miércoles, 18 de abril de 2018

Código de la Legislación Local Iberoamericana


La Editorial Jurídica Venezolana Internacional publicó el DIGO DE LA LEGISLACIÓN LOCAL IBEROAMERICANA, compilado por Armando Rodríguez García y Antonio Silva Aranguren. La obra recoge los textos de la Legislación sobre Régimen Local vigente en los diferentes países de Iberoamérica y puede adquirirse aquí.

Oportunidad para reformar las demandas de nulidad

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/209321-0272-9418-2018-15-818.HTML

Mediante sentencia N° 272 del 09 de abril de 2018, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que las reformas de las demandas de nulidad ejercidas contra actos administrativos solo puede realizarse previo a la Audiencia de Juicio prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En concreto, se sostuvo que:

No obstante, previamente, y antes de entrar a conocer esta denuncia, esta Sala de Casación Social debe resolver el argumento esgrimido por el representante judicial del trabajador, quien en su escrito de contestación a la apelación arguyó que la incompetencia de la funcionaria actuante fue alegada por el recurrente en la audiencia de juicio y no en el instrumento libelar, es decir, que trajo en ese momento nuevos alegatos no argüidos en la pretensión inicial.

Al respecto, se observa que la Sala Político-Administrativa de este Alto Tribunal ha considerado “…que la incorporación de nuevos alegatos por parte de la representación judicial actora constituye una reforma del recurso, por lo que debe esta Sala precisar si dicho acto (Audiencia de Juicio) constituye la oportunidad  procesal oportuna para el planteamiento de tal reforma.  (Ver fallo N° 0929 del 12 de junio de 2014, caso: Jorge Alfredo Castillo Santos.
(...)

Aplicando el anterior criterio al caso concreto, se observa que la incorporación de nuevos alegatos (lo cual, como ya se apuntó, equivale a una reforma del recurso) debió ser realizada antes de la contestación del recurso, actuación que en el procedimiento que actualmente se aplica al recurso contencioso administrativo de nulidad, a la luz de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se lleva a cabo durante el acto de la Audiencia de Juicio.

Por tal razón, en el caso de autos la representación judicial actora debió incorporar los nuevos alegatos a través de la figura de la reforma del recurso, y solicitar expresamente la suspensión de la Audiencia de Juicio (en caso que ésta ya hubiera sido fijada) actuación que habría garantizado el debido proceso de la parte recurrida, quien habría sido notificada de la reforma del recurso, concediéndosele el tiempo necesario para la preparación de sus argumentos de defensa (contestación) los cuales serían expuestos durante la referida audiencia. Es de advertir que la falta de diligencia del actor es a tal grado injustificable, pretendiendo hacer ver que la incompetencia alegada era de orden público, cuando no lo es, pues se trata de un órgano con competencia para hacer tales certificaciones”.

martes, 17 de abril de 2018

Revista Tachirense de Derecho Nro. 3

La Universidad Católica del Táchira publicó el Nro. 3, digital de la Revista Tachirense de Derecho, correspondiente al año 2017, la cual puede ser consultada libremente aquí La Revista cuenta con trabajos de Víctor Hernández-Mendible, José Araujo-Juárez, entre otros.

Omisión de procedimiento administrativo previo al desalojo de viviendas debido al interés superior del niño

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/209322-0273-9418-2018-17-169.HTML

Mediante sentencia N° 273 del 09 de abril de 2018, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que en aquellas causas en que medie el interés superior del niño no será necesario seguir el procedimiento administrativo previo con miras a lograr el desalojo de una vivienda, tal y como se encuentra previsto en el artículo 10 de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, todo ello para garantizar una vivienda a los niños. Al respecto, la Sala precisó que:

Del extracto de la recurrida antes transcrito, se desprende que efectivamente el sentenciador de alzada declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el  demandado, anuló la sentencia recurrida, declaró “sin lugar la medida de desalojo” y suspendió la ejecución de la misma, al considerar que la procedencia de la medida en sede judicial estaba supeditada al cumplimiento del procedimiento administrativo previo, contemplado en el Decreto n.° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, quedando establecido en dicho fallo que la parte solicitante de la medida no había agotado el procedimiento administrativo in comento.
(...)

Al margen de lo anterior, por tratarse el presente asunto de un juicio de divorcio contencioso en el cual están involucrados los derechos de los hijos menores de edad de los cónyuges  (S.J. y M.G., cuyos nombres se omiten de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) quienes son sujetos de protección especial tal como lo establece Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, considera prudente esta Sala extender el estudio del caso, en el sentido de precisar el impacto de la decisión tomada por el juez de alzada en la esfera jurídica de los mismos, con preponderancia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, a la luz de la referida Ley especial que rige la materia, así como de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
(...)

En consecuencia, asegurar el disfrute pleno y efectivo de los derechos y garantías de niños y adolescentes, implica que en cada caso en concreto debe dictarse una sentencia de posible cumplimiento, por lo que el órgano judicial en esta especial materia debe velar porque el ejercicio del derecho tutelado se haga lo menos gravoso y dispendioso posible.
(...)

Así las cosas, habida cuenta de la contraposición de intereses existentes entre el progenitor como ocupante del inmueble y sus hijos como sujetos plenos de derecho que por intermedio de su madre como representante y en ejercicio del atributo de custodia, aducen la necesidad de ocupar como vivienda el inmueble objeto de la medida de desalojo, concluye esta Sala que bien pudo el juez de alzada adoptar una decisión distinta, ajustada a derecho sin dejar de lado el interés superior de los niños de autos.

En el caso bajo estudio, el ciudadano GREGORY JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, aduce que ha venido ocupando el inmueble en cuestión como vivienda principal desde que contrajera matrimonio con la ciudadana MARÍA LORENA DÁVILA ORDOÑEZ, señalando además que en la actualidad no tiene otra vivienda de la cual disponer, aunque reconoce que eventualmente deberá abandonar el bien en cuestión (Vid pág. 29); debiendo cumplirse, a su decir,  con el procedimiento administrativo previo establecido en el supra analizado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.
(...)

