SC/TSJ sugiere reformar la LOTTT

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/204555-758-271017-2017-17-452.HTML

Mediante sentencia N° 758 del 27 de octubre de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sugirió a la Asamblea Nacional Constituyente y al Presidente de la República reformar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, con el objeto de que las Inspectorías del Trabajo cuenten con las competencias necesarias para ejecutar forzosamente los actos administrativos que dicten. A tales efectos, la Sala señaló lo que sigue:

“Es por ello que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y ante las limitaciones con las que contaban las Inspectorías del Trabajo para el logro de sus competencias en la legislación derogada, estableció diversas y novedosas funciones en orden a de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y la solución en sede administrativa de la respectiva controversia, pudiendo en todo caso al ordenar reenganches y pagos de salarios caídos, tal como lo establece el artículo 425 eiusdem, dar pleno cumplimiento al principio de ejecutividad y ejecutoriedad que caracteriza a los actos administrativos haciendo uso de la facultad de solicitar tanto el apoyo de la fuerza pública, como la actuación del Ministerio Público en los casos que ocurra obstrucción por parte del patrono, tal como lo establece el artículo 512 del texto legal en referencia.

(…)

De manera que no pasa inadvertido para esta Sala, que la eficacia en la ejecución o materialización de las providencias administrativas que ordenan el reenganche y pago de salarios caídos, resulta fundamental para la satisfacción de la pretensión del trabajador, ya que en caso contrario se atentaría directamente con el derecho a percibir el salario previsto en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual constituye uno de los elementos esenciales para garantizarle al trabajador y a su familia una subsistencia digna, siendo que su pago oportuno constituye una eficaz protección del trabajo como hecho social fundamental para el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular basado en el esfuerzo conjunto, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y la promoción de prosperidad moral y económica del pueblo (Cfr. Sentencia  de esta Sala N° 5 del 19 de enero del 2017).

Asimismo, esta Sala observa por notoriedad judicial que ante la imposibilidad de ejecutar eficazmente las providencias administrativas, los trabajadores acuden a interponer solicitudes de cumplimiento de las mismas ante los Juzgados de la jurisdicción laboral –cfr. Sentencias de la Sala Político Administrativa Nros. 278 del 29 de marzo de 2017, y N° 1026 del 28 de septiembre de 2017, entre otras–, pero la falta de ejecución de las providencias administrativas dictadas por la Inspectoría del Trabajo se erigen materialmente en una afectación de los derechos fundamentales de los trabajadores, tal como se señaló supra particularmente el derecho al salario al que tiene todo trabajador, el cual será inembargable y pagado periódica y oportunamente en moneda de curso legal, (artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), con lo cual cuando el trabajador que es beneficiario de una medida de protección dictada por un órgano competente como lo es la Inspectoría del Trabajo, no logra o se le priva por la negativa del patrono de pagar los salarios caídos y su reenganche en definitiva se le impide recibir oportunamente esos conceptos con lo cual se le vulneran sus derechos constitucionales.

Es por lo que considera esta Sala que la aplicación del artículo 512 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, si bien constituyó un importante avance en la materia, en las actuales circunstancias podría complementarse con la ampliación o revisión de las competencias legalmente establecidas a favor de las Inspectorías del Trabajo, con el propósito de establecer una normativa dirigida a lograr el efectivo cumplimiento de las providencias administrativas respectivas, pero particularmente aquellas que ordenen el pago de salarios caídos de los trabajadores, pues el derecho al salario afecta o incide directamente en la garantía de otros derechos fundamentales, ya que es por medio de este ingreso que el trabajador debe satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, y en muchos casos no solo para sí mismo, sino también para su aquellos que dependen económicamente de él.

En ese contexto, si la jurisprudencia de este Alto Tribunal y la legislación vigente optó por otorgarle la competencia a las Inspectorías del Trabajo para la tutela inmediata de dichos derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico debe articularse en orden al logro efectivo de tal cometido, estableciendo mecanismos legales idóneos mediante los cuales se le adjudiquen al Inspector facultades que permitan la efectiva materialización de actos administrativos dictados por él, lo cual considera esta Sala se podría alcanzar con una reforma legislativa que en el marco de la garantía del principio de legalidad desarrolle además de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, mecanismos que conlleven a forzar el cumplimiento mediante el apremio sobre el patrimonio de los patronos, como medio directo de ejecución forzosa de los actos administrativos que dictan las Inspectorías del Trabajo, los cuales perfectamente pueden coexistir con medios de ejecución subsidiaria –entre otros– como han sido los procedimientos de multa recogidos en la legislación vigente y derogada en la materia.

(…)

Por las consideraciones expuestas, esta Sala considera oportuno remitir mediante oficio, copia certificada de la presente decisión a la Asamblea Nacional Constituyente y al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines que ponderen el contenido de este Obiter Dictum”.

