Mediante sentencia N° 158
del 12 de junio de 2019,
la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
reiteró que el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo castiga es
la incomparecencia voluntaria y sin justa causa de la parte demandada,
situación contra la cual sí podrá alegar y probar el contumaz en segunda
instancia, a través del recurso de apelación que se oye, de conformidad con la
norma que se transcribió, en ambos efectos. En tales casos, la parte confesa
podrá justificar su incomparecencia en la existencia de un caso fortuito o
fuerza mayor, circunstancias que conllevarían a la revocatoria del fallo y
reposición de la causa al estado de celebración de nueva audiencia preliminar
en la que, si comparece, ahora sí, oportunamente, tendrá plena posibilidad de
defensa respecto del fondo del asunto. En concreto, se señaló que:
“De lo anterior, se
evidencia que la recurrida aplicó el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo y en ese contexto procedió a analizar si los conceptos demandados
se ajustaban a la normativa legal, siendo ello concluye que no se demuestra el
hecho ilícito del patrono, condición que considera necesaria para declarar la
procedencia de los conceptos de lucro cesante e indemnizaciones derivadas de la
responsabilidad subjetiva establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo.
De modo tal, que el ad quem, pese a la incomparecencia de la parte demandada, no
acuerda los conceptos reclamados de indemnización por responsabilidad subjetiva
establecida en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo y el lucro cesante por considerar que correspondía al
accionante la demostración del hecho ilícito del patrono para acordar su
procedencia.
(...)
De lo anterior se desprende que ante la
incomparecencia del demandado a la apertura de la audiencia preliminar, la
ley tiene por admitidos los hechos alegados por el actor en su demanda y,
por tanto, debe decidirse conforme con dicha presunción; el demandado tendrá la
posibilidad de extinguir tales efectos procesales, si por ejemplo, certifica
el pago de lo condenado; es decir, desvela la pretensión como contraria
a derecho.
(...)
Es conteste la jurisprudencia en afirmar que la
consecuencia jurídica de admisión de hechos se corresponde a una sanción que se
impone a la parte demandada en caso de incomparecencia a la apertura de la
audiencia preliminar, lo cual no conlleva a la violación del derecho a la
defensa de la parte demandada, ya que la misma tiene la posibilidad de ejercer
el recurso correspondiente para demostrar los motivos que le impidieron
comparecer a la audiencia preliminar, por lo que la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, contiene un mandato dirigido al juez de Sustanciación, Mediación y
Ejecución, a los fines de que dicte su sentencia, con fundamento a la
admisión de los hechos alegados por el accionante, en su libelo de demanda,
por lo que debe revisar si lo peticionado es contrario a derecho, por
consiguiente, entrando a analizar los conceptos reclamados, conforme a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
En este mismo orden de ideas, no se corresponde con
el espíritu y propósito de la norma endilgarle al trabajador la carga procesal de demostración de
hechos que han quedado admitidos conforme a los planteamientos del escrito
libelar,
siendo ello así los jueces deben ser garantes del cumplimiento irrestricto de
la ley y en este sentido, conforme a lo establecido en el artículo 131 del
texto adjetivo laboral solo le corresponde al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución
revisar si es contraria a derecho la petición del demandante, en tal sentido,
no resulta ajustado a derecho en el caso concreto bajo análisis negar la
procedencia de los conceptos reclamados, habida cuenta primeramente de que el actor acompaña los medios de
pruebas que acreditan la enfermedad ocupacional que padecía y el hecho ilícito
que sirven de sustento para los conceptos de lucro cesante y responsabilidad subjetiva,
aunado a ello no le es dada al actor la oportunidad de evacuar las pruebas promovidas, con ocasión a la
admisión de hechos, de modo que se evidencia que en el presente asunto el juez debió acordar los
conceptos de lucro cesante y responsabilidad subjetiva al no resultar
contrarios a derecho los mismos y al quedar admitidos los hechos libelados que fundamentan su
procedencia. Así se resuelve”(énfasis añadido
por la Sala).
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