Con vista a la normativa legal antes citada, resulta evidente que el bien inmueble objeto de la medida de desalojo solicitada por la parte actora y recurrente, es de su exclusiva propiedad pues fue adquirido por ella en fecha 20 de diciembre de 2004, y no fue sino hasta fecha 26 de septiembre de 2007, que la misma contrajo matrimonio con el demandado, tal como se constató de las actas procesales. Aunado ello, las partes celebraron capitulaciones matrimoniales a tenor de los artículos 141, 142, 143 y 144 del Código Civil.

Por otra parte, la ciudadana MARÍA LORENA DÁVILA ORDOÑEZ, progenitora que detenta la custodia de los niños de autos, manifiesta la necesidad de ocupar como vivienda el mencionado inmueble de su entera propiedad, reclamando dicho derecho para sí y sus menores hijos, quienes hasta el momento han vivido con ella en el domicilio de su abuela materna, en tanto el progenitor ha disfrutado enteramente de la vivienda. En razón de lo cual, siendo que fue en un juicio divorcio contencioso en el cual se originó la incidencia, cuya resolución aquí se discierne, el tribunal de primera instancia estaba facultado para dictar cualquiera de las medidas contempladas en el artículo 191 del Código Civil, incluyendo medidas cautelares de carácter provisional de uso de vivienda familiar, por aplicación supletoria conforme al artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 466 de dicha Ley.

Ante esta situación considera la Sala que debe prevalecer el interés superior de los niños de autos, a quienes debe garantizárseles con prioridad respecto de su progenitor, el derecho constitucional a “una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias” como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 82, y en tal virtud, tomando en cuenta el derecho preferente de los niños de autos, considera que son estos quienes deben habitar el inmueble en cuestión, para así garantizarles de manera plena el derecho a una vivienda. Así se declara.

En atención a todo lo anteriormente expuesto, es evidente que en el presente caso no se trata de un desalojo que deba regirse por el procedimiento especial establecido en la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, pues al  estar en juego la protección especial de los niños  S.J. y M.G -cuyos nombres se omiten de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes- al  tratarse de la afectación del derecho a la vivienda familiar, su regulación debe hacerse en base a las amplias facultades inquisitivas de los jueces de protección para  prohijar el disfrute y goce a este derecho constitucional a favor de  niños, niñas y adolescentes, en los casos de divorcio contencioso donde aparezcan involucrados. Así se declara”.

lunes, 16 de abril de 2018

Sobre el aporte al INCES


Mediante sentencia N° 168 del 21 de febrero de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que la contribución patronal del dos por ciento (2%) prevista en el artículo 10, numeral 1 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa de 1970, solo debe ser calculada con base en el salario normal (regular y permanente) del trabajador. Sobre ello, se afirmó que:

Visto lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la consulta de autos, específicamente, con relación a la decisión del Tribunal de mérito de anular “la obligación tributaria impuesta a la recurrente” en la Resolución Culminatoria del Sumario Nro. 2165 del 26 de junio de 2003, derivada de la contribución patronal del dos por ciento (2%) contemplada en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa de 1970, aplicable ratione temporis.

En ese sentido, esta Alzada considera pertinente destacar el criterio jurisprudencial pacífico y reiterado que se ha establecido al respecto, fijado en las decisiones Nros. 00422, 00761, 00836, 00203, 00439, 01547, 0020 y 00296 de fechas 1º de abril, 9 y 10 de junio de 2009; 4 y 19 de mayo de 2010; 23 de noviembre de 2011, 27 de febrero de 2013 y 26 de febrero de 2014, casos: Procter & Gamble Industrial, S.C.A., Comunicaciones Corporativas C.C.D., C.A., Supermercados Unicasa, C.A., Helmerich & Payne de Venezuela, C.A., Laboratorios Ponce, C.A., José Santamaría, S.A., Consorcio Yanes-Pellizzar-DRV y C.A. Central Venezuela, respectivamente, en el cual se ha indicado que:

1.- Los aportes del dos por ciento (2%) gravan el salario normal, es decir, la remuneración percibida por los trabajadores en forma regular y permanente con ocasión de la prestación de sus servicios al patrono.

2.- No forman parte de la base imponible de la aludida contribución del dos por ciento (2%), los pagos realizados por los patronos a sus trabajadores por concepto de: sobretiempo, días feriados trabajados, vacaciones, comisiones y bonificaciones en general, horas extras, ayuda alimentaria, asignación de vehículos, compensaciones y utilidades, por estar excluidos de la definición de salario normal, en virtud de tratarse de remuneraciones complementarias de carácter accidental o extraordinario dirigidas a beneficiar una situación especial de los empleados que no implican un pago regular y permanente, como consecuencia de las labores ejecutadas por éstos durante la jornada ordinaria de trabajo.

Esta Alzada en las anteriores decisiones ha señalado que las utilidades no forman parte de la base imponible de los aportes correspondientes al dos por ciento (2%) establecido en el artículo 10, numeral 1 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa de 1970, motivo por el cual se debe anular de cualquier reparo efectuado por la Administración Tributaria Parafiscal lo concerniente a dicho concepto, así como las multas e intereses moratorios originados del mismo”.

jueves, 12 de abril de 2018

Reconversión Monetaria

En la Gaceta Oficial Nro. 41.366 del 22 de marzo de 2018 se publicó el Decreto Nro. 3.332 dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se estableció que a partir del 4 de junio de 2018, se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a mil bolívares (Bs. 1.000) actuales. El bolívar resultante de esta reconversión, continuará representándose con el símbolo «Bs.», siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes de la citada fecha, deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiéndolo entre mil (1.000). El contenido de ese Decreto es el siguiente:

Artículo 1: A partir del 4 de junio de 2018, se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a mil bolívares (Bs. 1.000) actuales. El bolívar resultante de esta reconversión, continuará representándose con el símbolo "Bs.", siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes de la citada fecha, deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre mil (1.000).

