miércoles, 20 de junio de 2018

Sobre la remisión del expediente administrativo a juicio



Mediante sentencia N° 687 del 13 de junio de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que es deber de la autoridad administrativa abrir y mantener un expediente administrativo por cada asunto ordenado (cronológica y sistemáticamente) y que la falta de incorporación de éste en el proceso constituye una grave omisión que puede obrar contra la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante. En particular, se afirmó que:

Con ocasión de ello, el 2 de febrero de 2017 esta Máxima Instancia dictó y publicó el Auto Para Mejor Proveer Nro. AMP-012, por el cual ratificó al Director de Hacienda de la Alcaldía del precitado ente recaudador la solicitud efectuada a través del Auto Para Mejor Proveer Nro. AMP-050 del 13 de abril de 2016, con el objeto de requerirle nuevamente la remisión del original o copia certificada el expediente administrativo debidamente foliado, que culminó con la Resolución objetada, otorgando para ello los plazos correspondientes; sin embargo, el 1° de agosto de 2017 la Secretaría de esta Superioridad hizo constar el vencimiento del lapso establecido en el señalado Auto Para Mejor Proveer, no apreciándose que hasta la fecha de emisión de esta decisión judicial el funcionario responsable de la precitada Dirección ni la representación en juicio de referido Municipio hayan consignado diligentemente ante este Alto Juzgado la información solicitada.

En tal sentido, reitera esta Sala, como lo ha sostenido, entre otras, en la decisión Nro. 01360 del 12 de diciembre de 2017, caso: Globalsantafe Drilling Venezuela, C.A., que la solicitud de remisión del expediente en los juicios contenciosos tributarios constituye una exigencia legal prevista en el Parágrafo Único del artículo 271 del Código Orgánico Tributario de 2014 (artículos 191 y 264 de los Textos Orgánicos de 1994 y 2001, en ese orden), que encuentra justificación en que éste representa un elemento de importancia cardinal para la resolución de la controversia, por lo que resulta oportuno traer a colación lo sostenido por esta Máxima Instancia en la sentencia Nro. 01342 de fecha 19 de octubre de 2011, caso: Supermetanol, C.A., ratificada en el fallo Nro. 00278 del 11 de abril de 2012, caso: Automóviles El Marqués III, C.A., mediante el cual se estableció que “(…) es deber de los órganos del poder público y, entre ellos, de los diversos entes fiscales, la conformación de un legajo que, de manera cronológica y sistemática, registre todas y cada una de las actuaciones efectuadas en instancias administrativas con el propósito de documentar al detalle el proceso de formación de la voluntad de cada ente u órgano en los aspectos inherentes a su ámbito competencial (…)”. Cabe destacar que en la decisión comentada también se hizo referencia a la sentencia Nro. 00685 del 17 de mayo de 2009, caso: Seguros Carabobo, C.A., donde se dejó sentado lo siguiente:
(...)

Igualmente, y bajo una interpretación cónsona con el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, se ha establecido que el incumplimiento por parte de la Administración Tributaria en cualquiera de sus manifestaciones, de la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos, no obsta para que el Órgano Jurisdiccional decida el asunto sometido a su conocimiento con los documentos y demás probanzas que cursaren en autos y que sean suficientemente verosímiles. (Vid., sentencias Nros. 01672, 00765 y 01055, de fechas 18 de noviembre de 2009, 7 de junio de 2011 y 9 de julio de 2014, casos: Jesús Enrique Romero; Germán Landines Tellería; y Cemex Venezuela, C.A., respectivamente).

Así las cosas, y como fue señalado anteriormente, advierte esta Superioridad que tanto la entonces Directora de Hacienda de Alcaldía del Municipio Guacara del Estado Carabobo, así como la representación en juicio del ente recaudador, no cumplieron con lo requerido por el Tribunal a quo  ni por esta Máxima Instancia, en detrimento de la exigencia legal que le corresponde a tenor de lo estatuido en el Parágrafo Único del artículo 271 del Código Orgánico Tributario de 2014 (artículos 191 y 264 de los Textos Orgánicos Tributarios de 1994 y 2001, en ese orden); y por ende, esta Alzada actuando con base en el citado criterio y con fundamento en las actuaciones cursantes en las actas procesales, pasará a pronunciarse sobre la controversia planteada. Así se declara”.

martes, 19 de junio de 2018

Revista Trabajo de la OIT


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un número especial de la REVISTA TRABAJO, dedicada al tema de violencia en el trabajo, la cual puede descargarse gratuitamente aquí. 