Certificación de enfermedad ocupacional y delegación

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/204686-0954-301017-2017-17-395.HTML

Mediante sentencia N° 954 del 30 de octubre de 2017, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, determinó -en un caso concreto- que el acto de certificación de una enfermedad ocupacional no estaba viciado de incompetencia, toda vez que el funcionario que lo dictó había actuado en el marco de una delegación de atribuciones. A tales efectos, la Sala señaló lo que sigue:

“En este contexto, se destaca que ha sido criterio reiterado de esta Sala de Casación Social que de acuerdo con lo previsto en el numeral 15 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) tiene entre sus competencias el calificar el origen ocupacional de las enfermedades o de los accidentes del trabajo y para comprobar, calificar y certificar el origen ocupacional de este tipo de afectaciones en la salud de los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 eiusdem, debe mediar: i) Investigación de la presunta enfermedad o accidente de trabajo a cargo del Departamento de Higiene, Seguridad y Ergonomía de la Dirección de Salud de los Trabajadores de cada región, el cual se encuentra formado por un equipo multidisciplinario de profesionales tales como Ingenieros, Higienistas Ocupacionales y Técnicos Superiores en Higiene y Seguridad Laboral y ii) Certificación médico ocupacional, suscrita por médicos ocupacionales que tienen dentro de sus funciones elaborar el informe final de la presunta enfermedad o accidente de trabajo.

Así, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), con fundamento en la Providencia Administrativa N° 1 de fecha 14 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.592 del 27 del mismo mes y año, creó dentro de su estructura, un nivel operativo desconcentrado conformado por las Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores (DIRESAT), hoy Gerencias Estadales de Seguridad y Salud de los Trabajadores (GERESAT), a las cuales se les atribuyó competencias sobre condiciones y medio ambiente de trabajo en el área de prevención, salud, seguridad y bienestar.

Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala aprecia que mediante la Providencia Administrativa Nº 01 del 7 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.335 del 16 del mismo mes y año, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), el Presidente de dicho órgano, ciudadano Néstor Ovalles, en ejercicio de las facultades conferidas mediante la Resolución identificada con el N° 120 del 10 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.325 de la misma fecha, asignó, entre otros funcionarios, al ciudadano Raniero Eduardo Silva Fuenmayor, antes identificado, la competencia para calificar el origen ocupacional de las enfermedades y de los accidentes así como, dictaminar el grado de discapacidad de los trabajadores como consecuencia de una enfermedad ocupacional o un accidente laboral. Dicha providencia es del tenor siguiente:

 (…)

Así pues, con fundamento en lo precedentemente expuesto, se observa que el Presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) delegó, entre otros funcionarios, al ciudadano Raniero Eduardo Silva Fuenmayor “las atribuciones encomendadas a este Instituto, en el artículo 18, numerales 15, 16 y 17” de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, las cuales se refieren a la competencia del referido ente para “Calificar el origen ocupacional de la enfermedad o del accidente; Elaborar los criterios de evaluación de discapacidad a consecuencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales; Dictaminar el grado de discapacidad del trabajador o de la trabajadora”, correlativamente, competencias que ejerce a nivel nacional, en razón de lo cual se entiende que las mismas fueron delegadas en igual medida a los funcionarios designados, puesto que la providencia administrativa citada no contiene distinción al respecto. Así se establece.

Adicionalmente a título ilustrativo, debe advertirse el contenido del numeral 3 del artículo 4 del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Regionales y la Junta Nacional para la Asignación del grado de discapacidad por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales que establece: “Cuando una Geresat no disponga de médico o médica ocupacional, el Gerente o Gerenta Nacional de Salud Laboral, podrá asignar mediante escrito dirigido al Gerente o Gerenta de la Geresat, a otro médico o médica con competencia nacional, para integrar la Junta Regional, de manera tal que se efectúen las reuniones”.

Del mismo modo, importa destacar que el procedimiento administrativo fue iniciado por la ciudadana Jeanoaselly Guevara Cardozo, tercera interesada, quien acudió en fecha 17 de julio de 2013, por ante la entonces Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda “Delegado de Prevención Jesús Bravo”, a los fines de interponer “solicitud de investigación de origen de enfermedad”. Posteriormente, la mencionada Dirección emitió la Orden de Trabajo identificada con las letras y números MIR13-1395, por la cual se designó al funcionario Alain Molina, en su carácter de “Inspector de Seguridad y Salud de los Trabajadores I”, para realizar la respectiva investigación, quien en fecha 8 de octubre de 2013, suscribió el “Informe de Investigación de origen de enfermedad”, el cual fue elaborado en la sede de la entidad de trabajo Atom Travel, C.A., esto es, “Av. Rómulo Gallegos, cruce con Av. Las Palmas, Centro Gerencial Los Andes, Piso 2 y 4, Boleíta Sur (…) Municipio Sucre” del Estado Bolivariano de Miranda y que culminó con la emisión de la Certificación identificada con el alfanumérico CMO: 00047-14, de fecha 2 de abril de 2014, de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores Miranda “Delegado de Prevención Jesús Bravo”, cuya nulidad se demanda, la cual se transcribe a continuación:

 (…)

Así pues, con fundamento en lo antes expuesto, se observa que el médico ocupacional Raniero Eduardo Silva Fuenmayor al suscribir la Certificación identificada con el alfanumérico CMO 00047 del 2 de abril de 2014, que emanó de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores Miranda “Delegado de Prevención Jesús Bravo”, mediante la cual se calificó el origen ocupacional de las enfermedades y dictaminó el grado de discapacidad de la trabajadora Jeanoaselly Guevara Cardozo, tercera interesada, actuó ajustado a las funciones que le fueron conferidas dentro de los límites de su competencia, siendo que en el acto administrativo impugnado se indicó expresamente que el mismo fue dictado conforme a la delegación otorgada mediante la Providencia Administrativa N° 01 del 7 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.335, del 16 del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 2 de la citada providencia”.