El Banco Central de Venezuela, en ejercicio de sus competencias, regulará mediante Resoluciones de su Directorio todo lo concerniente al redondeo que se aplicará como consecuencia de la reexpresión a la que se contrae el presente artículo.

Artículo 2: Con ocasión de la reconversión monetaria a la que se refiere el artículo 1° del presente Decreto, las obligaciones en moneda nacional deberán contraerse en el bolívar reexpresado. Asimismo, a partir del 4 de junio de 2018, las obligaciones de pago en moneda nacional se solventarán mediante la entrega, por su valor nominal, de los signos monetarios que representen al bolívar reexpresado.

Artículo 3: A partir del 4 de junio de 2018 los precios, salarios y demás prestaciones de carácter social, así como los tributos y otras sumas en moneda nacional contenidas en estados financieros u otros documentos contables, o en títulos de crédito y en general, cualquier operación o referencia expresada en moneda nacional, deberán expresarse conforme al bolívar reexpresado.

Artículo 4:  Las expresiones en moneda nacional contenidas en todo instrumento, acto o negocio jurídico celebrados hasta el 3 de junio de 2018, que mantengan sus efectos legales con posterioridad a dicha fecha, se entenderán automáticamente reexpresados a partir del 4 de junio de 2018, por lo que no será necesario el otorgamiento o celebración de un nuevo instrumento, ni realizar trámite alguno a tales efectos ante los distintos Servicios Autónomos de Registros y Notarías.

Artículo 5:  La reconversión monetaria prevista en el artículo 1° del presente Decreto, se regirá por los principios de equivalencia nominal, fungibilidad y gratuidad, en los términos siguientes:

a) Equivalencia nominal: Todo importe expresado antes del 4 de junio de 2018 será equivalente al importe monetario expresado en bolívares luego de aplicar la conversión prevista en el artículo 1° del presente Decreto.

b) Fungibilidad: Las expresiones contenidas en cualquier medio o instrumento tendrán la misma validez y eficacia cuando se hayan convertido con arreglo a la equivalencia prevista en el artículo 1° del presente Decreto.

c) Gratuidad: La conversión del bolívar, así como la realización de las operaciones previstas en este Decreto o de cualesquiera otras que fueren necesarias para su aplicación, será gratuita para los consumidores y usuarios, sin que pueda suponer el cobro de gastos, comisiones, honorarios, precios o conceptos análogos. Se considerará nulo de pleno derecho cualquier cláusula, pacto o convenio que contravenga lo dispuesto en este literal.

Artículo 6:  El Banco Central de Venezuela queda facultado para regular mediante Resoluciones, todo lo relacionado con la ejecución de la reconversión monetaria objeto del presente Decreto, así como para efectuar todas las actividades conducentes a la debida puesta en circulación de los nuevos billetes y monedas. A estos efectos, los demás integrantes de los Poderes Públicos deberán, en el ejercicio de sus competencias, brindar el apoyo y la colaboración necesarios y facilitarán los medios que coadyuven al cumplimiento del citado objeto, a fin de preparar y asegurar la adecuada y oportuna operación del sistema monetario reexpresado con la debida salvaguarda de los intereses del público.

Artículo 7:  La Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y la Superintendencia Nacional de Valores, velarán por el cumplimiento de este Decreto, actuando cada uno de ellos dentro de las atribuciones y materias que fueren de su específica competencia de acuerdo con la normativa que los rigen.

Artículo 8: Corresponde a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, recibir y tramitar todas las denuncias y reclamos que se susciten en virtud del incumplimiento de alguno de los preceptos contenidos en el presente Decreto, salvo que, por su naturaleza, correspondan ser conocidas por otro órgano o ente de supervisión y fiscalización de conformidad con las leyes que los rijan.

Dichas denuncias y reclamos deberán ser sustanciados y resueltos conforme al procedimiento administrativo especial, previsto en las leyes respectivas.

Artículo 9: El Banco Central de Venezuela, en coordinación con el Ejecutivo Nacional, tendrá la responsabilidad de definir la campaña de comunicación de la reconversión monetaria establecida en el artículo 1° del presente Decreto, la cual tendrá carácter formativo y divulgativo, y se ejecutará a través de todos los medios de comunicación, incluyendo el diseño de iniciativas informativas dirigidas a las comunidades más aisladas.

A tales fines, la campaña integral divulgativa y formativa de la reconversión monetaria asegurará el proceso de aprendizaje en materia de conversión y redondeo de precios, mediante el establecimiento de reglas y ejemplos prácticos que permitan ilustrar los efectos de la reconversión; sensibilizará sobre la importancia y utilidad de la medida de reconversión; advertirá los mecanismos, lapsos y detalles operativos del proceso; enfatizará sobre las características físicas de las nuevas especies monetarias; y recomendará medidas de precaución para proteger a la población.

Las entidades que conforman el sistema financiero y los órganos y entes de la Administración Pública deberán dedicar en sus planes publicitarios, cualquiera sea el medio aplicable a sus operaciones o actividades con el público, un espacio para la difusión de la nueva equivalencia del bolívar prevista en el artículo 1° del presente Decreto, en concordancia con las Resoluciones que dicte el Banco Central de Venezuela sobre la materia.

Artículo 10: Salvo disposición especial en la materia, quien se niegue a realizar la conversión contenida en el artículo 1° de este Decreto o incumplan cualesquiera de las obligaciones establecidas en el mismo, afectando de esa manera el normal funcionamiento del sistema nacional de pagos, serán sancionados administrativamente por el Banco Central de Venezuela de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela.

