.A., sostuvo
lo siguiente: “(…) es necesaria
una actuación [por parte del órgano exactor] en la cual la conducta desplegada deje en claro la
intencionalidad de la potestad administrativa ejercitada, es decir, que del
acto en cuestión quede claro que la facultad es ejercitada para proceder al
cobro o la intención de cobro de una determinada obligación tributaria, es
decir, que el acto en cuestión se baste a sí mismo en cuanto a su contenido
para expresar que la administración tributaria pretende fiscalizar los tributos
declarados para determinar si las cantidades enteradas se correspondían con la
obligación legal preestablecida (…)”. (Agregado de esta Sala Político-Administrativa).
En otro sentido, el artículo 62 del Código Orgánico Tributario de 2001,
aplicable ratione temporis,
prevé la suspensión del término prescriptivo por el ejercicio
de un recurso administrativo hasta por sesenta (60) días hábiles después de
haber sido decidido, bien sea en forma expresa o tácita.
Con relación a esta última figura, la Sala ha establecido que no pueden
considerarse iniciados los sesenta (60) días hábiles para que cese la
suspensión del término de prescripción, a partir del momento cuando el órgano administrativo decide el
recurso administrativo fuera del lapso legalmente establecido, pues “(…) en caso que (…) no decidiera el recurso jerárquico, la
suspensión sería indefinida en el tiempo (…)”. (Vid.,sentencia Nro. 01647 del 30 de
noviembre de 2011, caso: Bodegón
Eurolicores, C.A.).
(…)
Bajo la óptica de lo señalado, observa esta Superioridad que de acuerdo
a lo contemplado en las Leyes de Impuesto sobre la Renta de 1999 y 2001,
aplicables en razón del tiempo, el ejercicio fiscal del referido tributo es
anual, por lo que en la causa bajo análisis el término de prescripción de la
obligación tributaria referida al ejercicio fiscal coincidente con el año civil
2001, comenzó a contarse a partir del lunes 1° de abril de 2002 y
la correspondiente al año calendario 2002 comenzó su cómputo desde
el martes 1° de abril de 2003, conforme al criterio jurisprudencial
fijado en la sentencia Nro. 1088 dictada por esta Alzada el 22 de julio de
2009, caso: Inversiones Rio
Borojo, S.A., según
el cual se excluye del cómputo de la prescripción, el lapso reglamentario de
tres (3) meses para declarar y pagar el impuesto sobre la renta.
(…)
En armonía con lo antes expuesto, cabe enfatizar que de no admitirse el
recurso jerárquico dentro del lapso legalmente establecido, no podría abrirse
la causa a pruebas de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 251 eiusdem, por cuanto ello supone la
admisión previa de dicho recurso, y tampoco podrían iniciarse los cómputos de
los sesenta (60) días continuos que tiene el órgano recaudador para decidir el
recurso en comentario, y el de los otros sesenta (60) días hábiles de
suspensión de la causa, contados a partir de la decisión del prenombrado
recurso administrativo de la manera indicada en el artículo 62 del citado Texto Normativo.
Razón por la que, a juicio de esta Sala, a los efectos del cómputo de la suspensión del término prescriptivo, cuando la Administración Tributaria admita el recurso jerárquico fuera del lapso previsto en el artículo 252 del Código de la especialidad de 2001, aplicable ratione temporis, los lapsos para abrir la causa a pruebas o decidir el recurso jerárquico, según corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 251 y 254eiusdem, se iniciarán al día hábil siguiente al vencimiento de los tres (3) días hábiles señalados en la primera de las referidas normas, pues de considerarse que la suspensión de la prescripción se mantiene indefinida en el tiempo a la espera de una actuación de la Administración, se estaría creando una limitación no estatuida por el Legislador al momento de regular la figura jurídica de la prescripción. (Vid., fallo de este Alto Tribunal Nro. 00836 del 9 de julio de 2015, caso: Tienda Casablanca, C.A.). Así se declara” (énfasis añadido por la Sala).
Razón por la que, a juicio de esta Sala, a los efectos del cómputo de la suspensión del término prescriptivo, cuando la Administración Tributaria admita el recurso jerárquico fuera del lapso previsto en el artículo 252 del Código de la especialidad de 2001, aplicable ratione temporis, los lapsos para abrir la causa a pruebas o decidir el recurso jerárquico, según corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 251 y 254eiusdem, se iniciarán al día hábil siguiente al vencimiento de los tres (3) días hábiles señalados en la primera de las referidas normas, pues de considerarse que la suspensión de la prescripción se mantiene indefinida en el tiempo a la espera de una actuación de la Administración, se estaría creando una limitación no estatuida por el Legislador al momento de regular la figura jurídica de la prescripción. (Vid., fallo de este Alto Tribunal Nro. 00836 del 9 de julio de 2015, caso: Tienda Casablanca, C.A.). Así se declara” (énfasis añadido por la Sala).
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