lunes, 19 de febrero de 2018

Ausencia de procedimiento administrativo para suspender la venta de acciones de una casa de bolsa


Mediante sentencia N° 116 del 08 de febrero de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que la la Superintendencia Nacional de Valores no tenía la obligación de sustanciar un procedimiento administrativo previo para aplicar la medida de suspensión de enajenación o transferencia -sin autorización previa- de la propiedad de las acciones de una Casa de Bolsa. En efecto, se dijo que:

“De las normas antes citadas puede verificarse que la Superintendencia Nacional de Valores es el ente administrativo encargado de regular el mercado de capitales en nuestro país, y en función de ello está facultado para supervisar su desenvolvimiento eficiente, incluyendo entre esas potestades la de regular las actividades de las bolsas de valores.

Establecido lo anterior, debe señalarse que se desprende del propio acto administrativo -lo que además no resulta un hecho controvertido- que para la fecha en que fue dictado el mismo, el órgano administrativo demandado se encontraba efectuando la intervención y liquidación de una serie de instituciones financieras dedicadas a las operaciones dentro del mercado de capitales, lo cual es a su vez el fundamento fáctico de la resolución impugnada.

Aunado a ello, si se observa detalladamente el contenido de la mencionada providencia administrativa, puede evidenciarse que esta es consecuencia directa de la actuación de la Superintendencia Nacional de Valores en el ejercicio de sus facultades, dirigida a salvaguardar el mercado de valores mediante la intervención y liquidación de los activos de las casas de bolsa, por lo que la decisión que recayó sobre la parte demandante no es el resultado de un procedimiento mediante el cual se pretendieron afectar sus derechos, sino la consecuencia derivada de la medida referida, ejecutada sobre sociedades de corretaje de valores que efectuaban operaciones dentro del ámbito de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

Así, puede inferirse que por esa razón la Superintendencia Nacional de Valores adoptó la medida que hoy se impugna, pues ella resultaba necesaria a los fines de garantizar la culminación satisfactoria del proceso de liquidación de esas instituciones financieras.

Es por ello que esta Sala advierte que la Resolución in commento tiene una naturaleza de índole preventiva, pues la misma no pretendía limitar el ejercicio de las actividades de la parte actora, sino más bien regular aquellas que estuvieran relacionadas con la enajenación y transferencia de acciones de los operadores de bolsa que estaban siendo sometidos a los procedimientos de liquidación.

Asimismo, puede evidenciarse además que no se le impidió la enajenación y transferencia de sus acciones propiamente, sino que se estableció una regulación para efectuar dichas operaciones -solamente de las operadoras cambiarias que se encontraran en proceso de intervención- a fin de que contaran con la autorización previa de la Superintendencia Nacional de Valores y así culminar satisfactoriamente los procedimientos llevados a cabo contra las casas de bolsa, en el ámbito de las facultades que le otorgaba la ley al ente demandado.

En este orden, conviene señalar que las medidas preventivas tienen siempre un carácter instrumental, por cuanto su fin último es el de asegurar que el procedimiento administrativo que se está sustanciando pueda cumplir el rol para el cual se está llevando a cabo, y deben siempre atender a la debida proporcionalidad que tiene que garantizar la administración en el ejercicio de sus potestades.

En razón de ello, debe estimarse que en el presente caso la decisión emanada de la parte accionada resulta proporcional en el marco de la intervención que se estaba realizando a las distintas casas de bolsa, siendo la medida tomada en contra de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., solo una necesidad a los fines de cumplir con el objeto de la misma, sin que esa medida ameritara la sustanciación de un procedimiento administrativo en el que participara la parte actora dentro de un contradictorio que garantizara el ejercicio del derecho al debido proceso.
(...)

De lo citado precedentemente se puede verificar que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo determinó que no resultaba necesario sustanciar procedimiento administrativo alguno en el presente caso pues el ente administrativo actuó dentro del ámbito de sus competencias a fin de resguardar los bienes propiedad de las instituciones financieras que estaban siendo objeto de intervención, por lo que desestimó la denuncia referida a la ausencia de procedimiento previo. Asimismo, consideró que la falta de indicación en la notificación de los recursos que procedían contra el acto impugnado así como el término para interponerlos fue subsanada al recurrir la parte actora en sede judicial, por lo que desechó igualmente el mencionado alegato.