Notificación y pérdida del interés procesal

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Octubre/203527-01052-41017-2017-2017-0471.HTML

Mediante sentencia N° 1052 del 04 de octubre de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que, en ningún caso, operará la pérdida del interés procesal después de que la causa haya entrado en estado de sentencia, si previamente no se ha notificado -conforme a lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil- al actor para que manifieste su deseo en torno a la continuidad de la causa. Particularmente, se afirmó que:

“Con fundamento en el criterio jurisprudencial antes transcrito, se puede apreciar que la pérdida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión; o ii) después que la causa entre en estado de sentencia. (Vid., entre otras, las sentencias de la Sala Político-Administrativa Nros. 00781, 00193, 00271, 00826 y 01173, de fechas 28 de julio de 2010, 10 de febrero, 2 de marzo y 22 de junio de 2011, y 3 de noviembre de 2016, casos: Corporación Raymiven Internacional, C.A.; Inversiones La Planicie, C.A.; Resimon, C.A.; Federación de Cooperativas de Transporte de Venezuela; y S.A. Servicios y Construcciones Rodmar (ROD-MAR), respectivamente; así como las decisiones de la Sala Constitucional Nros. 667, 668, 922 y 1274, de fechas 12 de mayo de 2011 las dos primeras, y del 8 de junio y 26 de julio de 2011 las dos últimas, casos: Carlos Vecchio, Juan Pedro Medina González, Elie Habilian Dumat y otro; y FEDECÁMARAS).

De modo que la inactividad de las partes es suficiente para que opere la pérdida de interés, ya que las partes debieron instar a la producción del acto procedimental.

No obstante, es importante resaltar que para que se produzca la pérdida de interés debe notificarse al actor para darle la oportunidad de manifestar su deseo de continuar con el trámite en esa causa, ello en atención a lo consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atinente al derecho a la tutela judicial efectiva. (Vid., fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nro. 1960 de fecha 15 de diciembre de 2011, caso: Neila Judit Negrón Portillo).

Por lo tanto, tan pronto como el Tribunal de mérito verifique la inactividad procesal de la accionante después de haber dicho “vistos” en la causa, debe notificarla antes de decretar la extinción de la acción, por cuanto el Juzgado a quo “(…) no puede presumir la pérdida del interés procesal [no obstante] sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes (…)”. (Vid., sentencia de la Sala Constitucional Nro. 01153 del 8 de junio de 2006, caso: Andrés Velázquez y Andrés Emilio Delmont Mauri, ratificada por esa misma Salaen el fallo Nro. 43 de fecha 19 de febrero de 2008, caso: Instituto de Previsión Social del Abogado, y adoptada por esta Superioridad, entre otras, en las decisiones Nros. 01254, 00608, 00992 y 00404, de fechas 13 de agosto de 2014, 3 de junio de 2015, 6 de octubre de 2016 y 4 de julio de 2017, casos: Madison Learning Center, S.R.L.; Guido Bolívar Correa y otros; Vesuvius Refractarios de Venezuela, C.A.; y Mario Hernández Villalobos, respectivamente). (Corchetes y negrillas de esta Alzada).

 (…)

Bajo la óptica de las consideraciones expuestas, esta Alzada observa que el Juzgado de la causa no dio cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, pues aún cuando libró boleta de notificación a los efectos de que el interesado manifestase su interés en dar por concluido este proceso, a través de un fallo sobre el mérito del asunto; la misma no fue practicada, por cuanto en la dirección suministrada por la recurrente “Avenida Leonardo Da Vinci, Edificio PDVSA Servicios (antes Edificio Lagoven), piso 9, oficina 906, Los Chaguaramos, Caracas”, “funciona es la Universidad Bolivariana”; razón por la que debió en atención a lo dispuesto en el artículo 174 eiusdem notificar a la recurrente mediante “cartel librado a las puertas del Tribunal”, situación no verificada en el caso concreto.

Aunado a lo señalado, es un hecho público, notorio y comunicacional tal como se desprende del expediente judicial al folio 224 [notificación personal recibida y firmada el 21 de mayo de 2014 por la abogada Gabriela Smith, titular de la cédula de identidad Nro. 16.726.671, en la sede de Petroleos de Venezuela, S.A. “(…) PDVSA-La Campiña (…)”] que actualmente la sede de la empresa accionante, está ubicada en la “Avenida Libertador con calle El Empalme, Complejo MinPetróleo-PDVSA, La Campiña, Caracas- Venezuela”, lo que pone de manifiesto el incumplimiento por parte del Sentenciador de instancia de los extremos legales dispuestos en el ya citado artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, circunstancia esta que se traduce en el quebrantamiento del derecho a la defensa de la compañía accionante, más aún al observarse que el Juez de mérito al dictar la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva Nro. 2016-03-005 de fecha 16 de marzo de 2016, declaró la extinción de la acción por pérdida del interés procesal, por considerar que “desde el 26 de septiembre de 2000, fecha en la cual la recurrente consignó escrito de informes (…) hasta el presente (…) no consta actuación de la contribuyente, durante quince (15) años aproximadamente (…)”, sin haber verificado efectivamente si la citada sociedad de comercio se encontraba notificada; bien a través de la notificación personal o mediante “cartel librado a las puertas del Tribunal”, para que manifestase su interés en la resolución de la causa.