Artículo 11:  Se exonera del pago del impuesto al valor agregado aquellas actividades u operaciones que constituyan hecho imponible de dicho tributo, que deban realizarse para la producción y distribución de los nuevos billetes y monedas a ser emitidos por el Banco Central de Venezuela de conformidad con el presente Decreto, así como la venta de bienes, prestaciones de servicios e importaciones necesarias para su fabricación, incluidos los servicios relacionados con la puesta en circulación de los billetes y monedas de los bolívares reexpresados, así como aquellas necesarias para la formulación y ejecución de la estrategia divulgativa que deberá efectuar el Banco Central de Venezuela y los órganos y entes del sector público con ocasión de la reexpresión objeto del presente Decreto.

Asimismo, se exonera del pago del impuesto sobre la renta, los enriquecimientos netos obtenidos por aquellas personas que suministren bienes y servicios destinados exclusivamente para la cabal ejecución del proceso de reconversión monetaria previsto en el presente Decreto.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, prestará toda la colaboración necesaria para el trámite expedito de todas las importaciones relacionadas con el objeto del presente Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. A partir del 4 de junio de 2018, los billetes y monedas metálicas emitidos por el Banco Central de Venezuela, representativos de la unidad monetaria que se reexpresa en virtud del presente Decreto, quedarán desmonetizados.

Segunda. A partir del 1° de mayo de 2018 y hasta que el Banco Central de Venezuela mediante Resolución disponga otra cosa, todos los instrumentos por los cuales se ofertan los precios de bienes y servicios así como otros que expresen importes monetarios, emplearán en su referencia tanto la unidad de cuenta previa a la reexpresión a que se contrae el artículo 1° del presente Decreto, como la resultante de esta última. Asimismo, a partir del 4 de junio de 2018 y hasta que el Banco Central de Venezuela mediante Resolución establezca lo contrario, las obligaciones de pago en moneda nacional deberán indicar que se denominan en la nueva unidad mediante la expresión "Bolívares Soberanos" o el símbolo "Bs.S".

Tercera. Las expresiones en moneda nacional contenidas en leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, providencias, circulares, instrumentos o actos administrativos de efectos generales y/o particulares, así como en decisiones judiciales, instrumentos negociables u otros documentos que produzcan efectos legales que hayan sido dictados y/o entrado en vigor, según el caso, antes del 4 de junio de 2018, deberán ser convertidas conforme a la equivalencia prevista en el artículo 1° del presente Decreto.

De igual modo, el papel sellado, los timbres fiscales, estampillas y/o sellos postales, así como cualquier otra especie valorada en bolívares actuales deberán ser utilizados hasta su agotamiento, entendiéndose su valor a partir del 4 de junio de 2018 conforme a la equivalencia establecida en el artículo 1° del presente Decreto.

Cuarta. Corresponde a las personas naturales y jurídicas públicas y privadas gestionar lo conducente para que el 4 de junio de 2018, los sistemas de cómputo y cualquier otro mecanismo empleado por éstos para el procesamiento de los negocios y/u operaciones que realicen y que impliquen la referencia a la moneda nacional, estén adaptados a los fines de expresarla conforme a la reconversión prevista en el artículo 1° del presente Decreto.

A tales efectos, el Banco Central de Venezuela queda facultado para tomar las medidas necesarias y dictar las disposiciones conducentes para facilitar las adecuaciones a que se refiere esta Disposición Transitoria.

Quinta. Los bancos y demás instituciones financieras deberán ajustar sus sistemas y gestionar lo conducente para que el 4 de junio de 2018, estén convertidos en su totalidad los saldos de las cuentas de sus clientes bien sea por operaciones activas, pasivas y otras, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto, e informar dicha conversión oportunamente a través de los medios que se consideren pertinentes; sin perjuicio de la normativa que dicten los organismos de supervisión y fiscalización a tal efecto.

Disposición Final

Única. El presente Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Tratado de Derecho Constitucional - Brewer-Carías

El Dr. Allan R. Brewer-Carías publicó su TRATADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, el cual consta de XVI Tomos, publicado por la Editorial Jurídica Venezolana International, donde recoge toda su obra en la materia escrita durante los últimos cincuenta años. El texto íntegro de todos los Tomos se encuentran en formato pdf en su página web: www.allanbrewercarias.com, donde están disponibles para su consulta y descarga de acceso libre.

Creación de Zonas Petro

En la Gaceta Oficial Nro. 41.366 del 22 de marzo de 2018 se publicó el Decreto Nro. 3.333 dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se crearon como Zonas Petro: La Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Los Roques, Territorio Insular Francisco de Miranda. Paraguaná, estado Falcón. Ureña-San Antonio, estado Táchira, a los fines de incorporarlas al desarrollo de la Minería Virtual y el uso de cripto-activos como elementos estructurales de la diversificación de fuentes de divisas tanto para el desarrollo nacional como de las actividades económicas propias de las citadas áreas. El contenido de ese Decreto es el siguiente:

Artículo 1:  Se crean como Zonas Petro: La Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Los Roques, Territorio Insular Francisco de Miranda. Paraguaná, estado Falcón. Ureña-San Antonio, estadoTáchira, a los fines de incorporarlas al desarrollo de la Minería Virtual y el uso de cripto-activos como elementos estructurales de la diversificación de fuentes de divisas tanto para el desarrollo nacional como de las actividades económicas propias de las citadas áreas.

Artículo 2:  En las Zonas Económicas Especiales referidas se incorporará el potencial generador de toda la actividad de minería virtual vinculada a los cripto-activos como política de Estado del Ejecutivo Nacional, así como el uso y comercialización del Petro y demás cripto-activos que se crearen como mecanismos de pago de bienes y servicios, para fortalecer el desarrollo de la región. En razón de ello, la zona atenderá los campos tecnológicos, informáticos y el desarrollo de tecnologías alternas para el ahorro energético, haciendo uso de estrategias de complementariedad económica con el apalancamiento de inversiones nacionales y extranjeras.

