lunes, 15 de enero de 2018

Inamovilidad y despido


Mediante sentencia N° 1016 del 30 de noviembre de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que en el caso de que el procedimiento de autorización para despedir al trabajador se haya iniciado en la Inspectoría del Trabajo antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y el trabajador se encuentre amparado por la protección laboral especial que establece el artículo 347 eiusdem, será el trabajador quien deberá alegar y probar ante esa instancia, en cualquier estado y grado del procedimiento, que se encuentra amparado por dicha inamovilidad para que pueda ser considerada por el Inspector del Trabajo al momento de dictar la decisión. En efecto, se señaló que:

En tal sentido, constata la Sala que la entidad de trabajo, Colegio Universitario Francisco de Miranda, solicitó autorización de despido ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente, alegando a tal fin que el ciudadano Juan Carlos Lozada Martínez gozaba de fuero sindical, por lo que estima la Sala que, de encontrarse vigente la norma que le otorga la inamovilidad por tener un hijo con discapacidad o enfermedad  que le impida o dificulte valerse por sí misma o por sí mismo, la decisión de la Inspectoría del Trabajo hubiese sido la misma, en este caso la autorización para despedir al hoy solicitante, al constatar que, el ahora peticionario, incurrió en las causales de despido alegadas por su patrono.

Por otra parte, en cuanto a la segunda denuncia relativa al desconocimiento de la inamovilidad laboral por fuero sindical, aprecia la Sala que, tal como se indicó supra, la entidad de trabajo, siguió el procedimiento establecido para tal fin, en este caso, la solicitud ante la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital del Municipio Libertador, Sede Norte, de la autorización para despedir al trabajador por causa justificada, logrando demostrar que incurrió en las causales de despido  alegadas y, por tanto, autorizó su despido.

Finalmente la apoderada judicial del solicitante señaló, que la sentencia cuestionada “…se apartó del artículo 86 del Texto Fundamental, cercenándole el derecho a la jubilación…”, ya que desde la fecha de ingreso hasta su despido de forma injustificada, contaba con más de 20 años de servicios, ante lo cual debió privar el derecho a la jubilación.

Ello así, de la revisión atenta del expediente objeto de estudio observa la Sala que el solicitante se limitó a alegar que “…contaba con más de 20 años” de servicio, sin demostrar, ni ante esta Sala ni en ninguna de las instancias (judicial o administrativa), que para el momento en que ocurrió el despido cumplía con los requisitos de edad y años de servicio requeridos para optar al beneficio jubilación. Sin embargo, esta Sala de la revisión de las actas que fueron consignadas por el peticionario al momento de presentar su solicitud de revisión, aprecia que el ciudadano Juan Carlos Lozada Martínez, nació el 10 de abril de 1972, y por lo tanto, al momento de su despido (13 de enero de 2015), contaba con 43 años de edad, no cumpliendo, por tanto, con el requisito de la edad necesaria para optar por el beneficio de la jubilación.

En virtud de lo expuesto, aprecia la Sala que en el presente caso, no se persigue preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, sino solo reabrir la causa primigenia como si se tratarse de una nueva instancia, sin existir realmente una deliberada violación de preceptos de rango constitucional, ni vulneración de criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal”.

miércoles, 10 de enero de 2018

Indemnización y terminación de la relación laboral por causa ajena a la voluntad de las partes


Mediante sentencia N° 1200 del 08 de diciembre de 2017, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que en aquellos casos en que la relación de trabajo finalice por causas ajenas a la voluntad de las partes no será procedente indemnización alguna. Particularmente, la relativa al despido injustificado prevista en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras. En concreto, se dijo que:

Se constata que el punto neurálgico en la presente causa se sintetiza en el reclamo por indemnización establecida en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, toda vez que los Tribunales de Instancia consideraron que la causa de terminación de las relaciones de trabajo de los accionantes fue por causa ajena a la voluntad de las partes y no despido injustificado como lo reclama la parte recurrente.