En virtud de lo anterior, no procede declarar la pérdida sobrevenida del interés procesal, toda vez que ésta resultaría violatoria del orden público y de los intereses generales protegidos por este Máximo Tribunal, tal como se estableció supra; y en razón que la compañía accionante es una sociedad mercantil cuyo único accionista es el Estado venezolano, la cual goza de los privilegios y prerrogativas que se le conceden a la República, según lo ha reconocido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nro. 281 de fecha 26 de febrero de 2007, caso: PDVSA Petróleo S.A., de allí que corresponde al Tribunal de la causa -vista la importancia que reviste la controversia planteada al estar en juego intereses patrimoniales de la empresa del Estado- conocer del fondo del asunto objeto de examen, una vez que consten en autos las notificaciones del presente fallo a las partes involucradas, y en acatamiento a lo señalado en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 339 del Código Orgánico Tributario de 2014. Así se declara” (énfasis añadido por la Sala).

Silencio administrativo y ejecución de actos administrativos tributarios

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Octubre/203827-01092-171017-2017-2013-0983.HTML

Mediante sentencia N° 1092 del 17 de octubre de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que el silencio administrativo es una ficción legal que agota la instancia administrativa y permite que el interesado acuda a otra instancia con el objeto de impugnar el acto administrativo inicial.

En tal sentido, no es posible oponerse a la ejecución de un acto administrativo sancionador en caso de que la Administración Tributaria no resuelva un asunto en el plazo concedido en la ley. Al respecto, se afirmó que:

“Partiendo del criterio jurisprudencial antes citado, el cual comparte plenamente esta Alzada, y adaptándolo a la materia adjetiva tributaria, es necesario señalar que la garantía otorgada al particular con la ficción legal del silencio administrativo, ha sido concebida en procura de la obtención de una justicia célere, pues se supone la existencia de un interés que requiere ser tutelado dentro de los límites temporales que la norma jurídica dispone expresamente.

Desde esa perspectiva y sin que en modo alguno pueda justificarse la inacción del órgano administrativo al no haber decidido tempestivamente el recurso jerárquico incoado por la empresa accionada en el presente asunto, ello no es razón suficiente para oponer a la ejecución pretendida por la Administración Tributaria la figura del silencio administrativo, pues -se insiste- ésta se erige como un mecanismo que propende al ejercicio del derecho a la defensa, pero que de ninguna manera es discordante con la consecuencia inmediata que produce la falta de decisión oportuna del medio de impugnación administrativa, esto es, que el acto objetado adquiera eficacia al cumplirse el término fijado en el artículo 254 del Código Orgánico Tributario de 2001, entendiéndose denegado el recurso jerárquico.

Bajo la óptica de lo expresado, reitera la Sala que una vez producida la denegatoria tácita del recurso jerárquico -incoado contra la Providencia Administrativa Nro. APM-AAJ-2003-00001507 del 5 de abril de 2004 (bajo cuyo fundamento fue emitida la Intimación de Pago Nro. SNAT-INA-GAP-APMAR-DR-2008-4193 del 21 de abril de 2008)-, derivada del silencio administrativo producido al no haberse decidido el mismo, cesada la suspensión de efectos prevista en el artículo 247 del Código Orgánico Tributario de 2001 y no habiendo ejercido la empresa demandada el recurso contencioso tributario contra tal denegación, la pena pecuniaria contenida en el acto administrativo sancionatorio podía ser exigida mediante el juicio ejecutivo; razón por la cual juzga esta Superioridad que en el caso de autos el Tribunal de la causa incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho por “errónea interpretación de la Ley” denunciado por la representación fiscal, lo que conduce a revocar el fallo apelado. Así se declara” (énfasis añadido por la Sala).

Coordinación de autoridades en productos farmacéuticos

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/204429-01146-251017-2017-2014-0039.HTML

Mediante sentencia N° 1146 del 25 de octubre de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que para tutelar el derecho a la salud y a la vida, que las autoridades aduaneras y de salud dicten una Resolución Conjunta con el objeto de determinar las calificaciones de algunos medicamentos para facilitar el comercio interior. A tales efectos, la Sala señaló lo que sigue:

“Por otra parte, esta Sala Político-Administrativa considera pertinente enfatizar que aun cuando efectivamente corresponde al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), conforme se indicara supra, asegurar la correcta interpretación y aplicación de las normas aduaneras, en casos idénticos al de autos donde resulta involucrada la tutela y la garantía por parte del Estado venezolano del derecho social fundamental a la salud, de rango constitucional, a tenor de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999; este Máximo Tribunal debe promover la sinergia e integración de las competencias y funciones atribuidas a los distintos órganos de la Administración Pública, con el propósito de lograr una perfecta colaboración en resguardo del prenombrado derecho como parte del derecho a la vida, en el sentido de asegurar que, pese al régimen competencial que detentan cada uno de los señalados órganos, el ejercicio de esa encomiable labor no constituya un obstáculo o impedimento para garantizar no sólo el debido y correcto cumplimiento de la normativa sanitaria y aduanera vigente en nuestro país, sino para que, en acatamiento del referido ordenamiento jurídico positivo, se logre por encima de cualquier impedimento formal, cumplir con el deber de tutelar plenamente los derechos constitucionales en comentario.

De esta forma y tal como lo hiciera esta Superioridad en una ocasión precedente (vid., sentencia Nro. 01253 del 13 de agosto de 2014, caso: Abbott Laboratories, C.A.), se insta a las autoridades aduaneras y de salud (entre otras competencias vinculadas), que evalúen la posibilidad de emitir una “Resolución Conjunta” en la que sean armonizadas dentro de su ámbito competencial, las calificaciones que deban recibir determinados productos a objeto de ser clasificados desde el punto de vista arancelario para su comercio interior, en concordancia con los tratados y acuerdos internacionales que haya suscrito la República Bolivariana de Venezuela con otros países, con la finalidad última de resguardar y tutelar plenamente los derechos y garantías consagrados en el Texto Fundamental. Así se dispone” (énfasis añadido por la Sala).