Artículo 3: A los fines del cumplimiento del objeto de la Zona Económica Especial se promoverá y facilitará la utilización del Petro y demás cripto-activos que fuesen creados, en los diferentes estamentos comerciales e industriales, incluyendo el pago por combustible, así mismo, se incorporará al Plan Estratégico de Desarrollo Integral, de acuerdo con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria.

Artículo 4: El Ministerio del Poder Popular de Planificación coordinará con el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, así como con la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana, la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Integral.

Artículo 5:  A efectos de seguimiento y desarrollo del plan y los programas se establecerá en la Unidad de Seguimiento y Gestión del Área, una dirección específica asociada al desarrollo de los cripto-activos. Esta instancia estará coordinada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas.

Formarán, adicionalmente, parte de esta dirección: un representante de la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana y del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

Artículo 6:  A los efectos del presente Decreto, se consideran beneficiarios las venezolanas y venezolanos, extranjeras y extranjeros residentes en las Zonas Económicas Especiales descritas, vinculados con la realización de las actividades de minería virtual, quienes tendrán acceso a los mecanismos de distribución de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de dicha actividad, así como las personas naturales y jurídicas que efectúen actividades comerciales o industriales por medio del Petro.

Artículo 7:  Las personas naturales y jurídicas que lleven a cabo la actividad de minería virtual en las zonas económicas especiales a que se contrae el presente Decreto, así como las que desarrollen su actividad comercial e industrial haciendo uso del Petro podrán contar con los beneficios asociados al desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

No causarán impuestos y derechos arancelarios en el período de Dos (02) años, la importación de bienes que guarden relación directa con equipos electrónicos, informáticos, telemáticos, licencias, software, hardware, plantas para generación eléctrica, equipos de soporte utilizados por los mineros virtuales en sus diferentes algoritmos y aquellos que sirvan para regular el ambiente en los establecimientos o las granjas que desarrollen minería virtual como los equipos de aire acondicionado con destino a regular las altas temperaturas que generen los dispositivos que se implementen para generar o minar los cripto-activos.

Artículo 8: Al Ministerio del Poder Popular con competencia en Economía y Finanzas en conjunto con la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana, les corresponde gestionar ante las autoridades competentes todo lo relacionado con el régimen fiscal y aduanero de las Zonas Económicas Especiales asociados a esta materia.

Artículo 9: El Vicepresidente Ejecutivo de la República, y los Ministros del Poder Popular con competencia en: Economía y Finanzas; Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología; de Planificación, en conjunto con la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana, dictarán por medio de resolución conjunta las normas que sean necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.

Artículo 10:  El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Creación de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN)


En la Gaceta Oficial Nro. 6.371 Extraordinario del 9 de abril de 2018 se publicó el Decreto Nro. 3.355 dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se creó la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), como servicio desconcentrado sin personalidad jurídica, administrado, supervisado e integrado a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera sobre los recursos que le correspondan. El contenido de ese Decreto es el siguiente:

Artículo 1: Se crea la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), como servicio desconcentrado sin personalidad jurídica, administrado, supervisado e integrado a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera sobre los recursos que le correspondan, el cual se regirá por lo dispuesto en este Decreto y demás normativa que le resulten aplicable.

Objeto

Artículo 2: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), tiene como objeto, regular las actividades que ejecutan las personas naturales y/o jurídicas vinculados a los criptoactivos, tales como los contratos de commodities, casas de intercambio virtual y el mercado nacional de los criptoactivos, billeteras virtuales, signos financieros virtuales utilizados en las casas de cambio (exchanges) internacionales, actividades mineras virtuales, entre otros; así como aquellas relacionadas con el sistema de registros de mineros y casas de intercambio virtual y demás sujetos dedicados al ahorro; la intermediación virtual en criptoactivos; y en general, todas las actividades de naturaleza funcionarial que directa y conexamente establezca el presente Decreto.

Reglamento Interno

Artículo 3: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), dictará mediante Reglamento Interno, la estructura organizativa y funcional, según la cual podrá distribuir competencias, crear, modificar o suprimir unidades administrativas. De igual manera podrá establecer su régimen funcionarial, procedimientos internos; y los lineamientos y requisitos que deban cumplir los sujetos a que se hace referencia en el artículo 2° de este Decreto.

Función

Artículo 4: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), tiene como función principal coordinar y controlar las actividades realizadas por las personas naturales y/o jurídicas vinculadas a las actividades de comercialización, circulación y tenencia de los criptoactivos venezolanos; tales como, casas de cambio (exchanges) internacionales, sujetos que ejecutan actividades de minería virtual; así como llevar el Registro de mineros y casas de intercambio virtual y demás entes dedicados al ahorro y a la intermediación virtual de criptoactivos; y en general todas las actividades directas y conexas desarrolladas en el marco de este Decreto, tanto en el mercado nacional, como internacional.

Fuentes de Ingreso

Artículo 5: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), dispondrá de las siguientes fuentes de ingresos:

1. Los recursos asignados por la Ley de Presupuesto y las leyes especiales.

2. Los recursos extraordinarios que se le confieran por ley o los que así decrete el Ejecutivo Nacional.

3. Los ingresos que se generen por las tasas y tarifas derivadas de los servicios y de las actividades de intermediación virtual en criptoactivos.

4. Los ingresos provenientes de las tasas y tarifas derivadas de los actos registrales, autorizaciones, y los derivados de las multas que pudiere imponer.

5. Los recursos que se generen por la autogestión.

6. Los aportes efectuados por los sujetos de regulación del presente Decreto.

7. Las provenientes de donaciones y legados que se destinen específicamente al cumplimiento de los fines de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN).