Ahora bien, a los efectos de emitir su pronunciamiento esta Sala observa, de la revisión de las actas procesales, que la parte demandada es la empresa CVA AZÚCAR S.A., la cual a la fecha de egreso de los accionantes se encontraba adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, siendo que el Presidente de la Junta Interventora y Liquidadora de dicha empresa era el General de División ciudadano Wilfredo Ramón Silva, según consta en las notificaciones de terminación de la relación de trabajo cursantes en autos (vid folios del 90 al 93 de la pieza número 1).

Asimismo, se evidencia el Decreto Presidencial N° 474  publicado en Gaceta Oficial Nº 40.269, de fecha 10 de octubre de 2013, mediante el cual se ordena la creación de una Junta Interventora a los fines de que proceda a la supresión y liquidación de la empresa CVA AZÚCAR S.A. De modo tal que, se constata que la empresa demandada a la cual prestaron servicios los accionantes es una empresa del Estado y que se extinguió del mundo jurídico por un acto del Poder Público, específicamente por el Decreto que ordenó su supresión y liquidación antes mencionado.

Así las cosas, resulta necesario citar lo establecido por esta Sala en relación a la causa de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad de las partes en sentencia número 0004, de fecha 17 de enero de 2012, que señaló lo siguiente:
(...)

Del anterior criterio jurisprudencial se extrae que los actos del Poder Público, tal y como lo prevé el Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, constituyen una modalidad de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad de las partes, y en consecuencia, no puede concluirse, en tales casos, que se configure un despido injustificado, ya que no constituye un hecho unilateral y arbitrario del patrono de poner fin al vínculo laboral, por lo que en el presente caso se concluye que la causa de terminación de la relación de trabajo de los accionantes se produjo por una causa ajena a la voluntad de las partes, específicamente un acto del Poder Público contentivo de la liquidación y supresión de la empresa CVA AZÚCAR S.A. Así se resuelve.

Establecido que la relación laboral terminó por un acto del Poder Público contenido en el Decreto Presidencial que ordena la supresión y liquidación de la empresa demandada, no resulta aplicable al caso concreto la disposición contenida en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras denunciado y por ende improcedente el concepto reclamado de indemnización por despido. En consecuencia, se declara sin lugar el presente recurso de control de legalidad. Así se decide”.

martes, 9 de enero de 2018

Sobre la incomparecencia a la a la audiencia de juicio


Mediante sentencia N° 1357 del 12 de diciembre de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, no aplicó la consecuencia derivada a la inasistencia a la audiencia de juicio, esto es, declarar desistido el procedimiento, toda vez que la parte no pudo acudir a ésta en virtud de la ocurrencia de protestas, las cuales configuraron un hecho público y notorio. En consecuencia, ordenó que se fijara una nueva oportunidad para que se lleve a cabo ese acto. Particularmente, la Sala decidió lo que sigue:

Sobre el contenido de la norma citada pueden identificarse dos supuestos, el primero referido a la prórroga de los lapsos procesales, en tanto que el segundo se circunscribe a la reapertura de los mismos. En ambos supuestos se trata de una extensión del lapso, otorgada por el Tribunal, para el caso en que la ley así lo establezca o siempre que concurra una causa que haga necesaria dicha extensión y que no sea imputable a la parte que la solicita.

De lo anterior, se aprecia que las razones para extender un término o lapso pueden ser de orden: i) legal, es decir, que esté expresamente determinada por la Ley, ó, ii) judicial, esto es, acordada por el juez, en razón de que surja una causa no imputable a la parte que lo solicite y que justifique la extensión del lapso de que se trate; en este último supuesto, el interesado tiene que probar tal circunstancia, para que el Juez pueda proveer lo conducente. (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 00185 y 00312 del 7 de marzo de 2012 y 25 de marzo de 2015, respectivamente).