Siendo ello así, se observa con meridiana claridad que el a quo en efecto sí emitió pronunciamiento respecto a los alegatos que a decir de la parte actora fueron obviados al momento de proferirse la sentencia de primera instancia.

En tal sentido, atendiendo a la denuncia de la apelante observa esta Sala que en modo alguno se configuró violación al principio de exhaustividad por parte de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en cuanto a los vicios referidos a la ausencia de procedimiento y defecto en la notificación, por tal motivo, la misma debe ser desechada. Así se establece.
(...)

De la lectura del extracto de la sentencia apelada, anteriormente citado, puede evidenciarse claramente que el a quo consideró que de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 19 y numeral 8 del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores, aplicable en razón del tiempo, la Superintendencia Nacional de Valores estaba plenamente facultada para dictar el acto administrativo impugnado, ya que las Bolsas de Valores forman parte de las instituciones que se encontraban reguladas en la mencionada Ley”.

miércoles, 14 de febrero de 2018

Justiprecio e indexación



Mediante sentencia N° 156 del 08 de febrero de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que en aquellos juicios de expropiación cuya sustanciación se prolongue mucho en el tiempo y en el que no se haya impugnado el informe de avalúo, lo que corresponde para garantizar el pago justo es indexar el justiprecio que ha sido previamente establecido. Sobre ese particular se apuntó lo siguiente:

“En virtud de la declaratoria anterior, aprecia esta Sala que el Tribunal a quo estableció que con ocasión de las “impugnaciones y múltiples suspensiones que tuvieron lugar en el expediente” de expropiación la sociedad mercantil Inversiones Astac C.A., no recibió una justa indemnización a la que se contrae el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al haber transcurrido doce (12) años desde la fecha en que se dictó la sentencia definitiva (24 de noviembre de 2003) que declaró con lugar la solicitud de expropiación interpuesta por los apoderados judiciales del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).

De esta manera, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, realizó un análisis exhaustivo del Informe de Avalúo presentado en fecha 20 de mayo de 2005 (folios 62 al 104) y determinó que “el valor del justiprecio” que debe recibir la parte demandada es la cantidad de Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis Bolívares con Siete céntimos (Bs. 169.156, 07), y acordó la solicitud de indexación presentada por la empresa expropiada, el cual debe ser indexado según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC).
(...)

De lo anterior, se colige tal y como lo determinó el Tribunal de la causa que el Informe de Avalúo del 20 de mayo de 2005, no fue impugnado por las partes respecto al monto del justiprecio y al haber transcurrido doce (12) años desde la fecha en que se declaró con lugar la solicitud de expropiación presentada por los apoderados judiciales del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), lo conducente era aplicar al monto determinado la indexación correspondiente, como en efecto acordó el a quo, toda vez que la indexación otorga a quien pretende cobrar una acreencia, en este caso, Inversiones Astac C.A., “(…) [el] derecho a recibir el pago en proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda para la fecha del mismo. Sólo así, recupera lo que le correspondía recibir cuando se venció la obligación y ella se hizo exigible” tal y como ha señalado esta Sala en sentencia Nro. 00137 del 7 marzo de 2017. (Agregado de la Sala)”.

jueves, 8 de febrero de 2018

Lo que debe entenderse por nueva infracción


Mediante sentencia N° 99 del 01 de febrero de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, confirmó que “por cada nueva infracción” debe entenderse la comisión de un ilícito formal que se adecúe al tipo penal de otro realizado con anterioridad, lo cual implica que la responsabilidad derivada de ambos hechos antijurídicos previstos en una misma norma. En efecto, se dijo que:

Sobre este particular ha sido reiterado el criterio de esta Sala Político-Administrativa en las decisiones Núms. 01129 y 00381 de fechas 27 de octubre de 2016 y 22 de junio de 2017, casos: Golfeados Karolay, C.A. y Plásticos Los Llanos, C.A., respectivamente, conforme a las cuales se ha establecido que la expresión “por cada nueva infracción”, debe significar el establecimiento de una nueva responsabilidad penal tributaria imputable al mismo sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, derivada de un procedimiento investigativo distinto. Así, se podrá incrementar la sanción siempre y cuando, en un nuevo procedimiento de inspección, la Administración Tributaria determine que efectivamente fue cometida la misma conducta previamente sancionada, teniendo ésta la carga de demostrar que el contribuyente ha sido multado en oportunidades anteriores, por cuanto se supone tiene en sus manos todas las herramientas en los distintos tributos para poder precisar si un contribuyente ha cometido infracciones de normas tributarias en un determinado momento”.