8. Los intereses y demás productos que resulten de la administración de sus fondos.

9. Cualesquiera otros recursos que le sean asignados.

Régimen de Supervisión

Artículo 6: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN) ejercerá la supervisión, vigilancia, fiscalización, control, regulación y sanción de todos los mineros virtuales y casas de intercambio virtual y demás entes dedicados al ahorro y a la intermediación virtual en criptoactivos, recaudará las tasas y tarifas por servicios y transacciones virtuales que se establezcan mediante providencias.

Del Régimen Presupuestario

Artículo 7: El régimen presupuestario de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), se regulará por la normativa que rige la materia y se tramitará a través de su órgano de dependencia.

De la Exoneración Impositiva

Artículo 8:  Se exonera de todo gravamen impositivo y aduanero todos los bienes muebles y equipos técnicos y tecnológicos, las mercancías y bienes de importación, exportación y en tránsito que sean necesarios para el funcionamiento de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), previa autorización del Presidente de la República.

Podrán ser objeto de trámite de exoneración las mercancías y bienes de importación, exportación y en tránsito que:

1. Guarden relación directa con equipos electrónicos, informáticos, telemáticos, licencias, programas (software), equipos de computación (hardware), plantas para generación eléctrica, equipos de soporte utilizados por los mineros virtuales en sus diferentes algoritmos y aquellos que sirvan para regular el ambiente en los establecimientos o las granjas que desarrollen minería virtual como los equipos de aire acondicionado con destino a regular las altas temperaturas que generen los dispositivos que se implementen para generar o minar los criptoactivos, que deban ser ingresados al territorio por particulares o personas jurídicas regulados y controlados por la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN).

2. Las que así determine el Superintendente mediante providencia administrativa, que atiendan a las actividades reguladas por este Decreto.

Atribuciones

Artículo 9: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN) tendrá las siguientes atribuciones:

1. Fiscalizar en la República Bolivariana de Venezuela la actividad de los entes y personas naturales o jurídicas que realizan actividades de corretaje, negociación e intercambio con los criptoactivos venezolanos.

2. Ejercer funciones de control, inspección, recaudación; así como establecer las sanciones en las materias sobre las cuales ejerce su rectoría.

3. Establecer, desarrollar y dictar los Protocolos para el manejo por parte de los sujetos regulados en este Decreto.

4. Llevar los registros, promover, coordinar y controlar la inscripción de los mineros virtuales, de casas de intercambio virtual y demás entes dedicados al ahorro y a la intermediación virtual de criptoactivos; y en general de todas las actividades directas y conexas de los criptoactivos y su negociación en el mercado nacional e internacional.

5. Autorizar y otorgar los permisos de funcionamiento a todas las personas naturales y jurídicas reguladas por esta Superintendencia, así como suspender o cancelar las autorizaciones otorgadas por causa debidamente justificada y mediante acto motivado.

6. Autorizar a las sociedades dedicadas al intercambio y mercado de valores de los criptoactivos nacionales, de las billeteras virtuales, de las monedas utilizadas en las casas de cambio (exchanges) internacionales, de las actividades mineras virtuales, constituidas en el territorio nacional, que deseen operar en el extranjero o aquellas constituidas en el extranjero que deseen operar en el territorio nacional.

7. Otorgar los permisos de funcionamiento y autorizaciones a los sujetos que realicen actividades reguladas por este Decreto y en general a todas aquellas personas que realicen las actividades directas y conexas a la criptoactivo y su negociación en el mercado nacional e internacional.

8. Supervisar, fiscalizar y controlar la actividad de las casas de intercambio virtual y demás entes dedicados al ahorro y a la intermediación virtual en criptoactivos.

9. Articular estudios y análisis necesarios para la certificación de prospectos, recursos y reservas mineras de la República Bolivariana de Venezuela, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y los entes del Estado competentes en materia de minería y estudios geológicos.

10. Imponer sanciones administrativas de conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano.

11. Dictar las medidas cautelares administrativas que considere pertinentes para el cumplimiento de su función principal y ejercicio de sus atribuciones.

12. Fijar las tasas y tarifas por los servicios y de las actividades de intermediación virtual de criptoactivos y los correspondientes trámites de registro.

13. Ejecutar el cobro de las cantidades de dinero exigibles, así como las garantías constituidas a favor de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la Superintendencia.

14. Emitir criterio técnico y fijar las definiciones sobre los aspectos y la terminología derivada de este Decreto, de conformidad con sus competencias.

15. Emitir los permisos de importación de los equipos Electrónicos utilizados por la minería virtual en los diferentes algoritmos.

16. Intervenir en la tramitación de licencias utilizadas por los equipos electrónicos destinados a la minería virtual en sus diferentes algoritmos.

17. Realizar los trámites relacionados con la exoneración impositiva y de gravámenes aduaneros para las mercancías y bienes para ejecutar las actividades objeto del presente Decreto.

18. Adoptar medidas de facilitación y simplificación de trámites a ser realizados en sus oficinas.

19. Ejercer en cualquier instancia la representación judicial y extrajudicial de los bienes, derechos e intereses de la República Bolivariana de Venezuela, en materia de la competencia de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN) en articulación con la Procuraduría General de la República, previa autorización del Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela.

20. Elaborar y presentar al Ejecutivo Nacional las propuestas, informaciones y estudios para la proyección anual de recaudación por conceptos de tasas y tarifas por los servicios y de las actividades de intermediación virtual de criptoactivos y los correspondientes trámites de registro.

21. Sancionar y adoptar las medidas civiles, penales y administrativas, que considere pertinente cuando sean vulnerados preceptos contemplados en este Decreto y demás leyes de la República que resulten aplicables, para salvaguardar los derechos del Estado y demás usuarios de los criptoactivos.

22. Revocar las autorizaciones a los sujetos que ejerzan actividades reguladas por este Decreto cuando incurran en irregularidades o infrinjan las normas establecidas en torno a la actividad de los criptoactivos.