Presunción de inocencia y culpabilidad

Sentencia http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/212117-00683-13618-2018-2017-0322.HTML

Mediante sentencia N° 683 del 13 de junio de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que no se violará la presunción de inocencia cuando se le permita al sujeto investigado defenderse, sin importar que se haya precalificado su responsabilidad. La Sala reafirmó su postura relativa a que al indiciado le corresponde desvirtuar los hechos imputados.

La Sala confundió el contenido de ese derecho con el principio de culpabilidad que exige que no se sancione de manera objetiva, sino únicamente por incumplimientos en los que se determiné que se ha actuado de manera culpable. Al respecto, la Sala observó lo siguiente:

En esos términos se consagra el principio a la presunción de inocencia, cuyo contenido abarca tanto lo relativo a la prueba y a la carga probatoria, como lo concerniente al tratamiento general dirigido al sujeto investigado a lo largo del procedimiento. En virtud de ello, la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de las pretensiones sancionadoras de la Administración recae sobre ésta, y sólo puede entenderse como prueba la practicada durante un procedimiento, bajo la intermediación del órgano decisor y la observancia del principio de contradicción. De manera que la violación al aludido derecho se produciría cuando del acto de que se trate se desprenda una conducta que juzgue o precalifique como “culpable” al investigado, sin que tal conclusión haya sido precedida del debido procedimiento, en el cual se le permita al particular la oportunidad de desvirtuar los hechos imputados (Vid. entre otras, sentencia de esta Sala Nro. 424 del 4 de julio de 2017).
(...)

De hecho, a los fines de establecer si la mencionada empresa es responsable o no, nombra a un funcionario instructor con el objeto de realizar todas las gestiones requeridas “para el mejor conocimiento y hacer constar en el expediente todas las circunstancias que puedan incidir en la determinación de contravenciones a la normativa aplicable”, de lo que se evidencia que la Administración no juzgó o precalificó a la actora como culpable, sino que por el contrario, activó los mecanismos necesarios para el esclarecimiento de la situación y así, a través de un procedimiento administrativo, establecer el contradictorio que le permitiría generar los elementos de convicción sobre los cuales tomar la decisión correspondiente.
(...)

De todo lo anterior se evidencia entonces que a la sociedad mercantil Cervecería Polar, C.A. se le notificó debidamente de la apertura del procedimiento administrativo llevado en su contra por la presunta infracción del artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, contando con la oportunidad de participar en él, y consignando los alegatos y pruebas que estimó pertinentes, sin que la Administración en ningún momento la precalificara o juzgara de manera anticipada por los hechos y las normas legales que supuestamente incumplió; no siendo hasta después de culminar el mismo que el Ministro demandado declaró su responsabilidad administrativa y le impuso la sanción de multa respectiva, motivo por el cual considera esta Sala que no se le violentó el derecho a la presunción de inocencia a la actora. Así se establece.
(...)

Ahora bien, con relación al argumento de la parte demandante relativo a que la Administración “(…) determinó la responsabilidad objetiva de [su] representada, omitiendo con ello cualquier calificación de culpa o dolo, y omitiendo además que [su] representada actuó de manera diligente y apegada a la buena fe, hechos estos que demuestran la ausencia de culpa o dolo de CERVECERÍA POLAR en el presente caso (…)” (agregados de la Sala); advierte esta Máxima Instancia que tal argumento nada tiene que ver con la violación al derecho de presunción de inocencia.

En este sentido, es conveniente insistir en que dicho derecho radica en el tratamiento que debe dar la Administración al sujeto investigado a lo largo del procedimiento, no siendo admisible que se le juzgue de manera anticipada por los hechos que justamente deberían ser objeto de debate en el contradictorio. De tal modo, aquél se trasgrede en el momento en que se precalifique como responsable o culpable al investigado, sin siquiera otorgarle la oportunidad de ejercer sus defensas, motivo por el cual es necesario que concluya el aludido procedimiento, debidamente realizado, para arribar a una conclusión definitiva”.

lunes, 18 de junio de 2018

Remuneración de trabajador que presta servicio en el extranjero



Mediante sentencia N° 471 del 8 de junio de 2018, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que será aplicable la legislación laboral venezolana en aquellos casos en que la relación se haya convenido en Venezuela, independientemente de que el servicio se haya prestado en el extranjero. En efecto, se determinó que:

En virtud del criterio reiterado de esta Sala, en aquellos casos donde la relación de trabajo se prestó o fue convenida en Venezuela, se aplicará la legislación laboral venezolana.