Pago de prestaciones sociales según la LOTTT

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/203812-0880-171017-2017-15-861.HTML

Mediante sentencia N° 880 del 17 de octubre de 2017, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que la diferencia que existe entre los literales a, b y c del artículo 142 de la Lay Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, relativo al cálculo de prestaciones sociales consiste en que los días previstos en los literales a y b se calculan con el salario devengado al momento en que se generó ese derecho, mientras que el literal c se refiere al último salario que se devengaba al terminar la relación de trabajo. En concreto, se afirmó lo siguiente:

“Se observa que el aludido artículo contiene varios supuestos:

El literal a) se corresponde con el cálculo de la garantía de las prestaciones sociales, la cual equivale a un depósito trimestral por la cantidad correspondiente a quince (15) días de salario con base al último salario integral del correspondiente trimestre.

El literal b) ordena un depósito adicional al contemplado en el literal a), a razón de dos (2) días adicionales por año, acumulativo hasta treinta (30) días, para lo cual deberá tomarse en cuenta el salario integral promedio generado en el año a computar, conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 28 de abril de 2006.

Ambos literales convergen en que los mismos generan montos que deben ser depositados, de manera trimestral o anual -según corresponda-, en un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales a nombre del trabajador ó pueden ser acreditadas en la contabilidad de la entidad de trabajo, cuando así lo haya autorizado el trabajador, de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

El literal c) por su parte constituye un cálculo a efectuar al momento de la finalización de la relación laboral, determinando que por cada año de servicio o fracción superior a seis (6) meses le corresponderá al trabajador treinta (30) días de salario computado con base al último salario integral devengado por el trabajador.

El literal d), determina que el trabajador recibirá el monto superior entre la garantía de prestaciones sociales -conformada por los literales a) y b)-, y las prestaciones sociales previstas en el literal c), es decir, deberán realizarse ambos cálculos, considerando que para el cómputo de la garantía de prestaciones sociales se deberá utilizar el salario integral devengado durante el transcurso de la relación laboral, específicamente como se indicó supra con el salario integral del último mes del trimestre a depositar y en cuanto a los días adicionales por año, se computarán con base en el promedio del salario integral del año; y en lo que se refiere al cálculo de lo previsto en el literal c) se efectuará a razón del último salario integral devengado por el trabajador.

Aprecia esta Sala, que en el caso de autos, el juez ad quem al momento de aplicar lo establecido en el literal d) del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, determinó que el cómputo más favorable para el accionante es el de los literales a) y b) -doscientos sesenta (260) días-, que arroja un monto de días superior al que se obtiene aplicando el literal c) -ciento veinte (120) días-, condenando un total de doscientos sesenta (260) días -por cuatro (4) años de servicio- a razón del último salario integral devengado por el accionante. 

De lo cual observa esta Sala, que el juez ad quem interpretó erróneamente la norma in commento, al fundamentar su criterio en la cantidad de días que cada literal arroja, sin detenerse a analizar, que la prestación de garantía de prestaciones sociales contenida en los literales a) y b), incuestionablemente generará una cantidad de días superior a la contemplada en el literal c); radicando entonces su diferencia en el salario percibido por el trabajador. Siendo lo correcto cuantificar la cantidad de días previstos en el literal a) conforme al salario integral percibido para el momento en que se generó el referido derecho -trimestralmente-, y el monto derivado de la aplicación del literal b) a razón del salario promedio integral del año en el cual surgió el derecho, y una vez obtenidos ambos resultados unificarlos, la cantidad resultante, debiendo compararse con el resultado del cómputo realizado conforme con lo establecido en el literal c) eiusdem (con base en 30 días por año o fracción superior a 6 meses) multiplicado por el último salario integral, correspondiendo al accionante la suma superior entre ambos cálculos, es decir, deberá cancelársele al trabajador el monto superior que resulte entre el cómputo de los días establecidos en el literal a) y b) por el salario integral generado en el trimestre a computar y el derivado del cálculo de los días generados por el literal c) a razón del último salario integral” (énfasis añadido por la Sala).

Responsabilidad solidaria tributaria

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/201590-00867-1817-2017-2013-1732.HTML

Mediante sentencia N° 867 del 01 de agosto de 2017, la Sala Polìtico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que en la figura de la solidaridad regulada especialmente tanto en el Código Orgánico Tributario, como en el Código Civil, el obligado solidariamente lo está ‘al lado’ o ‘junto’ al contribuyente, de manera que la Administración puede legítimamente exigir el cumplimiento de la misma al uno o al otro de manera disyuntiva, o mejor, indistintamente a cualquiera de los dos obligados. De esta forma, la solidaridad establece un ‘doble vínculo obligacional’ cuyo único objetivo es el pago del tributo; por eso, la exigencia de cumplimiento a cualquiera de ambos sujetos vinculados no amerita sino el  puro y simple acaecimiento del hecho imponible y la consecuente falta de cumplimiento de la prestación tributaria, sin que la Administración Tributaria deba comprobar a través de un procedimiento administrativo previo a tal exigencia, circunstancias de cualquier otra naturaleza. En particular, se afirmó lo siguiente:

“Al respecto, el tribunal de instancia estimó que  “… en caso de que se trate de responsabilidades solidarias por tributos derivados de los bienes que administren o dispongan; lo serán de acuerdo al Artículo 26 Numeral 2 del Código Orgánico Tributario de 1994, ratione temporis, los directores, gerentes o representantes de la persona jurídica. No obstante, el citado dispositivo prevé en el Parágrafo Único, el alcance de esta responsabilidad, haciéndola efectiva solo cuando (sic) afectado hubiese actuado con dolo o culpa grave; supuestos que no se aparejan en el caso de autos, por apreciarse mas bien negligencia en el cumplimiento de estos deberes formales; por tanto, no se configura la intención de causarlo. En consecuencia, a pesar de que los directores gerentes, o responsables de DISTRIBUIDORA REVEIN, C.A., han desplegado conductas negligentes e imprudentes, en el manejo de ésta, esta Juzgadora considera no procedente la responsabilidad solidaria de los mismos…”.

Por su parte, el apoderado judicial del Fisco Nacional arguyó que la sentencia bajo análisis, incurre en un error de interpretación, al considerar que la figura de la responsabilidad solidaria se hace efectiva, solo cuando el afectado hubiese actuado con dolo o culpa grave, siendo que -a su juicio-, esta responsabilidad solidaria surge por mandato expreso de la Ley.

(…)

Señalado lo anterior, la Sala observa que a los fines de proteger los intereses del Fisco Nacional, el Código Orgánico Tributario desde su promulgación en 1982 hasta el actual de 2014 ha establecido que los directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas son responsables solidarios por los tributos derivados de los bienes que administren o dispongan de sus representados o representadas.

Ahora bien, con el fin de determinar el alcance de dicha responsabilidad, la Sala ha declarado en jurisprudencia reiterada que la Administración Tributaria puede exigir el cumplimiento del pago al o a la contribuyente o sus responsables solidarios o solidarias, de manera indistinta, en los siguientes términos:

(…)

Adicionalmente resulta oportuno señalar que, en el presente asunto, la sanción por incumplimiento de deberes formales, se impuso en orden al supuesto de hecho contenido en el artículo 126, numeral 1, literal a) del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis, el cual tiene lugar cuando por acción u omisión del o de la contribuyente, no se lleven en forma debida y oportuna los libros y registros especiales, de lo cual se infiere que estamos frente a una sanción objetiva, vale decir, que una vez ocurrido el supuesto tutelado por la ley surge aplicable la consecuencia jurídica, sin necesidad de valorar la intención del infractor.

Así, en virtud de lo expuesto, y en aplicación del criterio jurisprudencial transcrito y conforme a lo dispuesto en los artículos 1.221 del Código Civil, 25 y 26 del Código Orgánico Tributario de 1994, vigente en razón del tiempo, la Sala observa que la Administración Tributaria puede exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias líquidas y exigibles al deudor o deudora principal así como a sus responsables solidarios o solidarias en forma indistinta, por lo que resulta procedente exigir el cumplimiento de la obligación tributaria a estos últimos. Así se declara.

Por lo tanto, conforme a lo denunciado por la representación fiscal resulta procedente el vicio de falso supuesto de derecho por errónea interpretación y falsa aplicación de la ley, por lo que se revoca la sentencia apelada sobre ese particular. Así se decide” (énfasis añadido por la Sala).

Sobre la suspensión del Registro Nacional de Contratistas

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/203815-01080-171017-2017-2013-1579.HTML

Mediante sentencia N° 1080 del 17 de octubre de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó que la suspensión del Registro Nacional de Contratistas es una sanción que se impone una vez que se haya resuelto la rescisión del contrato suscrito con la Administración, sin que ello implique violación a la presunción de inocencia. En concreto, se afirmó lo siguiente:

“En este orden, esta Sala de forma reiterada ha dejado establecido que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista prueba en contrario. Este derecho forma parte de los principios y garantías que son inmanentes al debido proceso y que la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela exige tanto a los órganos judiciales como a los de naturaleza administrativa, los cuales deben ajustar sus actuaciones a los procedimientos legalmente establecidos. (Vid., sentencias de esta Sala Nros. 00017, del 8 de mayo de 2003 y 12 de enero de 2011, casos: Petroquímica de Venezuela S.A. Vs. Instituto Nacional de Puertos y Rozaira Velásquez Subero Vs. Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Sistema Judicial, respectivamente).

Precisado lo anterior, debe señalarse que la parte actora denuncia la configuración del presente vicio ya que a su decir, en el acto administrativo “(…) se hace referencia directa al incumplimiento del contratista como un hecho absoluto y como si existiese cosa juzgada respecto al acto administrativo de rescisión unilateral de contrato (…)”.

Así, conviene destacar que la cosa juzgada administrativa requiere de la configuración de tres requisitos necesarios que deben concurrir, para poder determinar su procedencia, a saber: a) debe existir un acto administrativo, b) creador de derechos y, c) ese acto debe ser firme.

En ese sentido, se observa que la demandante alega que se le imputó el hecho por el cual se le sancionó como si existiese cosa juzgada administrativa, no obstante, conforme se verificó en el acápite anterior, la Administración sustanció el correspondiente procedimiento y determinó que la empresa accionante en efecto había incurrido en el incumplimiento que se le imputaba, dictando el consecuente acto administrativo de rescisión sin que conste en el expediente que el mismo siquiera haya sido impugnado.