De esta manera, considera la Sala necesario señalar, que tal como lo indicó el demandante, es un hecho público y notorio que en la fecha en la que se encontraba establecida la referida audiencia, esto es, el 14 de junio de 2017, se suscitaron en el país acontecimientos que alteraron el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de los ciudadanos y las ciudadanas. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 01105 del 17 de octubre de 2017).

En tal sentido, sobre la base de las anteriores consideraciones y en atención a los derechos a la defensa y al debido proceso de la parte accionante, resulta claro que en este caso en particular, no puede aplicarse al demandante la consecuencia jurídica prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa al haber quedado demostrada la existencia de la causa -no imputable a la parte- que le impidió asistir a la audiencia de juicio.

Determinado lo anterior, se declara con lugar el recurso de apelación incoado por la parte actora en fecha 29 de junio de 2017, y por ende, se anula la sentencia Nro. 2017-00475 publicada en fecha 20 de junio de 2017, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y se ordena a al referido órgano jurisdiccional fije una nueva oportunidad para la celebración de la aludida audiencia. Así se declara” (énfasis añadido por la Sala).

lunes, 8 de enero de 2018

Pago de obligaciones en divisas

Mediante sentencia N° 831 del 14 de diciembre de 2017, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que cuando las obligaciones hayan sido pactadas en divisas previo al control de cambio deberán pagarse en la moneda acordada; en cambio, si es con posterioridad al establecimiento del control de cambio, se deberán cumplir en Bolívares tomando en consideración el tipo de cambio vigente para el momento en que se efectúe el pago. Al respecto, se afirmó que:

La Sala Constitucional, en sentencia N° 1641 del año 2011 indicó que cualquier tipo de obligación estipulada en moneda extranjera se puede pagar en moneda de curso legal al tipo de cambio vigente para el momento del pago y no para el momento cuando se haya causado la obligación:
(…)

La misma Sala Constitucional en sentencia N° 1188 del 16 de octubre de 2015, indicó que las obligaciones estipuladas en moneda extranjera antes del régimen de control de cambio se deben pagar en la moneda en que hayan sido pactadas. Señalándolo así:
(…)

Esta Sala, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativo a que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, acoge ese criterio.

Así pues, esta Sala en sentencia N° 987 de fecha 12 de diciembre de 2016, dejó sentado lo siguiente:
(…)

De acuerdo a la norma y a los criterios jurisprudenciales transcritos ut supra, cuando el pago de cualquier tipo de obligación haya sido pactada mediante convención especial, en moneda extranjera, antes de la entrada en vigencia del régimen de control de cambio, es solo a través del pago en dicha moneda pactada como se cumple con la obligación adquirida.

 Si por el contrario la obligación en moneda extranjera fue pactada después de la entrada en vigencia del régimen de control de cambio, el pago se deberá realizar en bolívares al tipo de cambio vigente para el momento del pago y no para cuando la obligación fue causada” (énfasis añadido por la Sala).

miércoles, 3 de enero de 2018

Aumento del beneficio de alimentación (enero 2018)

En la Gaceta Oficial N° 6.354 Extraordinario del 31 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto N° 3.233, mediante el cual se ajustó la base de cálculo para el pago del Cestaticket Socialista para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, a sesenta y un Unidades Tributarias (61 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes. El contenido de ese Decreto es el siguiente:

Artículo 1: Se ajusta la base de cálculo para el pago del Cestaticket Socialista para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, a SESENTA Y UN UNIDADES TRIBUTARIAS (61 U.T.) por día, a razónn de treinta (30) días por mes, pudiendo percibir hasta un máximo del equivalente a MIL OCHOCIENTOS TREINTA Unidades Tributarias (1.830 U.T.) al mes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras.

Artículo 2: Las entidades de trabajo de los sectores público y privado, ajustarán de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de este Decreto, el beneficio de alimentación “Cestaticket Socialista” a todos los trabajadores y las trabajadoras a su servicio.

