Mediante
sentencia N° 1173 del 28 de agosto de 2015, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, declaró la constitucionalidad del Decreto N°
1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se
declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, Pedro María Ureña,
Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del Estado Táchira,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015, conforme al artículo 339 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ello por cuanto el Decreto
en cuestión cumple con los principios y normas contenidos en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos
humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la Ley
Orgánica sobre Estados de Excepción. En concreto, se señaló que:
“En la doctrina patria, los estados de
excepción han sido definidos como circunstancias extraordinarias dotadas de la
característica de la irresistibilidad de los fenómenos y la lesividad de sus
efectos, que se plantean en un régimen constitucional, afectando o amenazando
con hacerlo a sus instituciones fundamentales, impidiendo el normal desarrollo
de la vida ciudadana y alterando la organización y funcionamiento de los
poderes públicos (Rondón de Sansó, Hildegard. El Régimen de los estados de
excepción en la Constitución de 1999, en Cuatro Temas Álgidos de la
Constitución Venezolana de 1999. Caracas. 2004).
(…)
En ese sentido, el Decreto que declara el estado de excepción es un acto
de naturaleza especial, con rango y fuerza de ley, de orden temporal, con
auténtico valor que lo incorpora al bloque de la legalidad y que está por
tanto, revestido de las características aplicables de los actos que tienen
rango legal ordinariamente, y más particularmente concebido en la categoría de
actos de gobierno. Ello tendría su asidero en las especialísimas situaciones fácticas
bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que
impone la gravedad o entidad de las afectaciones que el Poder Público, con
facultades extraordinarias temporarias derivadas del propio Decreto, está en la
obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del
Estado, sus instituciones y la sociedad en general, debiéndose cubrir, desde
luego, los preceptos y límites que la Carta Magna consagra.
(…)
Adicionalmente, se aprecia claramente que la medida declarativa del
estado de excepción, obedece a la meritoria necesidad de proteger a las
instituciones, expresión directa del Poder Público y a la sociedad, que fueron
rebasados en sus funciones y derechos de control y paz social en los municipios
sobre los cuales versa el Decreto sometido a examen, tal como se señalará más
adelante al aludir al hecho público comunicacional sobre las acciones que ha
venido desplegando el Poder Público, siendo ineludible para el restablecimiento
del orden interno y el normal desenvolvimiento de las zonas afectadas, el
resguardo y ponderación de las garantías esenciales protegidas, tanto nacional
como internacionalmente, según la ley.
Como se observa, el ciudadano Presidente de la República atendió una
situación alarmante y grave, por los distintos hechos ocurridos en los
municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y
Rafael Urdaneta del estado Táchira, a fin de controlar eficazmente el flagelo
del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas,
entre otras conductas delictivas, tanto análogas como conexas que rompen el
equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia pública cotidiana y la
paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano,
así como la situación respecto a la moneda venezolana en la frontera, lo que
constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta los hechos que han
venido reportando los medios de comunicación y las acciones pertinentes con las
medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, pudiendo citar las siguientes
reseñas a título enunciativo:
(…)
De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende
procedente, que el Ejecutivo Nacional, con vista en las circunstancias
presentadas en la región fronteriza del estado Táchira, emplee las herramientas
que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto, en
cumplimiento –tal como lo manifiesta el Decreto- del deber irrenunciable e
ineludible del Estado Venezolano de defender y asegurar la vida digna de su
ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a las amenazas, haciendo efectivo
el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el
acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera
necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de
tranquilidad y estabilidad.
Ello así, se observa que el Decreto sub examine dispone las medidas oportunas,
destinadas a resolver satisfactoriamente la anormalidad o crisis e impedir la
extensión de sus efectos, con lo cual cumple con lo dispuesto en el artículo 11
de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. En tal sentido, se observa que
con la finalidad de resolver las circunstancias que amenazan el pleno goce y
ejercicio de los derechos de los habitantes de los referidos municipios, y en
general, de todos los habitantes del territorio nacional, vinculados al
paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, el Decreto
objeto de examen de constitucionalidad dispuso de manera ponderada las medidas
que consideró necesarias el Ejecutivo Nacional, proporcionales a los elementos
fácticos detectados, dentro del tiempo que establece la ley y de manera
suficientemente razonada, en completo acatamiento de lo establecido en el
artículo 337 del Texto Fundamental, sin haber restringido de ninguna forma o
intensidad, expresa ni tácita, las garantías constitucionales a que hacen
referencia tal dispositivo Constitucional, y los artículos 2 y 4 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
De la misma manera, se observa que el Decreto objeto de examen de
constitucionalidad, preserva y ratifica la plena vigencia de los Derechos
Humanos y el resto de los derechos y garantías constitucionales y demás
previstos en el ordenamiento jurídico, desprendiéndose de ello la configuración
de otro elemento en el examen de constitucionalidad, a favor de la plena
adecuación a los preceptos y límites que se coligen del Texto Fundamental, a
ser observados cuando el Jefe del Estado ejercita las facultades de
declaratoria de Estados de Excepción. El Decreto, por tanto, preserva y no
implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser
restringidas por expreso mandato constitucional.
Esta Sala considera atinado referir que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, así como la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción,
disponen normas precisas en cuanto a la materia de deberes generales de la
ciudadanía, y particularmente bajo la vigencia de un estado de excepción
decretado conforme al Texto Fundamental,
destacando que toda persona natural o jurídica, de carácter público o
privado, está obligada a cooperar con las autoridades competentes para la
protección de personas, bienes y lugares, y que el incumplimiento o la
resistencia a esa obligación de cooperar prevista en el artículo 17 de la
aludida Ley, será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las respectivas
leyes”.
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