Por tanto, no evidencia esta Máxima Instancia que en el expediente existan elementos que permitan determinar que medió prejuicio alguno en contra de la parte actora ni que se le juzgó a priori al momento de proferirse la decisión impugnada, o que se le haya considerado culpable de forma absoluta como si existiera cosa juzgada administrativa, pues se insiste, la sanción de suspensión es de carácter objetivo y procede una vez se ha determinado el incumplimiento del contrato con el acto administrativo de rescisión. En razón de ello, el presente vicio resulta a todas luces infundado y por tanto debe ser desechado. Así se establece”. 

Nulidad del Reglamento de Visado de Estados Financieros

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202373-00993-9817-2017-2007-0987.HTML

Mediante sentencia N° 993 del 09 de agosto de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, anuló el Reglamento de Visado de Estados Financieros y otras actuaciones del Contador Público, toda vez que contiene tributos que violan la reserva legal en el ámbito tributario, en lo que se refiere a los aportes ahí previstos. En concreto, se afirmó lo siguiente:

“Se advierte, en el caso del acto impugnado, que la normativa permite que “(…) los Colegios, (…) revisen las actuaciones de los Contadores Públicos para el cumplimiento de las normativas emanadas por la Federación, en cuanto a la forma y presentación así como también con lo relacionado a su Registro Gremial, a su solvencia…” y los siguientes instrumentos transcritos parcialmente, en similares términos definen su objeto en “(…) proteger la identidad del Contador Público Colegiado asociado a actuaciones profesionales, garantizar la integridad de tales actuaciones y verificar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la normativa técnica vigente…”.

Lo anterior permite a esta Sala concluir que el objeto de esos reglamentos, es exclusivamente, prever y regular el visado de las actuaciones relativas a la emisión de dictámenes o certificaciones relacionadas con el ejercicio de la profesión del Contador Público, estableciendo, además, el pago de un “aporte” por tal concepto, y el condicionamiento de la obtención del visado a la solvencia de las cuotas de mantenimiento de los respectivos Colegios, lo cual, como ya se estableció en el presente fallo, constituye un gravamen a las actuaciones de sus agremiados, contraria a lo previsto a los artículos 317 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 3 del Código Orgánico Tributario y 18 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública.

Por tanto, observa este órgano jurisdiccional, que el hecho material de la reedición del acto se manifestó en la aprobación, por parte de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, de nuevos reglamentos semejantes en su contenido y finalidad al aprobado en Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela durante la Asamblea Extraordinaria celebrada por el mencionado Colegio Profesional entre los días 10 y 12 de febrero de 2000.

De lo anterior se concluye que los reglamentos aprobados en Asambleas Extraordinarias de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela celebrada entre el 25 y el 26 de julio de 2008 y el vigente del 11 de junio de 2016, constituyen la reedición del Reglamento anulado por la sentencia impugnada y confirmada por esta Sala.

Hecha la declaratoria anterior corresponde establecer las consecuencias de la reedición. En tal sentido esta Sala, en la mencionada sentencia número 952 de fecha 18 de agosto de 1997 (criterio ratificado en fallos Núm. 946 del 11 de julio de 2002 y 967 del 1° de julio de 2009), estableció lo siguiente:

 (…)

En virtud de ello, debe esta Sala emitir pronunciamiento respecto a la vigencia del reglamento aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuelacelebrada entre el 11 de junio de 2016, por cuanto ambos reglamentos son calificados como objetos plurales de la impugnación, dado que se trata de la reedición del acto administrativo anulado por la sentencia impugnada.

A tal efecto se constata, tal como quedó establecido en el presente fallo, que el acto reeditado fue dictado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, y constituye un nuevo reglamento semejante en su contenido y finalidad al aprobado en Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela durante la Asamblea Extraordinaria celebrada por el mencionado Colegio Profesional entre los días 10 y 12 de febrero de 2000 y que fue declarado nulo por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

En este nuevo reglamento, la referida Federación establece y regula el cobro por el visado, con carácter obligatorio, de las actuaciones relativas a la emisión de certificaciones y dictámenes relacionados con el ejercicio de la profesión de contador público, lo que conforme a lo establecido en la sentencia impugnada y que esta Sala ratifica, constituye un tributo que vulnera el principio constitucional de reserva legal en materia tributaria.

Aunado a ello, como también quedó establecido en la presente decisión, no deben los colegios profesionales, en este caso la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, condicionar el ejercicio de la Profesión al pago de las cuotas de mantenimiento de las actividades gremiales, pues ello constituye una limitación ilegal al ejercicio profesional del contador público y una vulneración del derecho a la igualdad y la no discriminación prevista en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las razones anteriormente expuestas esta Sala extiende los efectos de la sentencia apelada, al reglamento aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela celebrada el 11 de junio de 2016 y, en consecuencia, declara también la nulidad del mencionado Reglamento y de cualquier otro que haya dictado la aludida Federación, de cuyo contenido se advierta la reedición del texto normativo anulado por la sentencia impugnada y que mediante este fallo se confirma. Así se declara” (énfasis añadido por la Sala).