Igualmente, el término por cada nueva infracción” supone la comisión, por parte del sujeto pasivo, de un ilícito formal que se adecúe al tipo penal de otro perpetrado con anterioridad, lo cual implica que la responsabilidad derivada de ambos hechos antijurídicos se concrete en la aplicación de la misma norma sancionatoria. (Vid., sentencia de esta Sala Núm. 01129 del 27 de octubre de 2016, caso: Golfeados Karolay).

Con fundamento en tales consideraciones, y de la revisión de las actas procesales, esta Sala no evidencia que la contribuyente haya sido objeto de procedimientos de inspección previos en los cuales se verificara que incurriera en el ilícito formal previsto en el artículo 102, numeral 2, segundo aparte del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente en razón del tiempo, relativo a no mantener el registro detallado de entradas y salidas de mercancías de los inventarios en el domicilio fiscal o establecimiento, del cual se dejó constancia en el acto administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Sanción Núm. SNAT/INTI/GRTI/RLA/SB/AF/2015/ISLR-IVA/00311/2015-00391 de fecha 6 de noviembre de 2015, situación que justificaría el incremento de la sanción contemplada en el segundo aparte eiusdem.

En consecuencia de lo anterior, esta Alzada concluye que el Tribunal de instancia al proferir el fallo objeto de impugnación no incurrió en “falso supuesto por error en la interpretación” al haber -según adujo la parte apelante- aplicado una circunstancia atenuante referente a no haber cometido infracción durante tres años anteriores; que conforme a lo explicado en líneas precedentes lo que hizo el Juez de instancia fue declarar que se trataba de la primera infracción y por tanto no correspondía aplicar el incremento previsto en el texto normativo, razón por la cual se desestima el alegato formulado por la representación fiscal, se declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por ésta y se confirma dicho aspecto del fallo impugnado. Así se declara” (énfasis añadido por la Sala).

martes, 6 de febrero de 2018

Carga de la prueba en el proceso laboral


Mediante sentencia N° 20 del 29 de enero de 2018, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que en el proceso laboral la carga de la prueba corresponde a la parte, según lo que afirme en la pretensión o quien la niegue alegando nuevos hechos, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. También confirmó que al patrono le corresponderá en las causas en que niegue el despido. En efecto, la Sala precisó lo siguiente:

De la transcripción antes señalada, se observa que el juez de alzada estableció que el a quo no distribuyó debidamente la carga probatoria y en razón de ello consideró, que la accionada no demostró las inasistencias del actor a sus labores, concluyendo que las deducciones de días de trabajo realizadas al trabajador, no están justificadas, declarando en consecuencia procedente el pago por los días reclamados en el libelo.

Así las cosas, es necesario indicar que el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirme los hechos que configuren su pretensión, norma ésta que ha sido objeto de varias decisiones emanadas de esta Sala de Casación Social, dejándose establecido que de acuerdo con el principio general previsto en el referido artículo 72, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos.

En ese sentido, a los efectos de ilustrar un poco lo que ha señalado el criterio jurisprudencial de este Máximo Tribunal, respecto a la aplicación de la mencionada disposición legal, es necesario señalar que se ha dejado establecido, que salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos, sosteniéndose además, que el empleador cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido, entendiéndose que cuando la parte demandada niegue la prestación del servicio, se estaría ante una negación absoluta de los hechos, correspondiendo entonces al trabajador, la carga de la prueba en cuanto a la prestación del servicio”.

lunes, 5 de febrero de 2018

Prescripción y derecho a la defensa en procedimientos administrativos


Mediante sentencia N° 45 del 21 de enero de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que en el caso de procedimientos administrativos disciplinarios el lapso de prescripción comenzará a correr a partir de que la Administración conozca los hechos merecedores de ser sancionados.

También confirmó que el derecho al debido proceso es complejo, pues encierra dentro de sí un conjunto de garantías traducidas en una diversidad de derechos para el ciudadano, aplicables en todas las actuaciones judiciales y  administrativas, entre las que figuran las siguientes: acceso a la justicia, a los recursos legalmente establecidos, a un tribunal competente, independiente e imparcial, obtener una resolución de fondo jurídicamente fundada, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la ejecución de las sentencias. Al respecto, se dijo lo que sigue:

La citada norma está dirigida a limitar la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración y, además, le asegura a sus destinatarios y destinatarias, es decir, a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que sean sancionados o sancionadas sin excesos por parte de sus superiores jerárquicos o que lo sean en cualquier tiempo después de cometido el hecho a sancionar.