Artículo 3: Los empleadores y empleadoras tanto del sector público y privado pagarán a cada trabajador y trabajadora el monto por concepto de Cestaticket Socialista a que refiere el artículo 1° de este Decreto, preferentemente mediante la provisión de cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación emitidos por una entidad financiera o establecimiento especializado en la administración y gestión de beneficios sociales; sin perjuicio de lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cesta ticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras, y considerando que el mismo no tiene incidencia salarial alguna, no pudiendo en consecuencia efectuarse deducciones sobre este, salvo las que expresamente autorice el trabajador para la adquisición de bienes y servicios en el marco de los programas y misiones sociales para la satisfacción de sus necesidades.

Artículo 4: El ajuste mencionado en el artículo 1° de este Decreto, es de obligatorio cumplimiento por parte de los empleadores y las empleadoras en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 5: Las entidades de trabajo de los sectores público y privado que otorgan a sus trabajadores y trabajadoras el beneficio de cestaticket socialista mediante alguna de las modalidades establecidas en los numerales 1 al 4 del artículo 4° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras, deberán hacerlo mediante la provisión de tarjeta electrónica de alimentación o, preferentemente, de cupones o tickets emitidos por una entidad financiera o establecimiento especializado en la administración y gestión de beneficios sociales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de este Decreto.

Artículo 6: Cesa la temporalidad establecida en artículo 5° del Decreto número 2.833, de fecha 01 de mayo de 2017, publicado en Gaceta Oficial número 6.296 Extraordinario, de fecha 02 de mayo de 2017, mediante el cual se modificó la modalidad de pago del beneficio de Cestaticket Socialista. A tal efecto se mantiene la aplicación de las modalidades previstas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista, con las preferencias referidas en el presente decreto.

Previa aprobación del Vicepresidente Ejecutivo, el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, con vista en la capacidad y condiciones de las entidades de trabajo, previa consulta a los trabajadores y trabajadoras, y a fin de facilitar a éstos el disfrute del beneficio de cestaticket socialista, podrá imponer mediante Resolución, a los establecimientos o patronos, con carácter general o particular, la obligación de pagar total o parcialmente dicho beneficio en la modalidad de cupones, tickets o tarjetas electrónicas, a su más sana discreción.

Los cupones, ticket y tarjetas electrónicas que hubieren sido emitidas, mantendrán su vigencia, hasta la emisión de nuevos instrumentos.

Artículo 7: Queda encargado de la ejecución de este Decreto el Vicepresidente Ejecutivo, en conjunto con los Ministros del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, de Planificación y de Economía y Finanzas.

Artículo 8: Este Decreto entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2018.

Aumento del salario mínimo (enero 2018)

En la Gaceta Oficial N° 6.354 Extraordinario del 31 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto N° 3.232, mediante el cual se incrementó en un cuarenta por ciento (40%), el salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado. El contenido de ese Decreto es el siguiente:

Artículo 1: Se incrementa en un CUARENTA POR CIENTO (40%) el salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, quedando fijado en la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 248.510,41) mensuales, a partir del 01 de enero de 2018.

El monto de salario diurno por jornada, será cancelado con base al salario mínimo mensual a que se refiere este artículo, dividido entre treinta (30) días.

Artículo 2: Se incrementa el salario mínimo mensual obligatorio para los y las adolescentes aprendices en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por la cantidad CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 186.382,81) mensuales, a partir del 01 de enero de 2018.

El monto del salario por jornada diurna, aplicable a los y las adolescentes aprendices, será cancelado con base al salario mínimo mensual a que se refiere este artículo, dividido entre treinta (30) días.

Cuando la labor realizada por los y las adolescentes aprendices, sea efectuada en condiciones iguales a la de los demás trabajadores y trabajadoras, su salario mínimo será el establecido en el artículo 1 de este Decreto, de conformidad con el artículo 303 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Artículo 3: Los salarios mínimos establecidos en este Decreto, deberán ser pagados en dinero en efectivo y no comprenderán, como parte de los mismos, ningún tipo de salario en especie.