23. Dictar las providencias administrativas necesarias para la regulación de las actividades contenidas en este Decreto.

24. Las demás que se le asignen por ley.

Dirección y Organización

Artículo 10: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), será dirigida por el Superintendente, de cuyo Despacho dependerán las Intendencias, y en su conjunto integran el Directorio Ejecutivo, siendo esta la instancia de toma de decisiones, responsables de fijar las directrices de las funciones propias de su actividad y establecer las políticas de gestión de los diferentes procesos que debe desarrollar la Superintendencia, así como la elaboración, administración, ejecución y control del presupuesto de funcionamiento, valoración y monitoreo de los resultados obtenidos.

Del Superintendente

Artículo 11: El Superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), ejercerá un cargo de libre nombramiento y remoción, el cual será designado por Presidente o Presidenta de la República.

De la Gestión del Superintendente

Artículo 12: El Superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), ejercerá la dirección administrativa y de gestión diaria de la Superintendencia, liderará, coordinará y evaluará la ejecución de los planes, programas y proyectos de las unidades administrativas, y tendrá las más amplias facultades y deberes que le confieren este Decreto, el Decreto de creación, el Reglamento Interno a ser dictado a tales fines, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Estatuto de la Función Pública y las demás normativa que resulte aplicable.

Atribuciones del Superintendente

Artículo 13:  El Superintendente tendrá las siguientes atribuciones:

1. Ejercer la rectoría, vigilancia y supervisión sobre las actividades que son de la competencia de la Superintendencia, dirigir las funciones de promoción, practicar las inspecciones a las personas naturales o jurídicas a ser autorizadas por la Superintendencia y ejercer el control posterior sobre las mismas.

2. Coordinar el Registro de la Minería Virtual, Casas de Intercambio virtual, y demás entes dedicados al ahorro y a la intermediación virtual de criptoactivos y en general de todas las actividades directas y conexas con los criptoactivos.

3. Coordinar y dirigir las funciones relativas al Registro, efectuar los actos registrales y emitir observaciones pertinentes a todos los trámites, en cumplimiento de los procedimientos y normas que regulen su funcionamiento.

4. Tramitar ante los organismos nacionales e internacionales todo lo necesario para la obtención de permisos, licencias y demás gestiones que resulten necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.

5. Solicitar a los sujetos que regula este Decreto la información que consideren necesaria en materia de prevención, fiscalización y control de legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo en marco de la ley que regula la materia.

6. Ejercer la representación legal, judicial y administrativa de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), en actos, actividades o relaciones jurídicas ante terceras personas públicas o privadas, naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, y por ante cualquier organismo de derecho público o privado.

7. Dictar los lineamientos y directrices estratégicas que deben cumplir las Intendencias, las Áreas de Apoyo y las Áreas Sustantivas.

8. Otorgar poderes especiales y generales, a abogados, para aquellos asuntos judiciales o extrajudiciales en la República Bolivariana de Venezuela o en el extranjero, en los que tenga interés la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), en coordinación con la Procuraduría General de la República, teniendo plenas facultades para autorizar a convenir, desistir, transigir, disponer de los derechos en litigio o cualquier otra forma de autocomposición procesal, comprometer en árbitros y hacer posturas en remate, con las limitaciones de ley;

9. Dictar la normativa interna de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN) relacionada con su estructura y organización, que le sea delegada por el Reglamento Interno.

10. Dictar la normativa interna de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN) que regule el sistema de talento humano, las políticas en materia de remuneración y sistema de beneficios socio-económicos, estructura y categorización de los cargos, atendiendo a su régimen funcionarial.

11. Nombrar, remover y destituir a los funcionarios de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN).

12. Autorizar la creación de la Comisión de Contrataciones Públicas y designar sus miembros.

13. Suscribir los contratos, acuerdos y convenios con cualquier ente público o privado independientemente del monto y ordenar los gastos inherentes a la administración del sistema de talento humano y a la autonomía de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN).

14. Aprobar la apertura, movilización y cierre de cuentas bancarias y fideicomisos, e igualmente la emisión de letras de cambio, pagarés y otro efecto de comercio, en los que la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN) aparezca como libradora, librada, endosante o algún otro permitido por la Ley. La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN) está autorizada para la apertura de cuenta en bancos extranjeros y en divisas.

15. Someter a la consideración del Directorio Ejecutivo el proyecto de presupuesto anual de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN).

16. Establecer, organizar y mantener los sistemas de control interno adecuados a la naturaleza, estructura y fines de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN).

17. Administrar el Sistema de Registro Minera Virtual, de Casas de Intercambio Virtual y demás entes dedicados al ahorro y a la intermediación virtual en criptoactivo; y administrar y efectuar el mantenimiento del banco de datos.

18. Suscribir los contratos y demás actos requeridos para el normal desarrollo de las actividades de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), incluidos los de prestación de servicios para la ejecución de trabajos específicos, comprometer los recursos presupuestarios y ordenar los pagos correspondientes.

19. Imponer multas y demás sanciones conforme al Ordenamiento jurídico.

20. Conocer, resolver y avocarse sobre las solicitudes, reclamaciones, consultas y recursos administrativos que interpongan los interesados.

21. Delegar en funcionarios de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), las funciones, atribuciones o firmas que juzgue necesario.

22. Poner en conocimiento del Ministerio Público, la presunción de hechos delictivos que hubieren sido detectados en el curso del desempeño de sus funciones y atribuciones.

23. Dictar las instrucciones a los sujetos que ejerzan actividades reguladas por este Decreto y establecer las fianzas que deben otorgar para ejercer las actividades.

24. Expedir y certificar copias en medio impreso o electrónico, de los documentos y expedientes administrativos que reposen en sus archivos, de conformidad con la ley.

25. Suscribir con instituciones públicas y privadas, convenios y acuerdos de servicios de cooperación, coordinación e intercambio de información en materias relativas a las competencias de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN).

26. Solicitar información a los sujetos que ejerzan actividades reguladas por este Decreto, quienes tienen el deber de dar respuesta, so pena de las sanciones correspondientes.