Sin embargo, la Sala ha señalado que el lapso de tres (3) meses de prescripción, debe computarse a partir de la fecha en que la Administración tuvo conocimiento de los hechos que pueden generar responsabilidad disciplinaria. (Vid. Sentencias de esta Sala números 02742 del 20 de noviembre de 2001 y 970 del 6 de octubre de 2016).

Ahora bien, en el caso de autos la averiguación administrativa se abrió en la misma fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos objeto de la investigación, esto es, el 11 de enero de 2006, día en el que “…se reportó en [la Escuela de Tropas Aeronáuticas], una novedad sobre la pérdida de dieciséis millones seiscientos mil Bolívares aproximadamente (Bs. 16.600.000,00), motivo por el cual se llamó al personal de la sección de inteligencia de la Base Aérea ‘El Libertador’ para dar inicio a las averiguaciones…”.; de tal manera que en el procedimiento que dio lugar al acto impugnado, no operó la prescripción alegada. Así se declara.
(...)

Señala el accionante, que el acto administrativo impugnado viola su derecho a la defensa, al no contener una expresión sucinta de los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta ni haberse valorado las pruebas promovidas durante la sustanciación del procedimiento iniciado en su contra, lo cual lo mantuvo en un estado de desconocimiento total respecto al hecho concreto que motivó la sanción impuesta.

Ahora bien, sobre el particular debe indicarse, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el derecho a la defensa se concreta a través de diversas manifestaciones, tales como: el derecho a ser oído u oída, a ser notificado o notificada del procedimiento, a tener acceso al expediente, a presentar pruebas, a ser informado o informada de los recursos y medios de defensa disponibles frente a los actos dictados por la Administración, entre otras manifestaciones que la jurisprudencia ha desarrollado.

Por otra parte, el debido proceso encuentra su expresión en un grupo de garantías procesales, entre las cuales se destaca el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, así como el derecho a un tribunal competente y a la ejecución del procedimiento correspondiente.
(...)

Conforme a las disposiciones parcialmente transcritas, la validez de los actos administrativos requiere la expresión formal de los supuestos de hecho y de derecho, que fundamentan la manifestación de voluntad de la Administración. Tal exigencia resulta indispensable, por una parte, a fin de poner en conocimiento del administrado o la administrada las razones fácticas y jurídicas que sustentan el acto administrativo y garantizar su derecho a la defensa; y, por la otra, facilitar el control de la legalidad que sobre los actos administrativos ejercen los órganos jurisdiccionales.
(...)

De los documentos antes transcritos, se aprecia que la parte actora tuvo conocimiento desde el inicio de la investigación disciplinaria de los hechos que se le imputaban, admitiéndolos, y pudo presentar los alegatos y pruebas para su defensa.

De manera, pues, se verifica en el caso de autos que la Administración no incurrió en la violación del derecho a la defensa del accionante por inmotivación y silencio de pruebas; en virtud de lo cual se desestima el alegato bajo examen. Así se declara”.

miércoles, 31 de enero de 2018

Sobre la prohibición de registrar signos genéricos o descriptivos

Mediante sentencia N° 31 del 25 de enero de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que no podrán registrarse como marcas los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos (artículo 33.9 de la Ley de Propiedad Intelectual). En efecto, afirmó que:

De la disposición normativa supra transcrita se puede colegir, que no es registrable un signo que haya pasado al uso general de la población, ni aquellas expresiones que la mayoría de los ciudadanos de un país o sociedad emplean para referirse a la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos. A título ilustrativo, la Sala entiende que la palabra “crema”, es inidónea como signo distintivo de un producto dentífrico, pues, la generalidad de los venezolanos se refiere a éste con dicho término, y porque, además, alude a la naturaleza y cualidad del bien.

Con base en lo anterior, considera la Sala que los signos genéricos y descriptivos no pueden utilizarse como marcas, cuando sean denominaciones de los productos o servicios que se designan con la expresión. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 898 del  22 de julio de 2015).
(...)