En el presente caso, observamos que el contrato de trabajo entre las partes, fue ejecutado en forma sucesiva en dos países distintos, fue pactado en Venezuela donde comienza en fecha 18 de abril de 1995, y prosiguió en Weston-Florida Estados Unidos, donde se desarrolló sin interrupción alguna, dada la reubicación aceptada por la trabajadora, en virtud de que no fue objetada y continuó prestando sus servicios para esa empresa -Teva Fharmaceuticals- hasta el 15 de agosto de 2015, vale decir, durante 20 años, 3 meses y 27 días. Lo anteriormente expuesto, significa que fue en Venezuela donde se inició el contrato de trabajo y donde se ejecutó la mayor parte del mismo, habiendo acordado las partes continuar  la ejecución del contrato de trabajo en el exterior.

Ahora bien, lo anteriormente expuesto, pone en contexto que las partes voluntariamente acordaron que la ejecución del contrato de trabajo se desempeñara fuera de Venezuela. En tal virtud, el tiempo de servicio realizado por la trabajadora en un país distinto, (Estados Unidos) plantea a la Sala la problemática de su regulación jurídica.
(...)

La disposición laboral antes transcrita, delimita el imperio de la ley al trabajo que se presta efectivamente o que se conviene en Venezuela para ser prestado por venezolanos en el extranjero (artículo 65 ejusdem) es decir, establece la aplicación de dos principios jurídicos lex loci executionis y lex loci celebrationis para la regulación de las situaciones jurídicas derivadas de una relación de trabajo. La primera regulará aquellas surgidas con ocasión del trabajo prestado en Venezuela, en otras palabras, la determinación de la Ley corresponderá según el lugar donde sea ejecutado el convenio de trabajo, esto es, en el territorio nacional. El segundo principio, regula la situación jurídica del trabajo, convenido en Venezuela para ser prestado fuera del territorio nacional, siempre que se trate de un asalariado venezolano, en concordancia con el artículo 65 de la de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Sin embargo, a criterio de esta Sala y con fundamento en el imperio de la voluntad de los celebrantes de fijar las estipulaciones y contenido del convenio de trabajo, siempre que no se desconozca el carácter imperativo y tuitivo de la legislación laboral, las partes bien pueden convenir en Venezuela la prestación de un servicio en el extranjero, servicio que estará regulado por la ley venezolana y tan sólo cuando la ley extranjera resulte más favorable que lo pactado, es que aquella, la ley laboral nacional, que cedería ante la aplicación casuística de la ley extranjera.

El criterio antes expresado, tiene su fundamento en que el contrato de trabajo celebrado en Venezuela como ley entre las partes, se regula, en primer término, por las disposiciones acordadas por las partes, y en segundo lugar, por las propias de la legislación laboral venezolana, que se consideran supletorias de lo no expresamente dispuesto por los contratantes o sustitutivas de lo estipulado, si el acuerdo viola los preceptos de orden público, y finalmente por las disposiciones establecidas en las leyes vigentes en el país extranjero donde el trabajo efectivamente se ha ejecutado, siempre que resulten más beneficiosas para el trabajador.
(...)

En razón de lo anterior, tal como lo explica el autor venezolano citado, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras,- antes 10 de la Ley Orgánica del Trabajo-, contiene dos supuestos de hecho que acarrean la aplicación de la legislación laboral venezolana, a saber, el trabajo prestado y el convenido en Venezuela, y siendo que el caso concreto encuadra en el segundo de los supuestos de la norma, éste se encuentra regulado por las leyes venezolanas. Así se declara.