Artículo 4: Se fija como monto de las pensiones de los jubilados y las jubiladas, los pensionados y las pensionadas de la Administración Pública, el salario mínimo nacional obligatorio establecido en el artículo 1° de este Decreto.

Artículo 5: Se fija como monto de las pensiones otorgadas a las jubiladas y los jubilados, las pensionadas y los pensionados, por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), el salario mínimo nacional obligatorio fijado en el artículo 1° de este Decreto.

Artículo 6: Adicionalmente a lo establecido en el artículo 1° de este Decreto, se otorga a las pensionadas y los pensionados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) que perciban mensualmente el equivalente a un salario mínimo, un Bono Especial de Guerra Económica del CUARENTA POR CIENTO (40%), equivalente a la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs. 99.404,17) mensuales.

Quienes fueren beneficiarios de más de una pensión, en el marco del ordenamiento jurídico aplicable, recibirán el beneficio solo con respecto a una de ellas.

Artículo 7: Cuando la participación en el proceso social de trabajo se hubiere convenido a tiempo parcial, el salario estipulado como mínimo, podrá someterse a lo dispuesto en el artículo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en cuanto fuere pertinente.

Artículo 8: El pago de un salario inferior a los estipulados como mínimos en este Decreto, obligará al patrono o patrona a su pago de conformidad con el artículo 130 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y dará lugar a la sanción indicada en su artículo 533.

Artículo 9: Se mantendrán inalterables las condiciones de trabajo no modificadas en este Decreto, salvo las que se adopten o acuerden en beneficio del trabajador y la trabajadora.

Artículo 10: Queda encargado de la ejecución de este Decreto, el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

Artículo 11: Este Decreto entrará en vigencia a partir del 01 de enero 2018.

Creación de la Superintendencia de los Criptoactivos

En la Gaceta Oficial N° 6.346 Extraordinario del 08 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto N° 3.196, mediante el cual se autorizo la creación de la Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas Venezolana, y se establecen las condiciones regulatorias para la compra/venta de activos financieros, aplicación, uso y desarrollo de tecnologías Blockchain (cadena de bloques), minería y el desarrollo de nuevas criptomonedas en el país. El contenido de ese Decreto es el siguiente:

Artículo 1: Se autoriza la creación de la Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas Venezolana, como servicio desconcentrado sin personalidad jurídica, administrado, supervisado e integrado a la Vicepresidencia de la República, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera sobre los recursos que le correspondan, el cual se regirá por lo dispuesto en este Decreto y demás normativa que le resulten aplicable.

Artículo 2: La Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas Venezolana, estará a cargo de un Superintendente o Superintendenta, designado por el Presidente de la República.

Artículo 3: El presente Decreto tiene por objeto, establecer dentro de las políticas del desarrollo integral de la Nación y de manera lícita, las condiciones regulatorias previstas en el Código Civil Venezolano la compra/venta de activos financieros, aplicación, uso y desarrollo de tecnologías Blockchain (cadena de bloques), minería, desarrollo de nuevas criptomonedas en el país, con la finalidad de apostar por una economía capaz de mantener la cohesión social y la estabilidad política.

Artículo 4: Esta Criptomoneda Venezolana el “PETRO”, se trata de Petróleo Venezolano cotizado en la cesta OPEP, así como otros commodities, entre ellos el oro, diamante, coltán y el gas.

Cada unidad de PETRO tendrá como respaldo físico, un contrato compra-venta por un (01) barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano o cualquier commodities que decida la Nación.

Artículo 5: El tenedor de los PETRO podrá realizar el cambio del valor de mercado del cripto-activo por el equivalente en otra criptomoneda o en Bolívares al tipo de cambio de mercado publicado por la casa de intercambio de cripto-activo nacional.