27. Coadyuvar con el Vicepresidente Ejecutivo de la República y la Tesorería de los Criptoactivos de Venezuela, en lo relacionado con el observatorio de la cadena de bloques (blockchain) en la República Bolivariana de Venezuela.

28. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, otras disposiciones normativas, el Presidente o Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela.

De las Intendencias

Artículo 14: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), estará integrada por las siguientes Intendencias:

1. La Intendencia de minería virtual y procesos asociados.

2. La Intendencia de la aplicación de cadena de bloques (blockchain) al desarrollo de criptoactivos.

3. La Intendencia de control de casa de intercambio y demás entes dedicados al ahorro y a la intermediación virtual en criptoactivos.

4. La Intendencia de Fiscalización.

5. La Intendencia de Recaudación.

Los funcionarios que dirigen las Intendencias serán de libre nombramiento y remoción del Superintendente de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), a cuyo Despacho estarán adscritos y subordinados, y tendrán las atribuciones que le otorgue el Reglamento Interno y el Superintendente.

Directorio Ejecutivo

Artículo 15: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), por órgano de su Directorio Ejecutivo, tiene las más amplias facultades para regular la estructura organizacional y funcional que le permitirá a la Superintendencia, el desarrollo de los distintos procesos generados en la misma.

Las atribuciones del Directorio Ejecutivo son:

1. Dictar las normas de carácter general y particular, destinada a regular en la República Bolivariana de Venezuela, todo lo relacionado con las actividades vinculadas a los sujetos que han de manejar los criptoactivos venezolanos.

2. Dictar las normas regulatorias, de control, de recaudación y registrales en las materias sobre las cuales ejerce su rectoría.

3. Aprobar las normas registrales, las directrices que regulen los contratos de commodities, el funcionamiento de las casas de intercambio virtual, de las actividades mineras virtuales, y en general la supervisión de todas las actividades directas y conexas al manejo de los criptoactivos.

4. Determinar las tasas y tarifas por servicio, comisiones por intercambios y cualquier otro importe que deban enterar los mineros virtuales, las casas de intercambio virtual y quien realice actividades directas y conexas; así como su negociación en el mercado nacional e internacional.

5. Aprobar el Reglamento Interno, los Manuales de Organización, de Normas y Procedimientos, la estructura organizativa, bajo los parámetros y directrices previstos en este Decreto.

6. Examinar y aprobar el presupuesto de gastos y funcionamiento.

7. Conocer y aprobar el informe anual de gestión.

8. Hacer propuestas de las normas legales, las cuales someterá a consideración del Ejecutivo Nacional a través del Vicepresidente Ejecutivo de la República.

9. Aprobar los planes, programas y proyectos de la Superintendencia.

10. Publicar boletines informativos sobre el comportamiento de las actividades reguladas y supervisadas por la Superintendencia.

11. Establecer un domicilio electrónico obligatorio para la notificación de comunicaciones y demás actos que requiera hacerle a los sujetos que realicen actividades previstas en este Decreto.

12. Las demás que le asigne las leyes, y demás normativa vigente en la República, el Presidente o Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela.

Sistema de Registro

Artículo 16: Se crea el Sistema de Registro de mineros virtuales, casas de intercambio virtual y demás entes dedicados al ahorro y a la intermediación virtual de criptoactivos, y de quienes realicen actividades directas y conexas con los criptoactivos y su negociación en el mercado nacional e internacional, cuya implementación estará a cargo de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), para lo cual podrá contar con el talento humano, técnico y tecnológico, presupuestario y financiero.

Obligación de registrarse

Artículo 17: Todas las personas naturales y jurídicas que pretendan desarrollar alguna actividad de las señaladas en el artículo anterior, están obligadas a inscribirse en el Registro. También están obligados a inscribirse en el Registro, quienes tengan interés de prestar servicios o ser proveedores de bienes en algunas de las etapas de desarrollo de las actividades reguladas por la Superintendencia; así como aquellas personas que realicen estudios para certificación de reservas minerales.

Rectoría del Sistema de Registro

Artículo 18: El Sistema de Registro estará bajo la rectoría de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN). La administración, estructura, procesos, procedimientos, funcionamiento y actualización será establecida mediante Providencia que al respecto dicte el Superintendente.

Forma del Registro

Artículo 19: El funcionamiento del Sistema de Registro se realizará en forma automatizada, por medios y métodos que garanticen su orden, transparencia, seguridad, confidencialidad y eficiencia.

De las Tarifas del Sistema de Registro

Artículo 20: El Superintendente tiene amplias facultades para fijar las tarifas que deberán pagar quienes tengan interés en inscribirse en el Sistema de Registro, por concepto de los servicios prestados por la Superintendencia; así como establecer las comisiones correspondientes a ésta, que se generen con motivo de las operaciones de intercambio.

De los Documentos

Artículo 21: Los documentos, informes y expedientes que se formen en las diferentes unidades de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), tendrán carácter confidencial y deberán conformarse atendiendo lo establecido en los respectivos manuales de normas y procedimientos internos, diseñados a tal efecto y de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y las normas que regulan el Archivo General de la Nación.

Del Archivo

Artículo 22: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), contará con un Archivo Central, dirigido por el Despacho del Superintendente, en el cual estará resguardada la información en formato físico y digital, de aquellos asuntos concluidos o cuya tramitación se hubiese detenido. Se debe establecer un Centro de Datos Alternos que salvaguarde la información acorde a lo establecido en el reglamento de ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: La Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN) en ejercicio de su autonomía, dictará su Reglamento Interno en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, siguientes a la entrada en vigencia de este Decreto.

Segunda: La fijación de la sede formal donde funcionará la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), no será mayor de treinta (30) días contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Tercera: El Vicepresidente Ejecutivo de la República será el responsable de la ejecución del presente Decreto.

Cuarta: Este decreto entrará en vigencia una vez publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.