En otro orden de ideas, conteste con la doctrina de esta Sala de Casación Social,  contenida en la sentencia numero 641 de fecha 22 de junio de 2010, (Caso: Jorge Escriba contra Pepsi-Cola Panamericana, S.R.L.) relativa a la aplicación de la ley laboral venezolana al tiempo efectivamente prestado en el país con exclusión del período de la prestación de servicios del trabajador en países distintos a Venezuela, es preciso señalar, que tal doctrina, no es aplicable al caso de autos, en razón de que la misma se refiere a los denominados trabajadores internacionales, esto es, asalariados extranjeros que fueron contratados en el exterior y posteriormente trasladados a Venezuela, país éste donde finalizó su relación laboral. Tal doctrina recoge el principio lex loci executionis”.

miércoles, 13 de junio de 2018

Comentarios a la Ley Antimonopolio


El Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) y la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA) publicaron la obra: Comentarios a la Ley Antimonopolio, de José Ignacio Hernández G. Puedes conocer más sobre esa edición aquí.  

Remisión de dividendos a inversionistas extranjeros


Mediante sentencia N° 628 del 7 de junio de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, determinó que impedir la posibilidad de remitir dividendos a inversionistas extranjeros por las utilidades derivadas de sus aportes de capital desincentiva la inversión internacional y la capacidad de atraer capitales extranjeros. En concreto, se precisó lo siguiente:

En definitiva, las utilidades líquidas y recaudadas se entienden como aquellas ganancias que se encuentren en efectivo y que se hayan generado debidamente, tal como lo señala la apelante en su escrito de fundamentación, así como el a quo en su sentencia, no considerando esta Sala que exista lugar a dudas acerca del contenido y alcance de la norma in commento.

Aclarado lo anterior, observa esta Máxima Instancia que el fallo impugnado, al continuar explicando el alcance del mencionado artículo 307, afirma que “la única fuente con cargo a la cual pueden pagarse dividendos son las utilidades líquidas y recaudadas de la compañía producidas por sus operaciones realizadas anualmente, reflejadas en su estado anual de ganancias y pérdidas” (Destacado de esta Sala).

No obstante lo expuesto, estableció que la hoy demandante no disponía de utilidades líquidas y recaudadas en el ejercicio correspondiente al año 2007, por cuanto presentó un “déficit acumulado” en años posteriores (2008 y 2010), por lo que no podía entenderse que la demandante tenía utilidades para distribuir a su accionista extranjero.

No entiende esta Sala cómo la aludida Corte llegó a la conclusión de que no se “(…) cumplió con el requisito exigido en el artículo 307 del Código de Comercio Venezolano, en virtud de que al presentar un déficit acumulado no podría hablarse de utilidades líquidas y recaudadas (…)”, siendo que la mencionada norma nada establece respecto al período o tiempo en que debe determinarse una utilidad como líquida o recaudada.

Como ya se mencionó, el analizado artículo es claro al referir únicamente que “no pueden pagarse dividendos a los accionistas sino por utilidades liquidas y recaudadas”, lo que ampliamente ha sido entendido como que sea una cantidad en efectivo y cuantificable que se halle cierta en la caja de la sociedad, sin hacer alusión alguna a que deba verificarse que en períodos o ejercicios posteriores no se hayan arrojados pérdidas.

Más contradictorio resulta, que en la fase inicial de su análisis, el propio a quo manifiesta que esas utilidades son producidas por operaciones realizadas “anualmente”, para luego concluir que por pérdidas registradas en períodos posteriores no se pueden pagar dividendos por las ganancias generadas en el año 2007.
 (…)

En otras palabras, si existieron ganancias en el año 2007, es natural que puedan remitirse los dividendos correspondientes a ese ejercicio al accionista principal, y en el caso de que en los años 2008 y 2010 se compruebe el registro de pérdidas, consecuentemente no se podrá enviar las divisas correspondientes a estos períodos pues simplemente no existieron utilidades.

Ello responde al principio de anualidad de los ejercicios económicos consagrado en el artículo 35 del Código de Comercio, en el cual se establece el deber de todo comerciante de hacer, al inicio y al final de cada año, un libro de inventarios con una descripción estimatoria de todos sus bienes, créditos, activos y pasivos, estableciéndose además la obligación de realizar un balance que refleje la cuenta de las ganancias y pérdidas.

Esto se realiza con la finalidad de determinar la situación patrimonial de la empresa por cada ejercicio, y avizorar las consecuencias positivas y negativas derivadas de las operaciones comerciales que desarrolló la compañía durante un lapso específico de tiempo, y así poner de manifiesto la realidad económica de la sociedad en función de la cual se podrán tomar las medidas correspondientes.