El tenedor de los PETRO podrá realizar el cambio del valor de mercado del cripto-activo por el equivalente en una criptomoneda o por una moneda fiduciaria en los Exchanges Internacionales.

El tenedor de cada PETRO será poseedor de una billetera virtual, la cual será de su entera responsabilidad, así como todos los riesgos asociados al manejo y custodia de la misma.

Artículo 6: La Casa de Intercambio será la figura que brinde la infraestructura para la negociación secundaria de los cripto-activos (PETRO), donde compradores y vendedores, abrirán y cerraran posiciones, y donde se podrá realizar el cambio del cripto-activo por el equivalente en Bolívares, de conformidad con el tipo de cambio que en esta se maneje. Asimismo, podrá ser intercambiada por su equivalente en criptomonedas.

Artículo 7: La Casa de Intercambio cripto-activo (Exchange internacional) serán las plataformas que brinden la infraestructura para la negociación secundaria de los criptoactivos (PETRO), donde compradores y vendedores, abrirán y cerraran posiciones, y donde se podrá realizar el cambio del cripto-activo por el equivalente en moneda fiduciaria, de conformidad con el tipo de cambio vigente al momento de la negociación. Asimismo, podrá ser intercambiada por su equivalente en otras criptomonedas.

Artículo 8: La colocación inicial se hará a través de subasta o asignación directa, realizada por la Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas Venezolana, de conformidad con el número de barriles en reservas otorgados como respaldo por el Ejecutivo Nacional para el PETRO, así como el número de PETRO que se encuentren en circulación.

Artículo 9: La custodia estará descentralizada una vez que la Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas Venezolana haya realizado la subasta inicial y asignado los cripto-activos a los inversionistas.

Artículo 10: El funcionamiento y la organización interna de la Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas Venezolana se definirá en su Reglamento Interno y demás normas de funcionamiento que se dicten al efecto.

Artículo 11: El Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela coordinará con el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, las gestiones pertinentes con el objeto de obtener los recursos financieros y presupuestarios necesarios para el funcionamiento de la Superintendencia.

Artículo 12: El Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y el Superintendente de los Criptoactivos y actividades conexas Venezolana, quedan encargados de la ejecución de este Decreto.

Artículo 13: El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

viernes, 29 de diciembre de 2017

Ley Constitucional Sobre la Creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria

En la Gaceta Oficial N° 41.305 del 21 de diciembre de 2017, se publicó la Ley Constitucional Sobre la Creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente. El texto íntegro de esa ley es el siguiente:

LEY CONSTITUCIONAL SOBRE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD TRIBUTARIA SANCIONATORIA

Objeto
Artículo 1: El objeto de esta Ley Constitucional es crear una unidad tributaria especial que será utilizada exclusivamente para determinar el monto de las multas y sanciones pecuniarias, cuya base de cálculo esté prevista en unidades tributarias, en los respectivos instrumentos normativos que las prevén, la cual se denomina Unidad Tributaria Sancionatoria.

Finalidad
Artículo 2: Esta Ley Constitucional tiene las siguientes finalidades:

1. Contribuir al cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico, garantizando el carácter disuasivo de las multas y sanciones pecuniarias, cuya base de cálculo esté prevista en Unidades Tributarias.
2. Actualizar de forma periódica el valor real de las multas y sanciones pecuniarias calculadas en Unidades Tributarias, a los fines de prevenir el incumplimiento de las normas jurídicas.
3. Establecer criterios técnicos, transparentes y seguros para la fijación del valor de la Unidad Tributaria Sancionatoria.

Autoridad competente para la determinación del valor de la Unidad Tributaria Sancionatoria
Artículo 3: Es competencia del Ejecutivo Nacional determinar el valor de la Unidad Tributaria Sancionatoria y reajustarlo dentro de los primeros días del mes de febrero de cada año, en la misma oportunidad que lo haga respecto de la Unidad Tributaria Ordinaria.