Sobre la ocupación previa en la expropiación

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/septiembre/203358-01011-28917-2017-2013-1331.HTML

Mediante sentencia N° 1011 del 28 de septiembre de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que no se revocarán las actuaciones tendentes a lograr la ocupación previa del bien a expropiarse, aun cuando no sigan con lo establecido en la ley, toda vez que debe prevalecer el interés general que motiva la intención de adquirir forzosamente la propiedad. En concreto, se afirmó lo siguiente:

“Con base en la disposición constitucional antes transcrita, el Estado ante la necesidad de atender debidamente los intereses de la colectividad, puede obtener a través de la expropiación aquellos bienes idóneos para el cumplimiento de los objetivos mencionados con arreglo a las normas que regulan la materia. (Vid. entre otras, la sentencia de esta Sala Nro. 00367 del 24 de marzo de 2011).

En este orden de ideas, se observa que la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.475 del 1º de julio de 2002, regula el procedimiento a seguir para la expropiación forzosa de aquellos bienes que la Administración estime necesarios para la ejecución de alguna obra de utilidad pública, dentro del cual incluye la posibilidad de ocupar previamente los inmuebles objeto de dicha medida, cuando la autoridad a quien competa califique la obra pública como urgente (artículo 56 eiusdem).

Ahora bien, la figura de la ocupación previa permite adelantar los efectos del juicio expropiatorio al autorizar al ente que dicte el Decreto, a ocupar el inmueble sujeto a expropiación, con el objetivo de comenzar la ejecución de las obras que revisten carácter de urgencia.

Cabe resaltar, que jurisprudencialmente se ha admitido que a pesar de que tal medida se encuentra condicionada a la existencia de un juicio de expropiación, su tramitación no es más que una incidencia autónoma a dicho juicio, por lo que no se podrá pretender establecer una conexión o suerte de dependencia entre los requisitos formales de la solicitud de expropiación, y la procedencia y efectos de la ocupación previa. (Vid. entre otras, la sentencia de esta Sala Nro. 1.760 del 18 de noviembre de 2003).

Siendo lo anterior así debe indicarse, que con el objeto de dictar el decreto de ocupación previa, basta verificar el cumplimiento de  los requisitos previstos en el artículo 56 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, los cuales pueden resumirse de la siguiente manera: i) que la obra a ser ejecutada sea de las consideradas como de utilidad pública (artículo 13 de la referida Ley), siendo a este respecto suficiente, que tal condición sea decretada por la autoridad que corresponda, tal y como lo prevé dicha norma; ii) que el ente expropiante estipule la ejecución de la obra como de urgente realización; iii) que se haya introducido ante el tribunal competente la correspondiente demanda de expropiación; iv) que se justiprecie el inmueble por la comisión de expertos a que se refiere el artículo 19 eiusdem,; v) que el ente expropiante consigne con la solicitud de ocupación previa, la cantidad dineraria en que hubiere sido justipreciado el inmueble; vi) que se haya dado el respectivo aviso al propietario y al ocupante; y vii) que se haya llevado a cabo la inspección judicial sobre el bien, a objeto de dejar constancia de las circunstancias que han de tomarse en cuenta para la determinación del justiprecio definitivo.

(…)

Tal como antes se indicó, ha sido criterio reiterado de este Órgano Jurisdiccional que la ocupación previa, si bien se encuentra condicionada a la existencia de un juicio de expropiación, su tramitación es una incidencia autónoma a dicho juicio. Esto quiere decir, que la ocupación previa es considerada como una medida cautelar que adelanta uno de los efectos esenciales de la expropiación, esto es, la posesión por parte del ente expropiante del bien objeto del juicio expropiatorio, a fin de que se dé inicio a la obra (u obras) de utilidad pública o social.

(…)

De acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, la naturaleza cautelar de la ocupación previa no sólo se proyecta positivamente a favor del ente expropiante, sino que, además, el fin preservativo o garantizador frente al expropiado se perfecciona a través del cumplimiento de los presupuestos dispuestos ex/lege para su procedencia, a saber, el avalúo, la inspección judicial y la consignación del monto que refleje el avalúo; este último, a los únicos efectos de: a) que si en el transcurso del juicio expropiatorio, se modifican características o rasgos específicos del bien objeto de la expropiación, se tenga acreditado un precedente que sirva de parámetro comparativo con el avalúo definitivo que dispone la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social y, en tal sentido, para que el justiprecio definitivo se ajuste a la realidad integral del bien expropiado, es decir, para que la indemnización sea verdaderamente justa; y, b) servir de garantía para los daños que podría sufrir el expropiado, en caso de no llevarse a cabo en definitiva la expropiación. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 00898 del 10 de mayo de 2001).

Tales consideraciones la realiza esta Sala por cuanto, si bien en el caso bajo examen el a quo decretó la medida de ocupación previa del inmueble del cual el apelante es copropietario, sin antes haber ordenado entre otras cosas, la constitución de la Comisión de Avalúo prevista en el artículo 19 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, requisito formal esencial para su procedencia, no es menos cierto que, dada la naturaleza cautelar de tal providencia judicial, se impone ponderar en el caso concreto los intereses en juego, a efectos de resguardar los derechos de ambas partes.

En ese sentido, cabe advertir que la ocupación previa de autos fue dictada con el objeto de adelantar los trabajos de construcción de la “Sede para Trabajadores no Independientes del Sector Centro del Municipio Maturín del Estado Monagas” (sic); de manera que, al contrastar el incuestionable fin de interés público que persigue la misma, con el interés particular del copropietario del inmueble expropiado, esta Sala, haciendo una ponderación del interés general involucrado en el presente asunto y en aras de resguardar los derechos de las partes, considera que la medida de ocupación previa decretada por el a quo no debe ser revocada; razón por la cual la petición efectuada por el apelante en este aspecto debe ser declarada improcedente. Así se establece”.