Siendo así, resulta un contrasentido suponer que los dividendos que pueda decretar una empresa, deben estar supeditados a que no se registren pérdidas o déficits en los balances de los años siguientes, porque ello significaría que nunca se podrían remitir las utilidades al accionista principal en espera de lo que pueda pasar con el estado de ganancias y pérdidas de los años subsiguientes.
(…)

Nótese que el propio artículo que cita el a quo, establece que los estados financieros que se deben requerir al solicitante, son los correspondientes al ejercicio en el cual se realiza la solicitud y al inmediatamente anterior, y ello se debe a que el legislador entiende que no puede supeditarse la remisión de dividendos de una empresa a un accionista extranjero, a los eventuales y supuestos sucesos de que en un futuro se puedan registrar pérdidas.
(…)

Pues bien, en criterio de esta Sala, equivocó la administración cambiaria la interpretación del mencionado artículo 307, ya que -como se explicó en el acápite anterior- la norma sólo señala que para pagar dividendos las utilidades deben ser líquidas y recaudadas, sin hacer alusión alguna a períodos de tiempo, o a los ejercicios económicos en los que debían decretarse esos dividendos.

Destaca el acto impugnado que para el momento de decretarse los dividendos del 2007, ya la compañía estaba en conocimiento de que se producirían pérdidas en el ejercicio del 2008, pero ello no influye en las ganancias que experimentó la sociedad mercantil en el 2007.

Es este orden, cabe señalar que la Providencia Nro. 056 del 18 de agosto de 2014, fue concebida con el fin de establecer un régimen aplicable para autorización de adquisición de divisas requeridas para honrar compromisos derivados de las actividades de inversión internacional en el territorio de nuestro país, lo que incluye la remisión de utilidades, rentas, intereses y dividendos de la inversión internacional.
(…)

Si eran evidentes y suficientes las utilidades para cubrir el decreto de dividendos del 2007, no existía normativa legal alguna que impidiera remitirlos al accionista principal por ese año.

Lo contrario, significaría una violación del principio de anualidad de los ejercicios económicos, por impedirse la posibilidad de otorgar dividendos a inversionistas extranjeros en un período en el cual el comportamiento de su empresa otorgó resultados favorables, por haber en otros ejercicios distintos y diferenciados un déficit económico.

A mayor abundancia, es de hacer notar que la opinión del Ministerio Público en el presente caso es favorable a que se declare con lugar la presente demanda contencioso administrativa de nulidad por considerar, como también lo hace esta Sala, que la Comisión demandada no toma en cuenta que las utilidades líquidas y recaudadas deben determinarse por cada ejercicio económico respecto del cual pretendan remitirse las utilidades, no siendo coherente que se niegue la solicitud por las pérdidas registradas en períodos posteriores, diferenciados ostensiblemente del año en el que se obtuvieron las ganancias.

Agrega además esa representación fiscal un punto que hasta el momento no había sido tocado, que es el hecho de que ciertamente la Comisión demandada sustenta su decisión en elucubraciones y hechos inciertos tales como que “(…) la referida sociedad mercantil decretó dividendos a sus accionistas en fecha 15 de diciembre de 2008, 15 días antes del cierre del ejercicio económico, lo que (…) les hace presumir del conocimiento que dicha empresa tenía de la información contable preliminar” (Destacado de esta Sala).

Aunado a lo expuesto, el impedir la posibilidad de remitir dividendos a inversionistas extranjeros por las utilidades derivadas de sus aportes de capital, desincentiva la inversión internacional, lo que contraría las políticas trazadas por el Ejecutivo Nacional que buscan estimular este sector para reimpulsar la economía, diversificarla y atraer capitales foráneos.