Criterios para la determinación de la Unidad Tributaria Sancionatoria
Artículo 4: El valor de la Unidad Sancionatoria se establecerá con base en la variación producida en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas, en el año inmediatamente anterior, fijado por la autoridad competente, oída la opinión del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ciudadano.

Aplicación de las Multas y Sanciones en base a la Unidad Tributaria Sancionatoria
Artículo 5: Las multas y sanciones pecuniarias previstas en el ordenamiento jurídico cuyo monto sea establecido en base a la unidad tributaria deben calcularse en base a la Unidad Tributaria Sancionatoria contemplada en esta Ley Constitucional.

Vigencia
Artículo 6: Esta Ley Constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Inmunidad fiscal en favor de CANTV


Mediante sentencia N° 1359 del 12 de diciembre de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que a partir de la estatización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), ésta no deberá pagar el impuesto sobre actividades económicas, industria y comercio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 180 constitucional. En virtud de ello, afirmó que esa empresa goza de la inmunidad fiscal otorgada a las empresas del Estado venezolano, frente a la potestad tributaria de los Municipios. En concreto, se señaló lo siguiente:

Con observancia a lo precedentemente referido, determinada como ha sido la competencia de los entes locales para gravar con el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar las actividades empresariales de telecomunicaciones, esta Sala Político-Administrativa considera necesario hacer varias precisiones en torno a la estructura accionaria de la contribuyente, observando preliminarmente que la sociedad de comercio Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), inició sus operaciones como una compañía de capital privado, que en la última década, luego de diversos procesos de negociaciones entre la República y los accionistas iniciales, pasó a ser una empresa del Estado, tal como se evidencia en el Decreto Presidencial Nro. 5.974, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.900 de fecha 1° de abril de 2008, donde se estableció la adscripción de esa sociedad mercantil y sus filiales Telecomunicaciones Movilnet C.A. (MOVILNET), Cantv.Net C.A., y Venezolana de Guías C.A. (CÁVEGUIAS), al entonces Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, en virtud que el Estado venezolano posee el Ochenta y Seis coma Veintiuno por Ciento (86,21%) de la partición accionaria de la precitada compañía.
(…)

Por consiguiente, estima esta Sala Político-Administrativa que la recurrente es una empresa del Estado venezolano y, por ende, una persona jurídica de derecho público que goza de los privilegios y prerrogativas concedidos por Ley a la República -en virtud del criterio fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nro. 735 de fecha 25 de octubre de 2017, caso: Mercantil, C.A., Banco Universal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.289 del 29 de noviembre del mismo año-, constituyendo un instrumento para la preservación, protección y garantía de los intereses colectivos y la satisfacción de las necesidades básicas de la población, correlacionadas con un derecho humano fundamental, como lo es el de la comunicación, vinculado a su vez con la ciencia, la tecnología, el conocimiento en general, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información, necesarios para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional.

Tan es así, que dicha empresa actúa en la administración, prestación, desarrollo y explotación de los servicios de telefonía local y de larga distancia nacional e internacional, “(…) teles nacional e internacional(…)”, radiotelefonía y telefonía celular, servicios de valor agregado, telefoto, transmisión de datos, medios para la transmisión de programas de radiodifusión y televisión, suministros de canales telegráficos y cualquier otro servicio de telecomunicaciones; la posesión de equipos y medios de telecomunicaciones; la adopción y explotación de nuevos servicios determinados por progresos técnicos en esa materia; así como la participación en asociaciones, institutos o grupos internacionales dedicados al perfeccionamiento de las telecomunicaciones o bien investigaciones científicas y tecnológicas, erigiéndose como la principal empresa pública en esa materia en el país, que al ser del Estado venezolano, considera esta Sala que amerita un tratamiento fiscal especial, con base en los postulados propugnados por los instrumentos normativos que constituyen nuestro ordenamiento jurídico tributario, partiendo de la Constitución como norma suprema.

