Mediante
sentencia N° 868 del 17 de julio de 2015, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, declaró conforme a derecho la desaplicación por control
difuso del artículo 223 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en lo que
respecta a que la extinción del proceso allí ordenada tiene los efectos indicados en el artículo 271 del
Código de Procedimiento Civil, sólo en aquellas causas en las que se
reclame la reparación de daños ambientales, por contrariar lo dispuesto en el
artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Como
consecuencia de ello, podrá presentarse la demanda sin necesidad de esperar a
que transcurran 90 días continuos calendarios luego de que se haya declarado la
extinción del proceso por la ausencia de las partes a la audiencia probatoria
indicada en esa norma. Sobre este particular, se señaló que:
“Las normas constitucionales contenidas
en los artículos 2, 26, 49 y 257 y que fueron transcritas supra establecen por
un lado la preeminencia de la justicia como uno de los valores superiores del
Estado Venezolano, el derecho de acceso a la justicia y a que la misma sea
accesible, expedita y sin dilaciones
indebidas; al debido proceso, consagrando el proceso judicial como la
herramienta para el logro de tales objetivos sin que se convierta en obstáculo
estableciendo claramente que el proceso no es el fin sino el medio para el
alcance de tales objetivo y no puede configurarse en un obstáculo para el logro
de la justicia.
La Sala considera que la extinción del proceso luego de la ausencia de
ambas partes al debate probatorio no es sino un medio de garantizar la rapidez
y la fluidez de los procesos, procurando que la emisión de la sentencia
definitiva responda al interés de al menos una de las partes que justifique la
continuación del juicio hasta su finalización, que en el caso agrario deberá
ser una decisión que salvaguarde la seguridad alimentaria de la Nación. La
prohibición de admitir la acción propuesta antes del transcurso de los noventa
(90) días a los que se refiere el artículo 271 del Código de Procedimiento
Civil, viene a agravar la situación procesal de la actora, para que esta tenga
especial cuidado en el impulso de los procesos instaurados, pues la
inadmisibilidad de la demanda implica un riesgo en la extinción del derecho
subjetivo por aplicación de los institutos de la caducidad y la prescripción.
(…)
Ahora bien, en materia agraria no se ha establecido la irrenunciabilidad
de los derechos involucrados a favor de alguna de las partes ni, como en el
caso de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se ha establecido algún régimen
destinado a facilitar el ejercicio de las acciones agrarias frente a la
posibilidad de que opere el lapso de prescripción. Tampoco se deriva tal conclusión
de lo establecido en los artículos 305 y 307 de la Constitución que sirvieron
de fundamento a la desaplicación.
Ahora bien, en este caso no solo está involucrada la materia agraria
sino también a la ambiental pues, la demanda originaria pretende la reparación
de daños ambientales producto de actividades supuestamente ilegales en un fundo
con vocación agraria, que tendrían incidencia en la erosión del suelo y la
disminución del flujo de la cursos de agua de la zona, producto de la
alteración de sus áreas protectoras.
(…)
Esa irrenunciabilidad de los derechos a la reparación de daños
ambientales impone la desaplicación de la última parte del artículo 223 de la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario a las causas donde se exija responsabilidad
por daños ambientales derivados de la actividad agraria u ocurridos en zonas
agrarias pues, el restablecimiento perseguido en esos casos no se limita a la
compensación económica del o los particulares sino, con carácter preeminen el
restablecimiento de los bienes ambientales”.
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