Asimismo, en relación al alegato de la parte demandada relativo a que la decisión denegatoria de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) está dirigida a evitar cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro el normal desenvolvimiento de la actividad económica en el país y propender al equilibrio de la balanza de pagos al limitar la fuga de capitales, debe señalarse que la remisión de los dividendos son el resultado de las utilidades generadas por el ejercicio o período correspondiente a un año que arrojó resultados positivos en los balances respectivos, que provienen del propio trabajo y actividad de la compañía, no teniendo cabida la utilización en este ámbito de fondos públicos, ni tampoco una malversación del sistema cambiario, pues –se insiste– cuando no se registren utilidades líquidas y recaudadas, simplemente no habrá nada que remesar” (énfasis añadido por la Sala).

martes, 12 de junio de 2018

Sobre la oferta real de pago

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/211879-RC.000279-1618-2018-18-150.HTML


Mediante sentencia N° 279 del 1 de junio de 2018, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que la oferta real y eventual depósito de la cosa debida, es un procedimiento que tiene por objeto únicamente pagar lo que se debe y es actualmente exigible, ante la renuencia del acreedor en recibirlo, con la finalidad de que el deudor se libere de la obligación de pagar la cosa debida con sus intereses, esto conforme a las previsiones estipuladas en el artículo 1.306 del Código Civil. Al respecto, se observó lo siguiente:

De conformidad con el criterio jurisprudencial transcrito, el fundamento de la oferta real está en que así como el deudor está obligado a pagar, también tiene derecho a obtener su liberación; y de la misma manera, así como el acreedor tiene derecho al pago, también está obligado a recibirlo.

Que la oferta real da al deudor un medio eficaz de liberarse de la obligación cuando el acreedor se niega a recibir el pago, para lo cual se hace necesario que exista una negativa sin motivo o cualquier otra circunstancia en que no pueda hacerlo por un hecho imputable al mismo acreedor, cuando éste no esté presente o se  oculte con malicia o maldad para hacer incurrir al deudor en mora. Por lo tanto, es condición esencial para el ofrecimiento real de pago y subsiguiente depósito, que el acreedor se rehúse al pago.
 (…)

De la transcripción parcial de la sentencia recurrida, se verifica que el juzgador superior consideró del análisis de las pruebas aportadas por las partes, que la parte demandada (acreedores) aceptó y recibió de los montos ofertados a través de cheques debidamente descritos en el contrato de compra venta, estableciendo que “…carecían de fondos al momento en que fueron presentados a su cobro con fecha posterior a su emisión…”, concluyendo así que los demandados no se negaron a recibir el pago de la obligación del actor convenida en el contrato, pues de hecho los recibieron y los presentaron para su cobro, momento en el cual no hubo fondos que respalden los montos ahí establecidos.

En ese sentido, evidenció el ad quem que en el presente procedimiento de oferta real no se cumple el presupuesto legal contenido en el artículo 1.306 del Código Civil, ya que “…los demandados (acreedores) no se negaron injustificadamente a recibir el pago en la forma prevista en el contrato, sino todo lo contrario, recibieron los cheques Nos. 00437120, 00437259 y 22571825, de fechas 23 de diciembre de 2014 y 30 de enero de 2015 respectivamente, y los últimos dos lo presentaron para su cobro ante la entidad bancaria respectiva en fecha 02 de marzo y 18 de febrero de 2015 en el mismo orden (fechas posteriores a su emisión), y no tenia fondos disponibles según se desprende de los protestos levantados…”.

De conformidad con lo anterior, se verifica que el juzgador de la recurrida del análisis de las pruebas aportadas y la relación jurídica existente entre las partes, evidenció que los demandados aceptaron y recibieron el pago dado en cheques, los cuales “…carecían de fondos al momento en que fueron presentados a su cobro con fecha posterior a su emisión…”, concluyendo que los vendedores no rehusaron el pago del demandante, por lo que no se cumplía el presupuesto normativo para la utilización del procedimiento de oferta real y depósito, contenido en el artículo 1.306 del Código Civil, es decir, que el acreedor haya rehusado a recibir el pago en tiempo oportuno y sin causa justificada, lo que evidencia que no incurrió en la infracción de la citada norma como lo alega el formalizante” (énfasis añadido por la Sala).