Ante ese escenario, esta Alzada actuando como cúspide de la jurisdicción contencioso administrativa y de la jurisdicción contencioso tributaria, tomando en cuenta la jurisprudencia existente en la materia en aplicación directa del Texto Fundamental, y en aras de garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, juzga necesario hacer algunas consideraciones referentes a la inmunidad fiscal frente a la potestad tributaria de los Municipios, atribuida a los demás entes político-territoriales,  es decir, a la República, a los Estados y a las personas jurídicas estatales creadas por ellos.
 (…)

Por consiguiente, estima este Alto Juzgado que para que exista inmunidad tributaria debe considerarse tanto la naturaleza del ente político territorial (en razón de la titularidad de las acciones) como la actividad realizada por éste (la cual por el hecho de estar reservada al Estado no conlleva necesariamente a la aplicación del beneficio fiscal bajo estudio), apreciando esta Alzada que en el presente caso la compañía de autos no opera como un concesionario de un ente u órgano del Estado venezolano, sino que, a través de dicha empresa, es la propia República la que decidió actuar con ocasión de la adquisición de sus acciones, realizando una inversión del patrimonio estatal en la explotación de la actividad empresarial de telecomunicaciones, que si bien no se encuentra reservada de forma exclusiva al Poder Público Nacional permitiendo la actuación de otros sujetos de derecho de carácter privado, está intrínsecamente vinculada con la consecución de los intereses superiores tutelados y garantizados por el Estado, en respeto al derecho humano a la libertad de opinión y de expresión (que incluye el derecho a comunicar o recibir informaciones), correlacionado a su vez con la ciencia, la tecnología, el conocimiento en general, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información, que según la Exposición de Motivos de nuestra Carta Magna son declarados de interés público, por ser precisamente en criterio de esta Sala, instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional, siendo ese el fundamento que inspira el artículo 110 del Texto Fundamental; por lo que en criterio de este Órgano Jurisdiccional dicha situación se subsume en todas y cada una de sus partes en lo previsto en artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

Siendo ello así, si bien es cierto -como se dijo supra- que los Municipios tienen la potestad tributaria para gravar con el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar las actividades empresariales, tales como las telecomunicaciones, sin invadir las competencias rentísticas del Poder Público Nacional, aprecia esta Sala Político-Administrativa que, a  tenor  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  180 eiusdem, en el presente caso la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) goza de inmunidad tributaria frente a la potestad tributaria municipal por ser una empresa del Estado venezolano, por medio de la cual actúa la República. Así se declara.

Realizadas las precisiones anteriores y reconocida como ha sido, por una parte, la potestad tributaria del Municipio Barinas del Estado Barinas para gravar las actividades empresariales, tales como las telecomunicaciones; y por la otra, la inmunidad fiscal de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, C.A. (CANTV), aplicable por disposición expresa del artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dado el carácter de empresa del Estado que detenta la contribuyente, debe precisarse si las objeciones fiscales formuladas por dicho ente político-territorial resultan  procedentes, atendiendo para ello al momento en que fueron efectuadas.

En tal sentido, observa este Alto Juzgado que en el presente caso el hecho imponible del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar se verificó durante los ejercicios fiscales coincidentes con los años civiles 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, y posteriormente, esto es, a partir del 1° de abril de 2008, la contribuyente pasó a ser una empresa del Estado venezolano, lo que permite a esta Sala Político-Administrativa concluir que la inmunidad fiscal consagrada en el Texto Fundamental, de la cual goza la recurrente, será aplicable a ésta desde esa fecha (1° de abril de 2008), siendo por ende exigible en el caso de autos el pago del tributo en comentario durante los ejercicios gravables anteriores a la oportunidad en que la República adquirió la mayoría de las acciones de la prenombrada sociedad mercantil, pues de no ser así, se quebrantaría el precepto constitucional alusivo a la potestad tributaria municipal, por contradecir lo dispuesto en el artículo 180 del Texto Fundamental. Así se decide” (énfasis añadido por la Sala).