Boletín Electrónico de Derecho Administrativo (BEDA)


La Especialización en Derecho Administrativo de la Dirección de Postgrado de la Universidad Católica Andrés Bello publicó el número especial del Boletín Electrónico de Derecho Administrativo (“BEDA”), sobre las “II Jornadas de Derecho Administrativo José Araujo Juárez. 35 años de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: Revisión y propuestas de reforma”, el cual puede descargarse gratuitamente aquí.

lunes, 11 de junio de 2018

Sobre el nexo de causalidad en demandas de responsabilidad del Estado



Mediante sentencia N° 597 del 31 de mayo de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado consagrado en el artículo 140 de la Constitución, al referirse a la responsabilidad derivada del ‘funcionamiento’ de la Administración, lo hace en forma integral, sin distinción, lo hace respecto del funcionamiento normal como anormal, siendo lo determinante, -como se ha expuesto-, que los particulares no están obligados a soportar sin indemnización el daño sufrido, independientemente de la causa del daño, eximiéndose solamente esta responsabilidad de existir y ser probado algún supuesto de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima

Sin embargo, precisó que esa responsabilidad no será procedente en caso de muerte por herida de bala disparada por un funcionario policial, si el difunto intercambiaba disparos con la policía, ya que en ese caso el elemento nexo causal no estaría presente. La Sala afirmó que:

Conforme a lo antes expuesto, el Estado Venezolano responderá patrimonialmente cuando concurran los siguientes elementos: a) que se produzca un daño a los administrados en la esfera de cualquiera de sus bienes y derechos; b) que exista una actuación de la Administración con motivo de su funcionamiento normal o anormal; y c) el nexo causal.

Así, no será resarcible el hecho cuyo objeto indemnizatorio comporte una actividad de naturaleza ilícita por parte de los afectados, de manera que no todo daño causado por el funcionamiento normal o anormal de la Administración debe ser reparado, debiendo determinarse en cada caso, la procedencia de la reclamación atendiendo a las indicaciones antes expuestas.
(…)

Partiendo de las premisas antes expuestas, esta Sala observa que del análisis de las pruebas se desprenden elementos de convicción suficientes que permiten establecer que el hecho dañoso que motivó la interposición de la demanda de autos (fallecimiento del ciudadano William José Castillo Ferreira), si bien tuvo lugar con la participación de los efectivos policiales adscritos al Instituto Autónomo de Policía Administrativa del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, ya identificados, ello fue a propósito de una actividad que formalmente suponía el ejercicio pleno de sus funciones, lo cual, en todo caso, deriva en que se consideren satisfechos el primer y segundo de los requisitos exigidos para determinar la responsabilidad del Estado. Así se determina.

Con relación al tercer elemento constitutivo esto es, el nexo causal, se requiere para su materialización de un vínculo directo y congruente entre la actuación de la Administración y el daño, sin intervención extraña o ajena que pueda influir alterando esa relación directa, mediata y exclusiva de causa-efecto.

Ahora bien, en el caso bajo examen observa este Alto Tribunal que la parte demandada sostiene que “(…) los funcionarios del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao fueron atacados con armas de fuego por los sujetos que se encontraban en el vehículo, modelo Yaris, color gris, Placa AA055GL (…)”, generando que “los policías (…) hicieran uso de sus armas de reglamento, resultando ‘HERIDO’ el ciudadano William Ferreira, hijo de la demandante”. Por tanto, consideró que “el hecho de que éste [refiriéndose al occiso] haya realizado detonaciones de un arma de fuego (…) conforme se estableció mediante la correspondiente experticia de Análisis de Traza de Disparo (ATD), evidencia claramente una conducta que de ninguna manera podría considerarse de buen padre de familia (…). Del mismo modo, los acompañantes de esta persona (…) quienes dispararon en contra de los funcionarios policiales, tuvieron incidencia en el resultado final (…)”. (Agregado de la Sala).

Respecto a tal alegato, se observa que en efecto, quedó evidenciado con las pruebas técnicas aportadas a los autos (Análisis de Trazas de Disparo (ATD), Experticia de Trayectoria Balística, Experticia de Reconocimiento Técnico y Comparación Balística), y así lo estableció el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, que el hecho dañoso ocurrió en un enfrentamiento policial como consecuencia de un intercambio de disparos entre el hijo de la demandante y sus acompañantes; y los funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía Administrativa del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda.

Por tal motivo, considera esta Sala, que en el presente caso se rompe el nexo causal directo exigible para poder declarar la responsabilidad del Estado, ante la inequívoca intervención de la víctima y sus acompañantes en el suceso que produjo el perjuicio ahora reclamado por la parte actora, en razón de lo cual, se desecha la pretensión de daño moral solicitada en la demanda. Así se determina” (énfasis añadido por la Sala).