De lo anterior se puede concluir que la Administración Pública negó la solicitud marcaria de autos, por cuanto consideró que la misma es descriptiva del servicio para el cual se requiere la protección, ello es, la “compra, venta y distribución comercial de electrodomésticos; representación y promoción de productos”, en Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

Sin embargo, considera este Alto Tribunal que el signo “COMPRA CIERTA” (etiqueta), contrariamente a lo sostenido por el Registrador Marcario del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), sí resultaba registrable y por lo tanto, no se encontraba incurso dentro de la prohibición contenida en el artículo 33, numeral 9, de la Ley de Propiedad Industrial, ello por cuanto no indica el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos a ser comercializados por la sociedad mercantil Whrilpool, S.A., ni tampoco se trata de una palabra que haya pasado al uso generalizado de la población venezolana para referirse al servicio por ella prestado.

En efecto, advierte esta Sala que el signo cuya protección se solicita está compuesto por dos palabras “compra” y “cierta”, y en tal sentido, debe reiterarse lo sostenido en anteriores oportunidades por esta Alzada, con relación a la marca “compleja”, es decir, aquella integrada por varios elementos que constituyen una unidad en su totalidad y que por tanto es indivisible, la cual individualiza la marca como signo diferenciador de productos análogos y que debe analizarse en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado.  (Vid., sentencia de este Órgano Jurisdiccional Nro. 01040 del 18 de octubre de 2016).

Aunado a lo anterior, se advierte que en anteriores oportunidades dicho Registro ha concedido la protección sobre signos como “COMPRA TELE”, “PRACTI COMPRAS”, “COMPRA PROTEGIDA” y otros, lo cual se desprende del buscador disponible en la página web del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), sapi.gov.ve.

Por todo lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera conforme a derecho la determinación realizada por el a quo, referida a que el “(…) término COMPRA CIERTA en modo alguno es asimilable a la venta de productos como ‘secadoras o microondas’, toda vez que puede aludir a cualquier tipo de compra y no hace referencia alguna a dichos productos que se pretenden distinguir, por cuanto el término compuesto ‘COMPRA CIERTA’, no informa las características del producto o servicio que se pretende identificar”; en consecuencia, se desestima el vicio de suposición falsa alegado por la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide”.

martes, 30 de enero de 2018

Responsabilidad extracontractual y denuncia penal


Mediante sentencia N° 01 del 23 de enero de 2018, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, indicó que no será procedente la responsabilidad extracontractual del denunciante penal en favor del absuelto en el proceso si, previamente, el juez no ha declarada la acusación como calumniosa mediante sentencia definitivamente firme. Sobre la responsabilidad por abuso de derecho, la Sala indicó lo siguiente:

El ad quem según el contexto de la transcripción parcial de la recurrida antes realizada, puntualizó que la interpretación correcta del artículo 1.185 del Código Civil, es que el ejercicio de las vías legales en forma honesta y prudente, para determinar la comisión o no, de un hecho punible, no puede exponer al accionante a una condena por daños y perjuicios, que sólo se configura el abuso de derecho, cuando en el ejercicio de dichas vías legales se haya excedido de los límites fijados por la buena fe, aspectos estos que la Sala los considera correctos.

Además, precisa la recurrida que, la interposición de una denuncia en modo alguno puede constituir per se un hecho ilícito, pues se trata de un derecho y un deber de todo ciudadano y que no siempre que se declare la falsedad de la denuncia en la instancia penal, se genera responsabilidad civil. Afirmación esta que la Sala también comparte.
 (…)

En éste orden de ideas, esta Sala de Casación Civil, acoge el criterio expuesto por el Dr. ALBERTO DIAZ, en el voto que salvó a propósito de la sentencia dictada por la extinguida Corte de Casación el 20 de octubre de 1.953 (Páginas 288 y siguientes de la Gaceta Forense, Segunda Etapa N° 2). Y, por tanto, siguiendo al disidente en aquél fallo, nos encontramos con que el artículo 1.185 eiusdem, realmente contempla dos (02) situaciones jurídicas totalmente distintas: La del que abusa de su derecho, establecida en la parte in fine, y la del que procede sin ningún derecho, establecida en su encabezado.

Conforme a la disposición legal supra transcrita, el ejercicio judicial de una acción no puede constituir hecho ilícito capaz de comprometer la responsabilidad de quien la intenta, sino cuando éste, traspasa la existencia de la buena fe.

En criterio de esta Sala de Casación Civil, para que se configure el abuso del derecho, se requieren dos (02) extremos legales.

1.- Que el actor del hecho se haya excedido en el ejercicio de su derecho traspasando los límites fijados por la buena fe, es decir, el titular del derecho se haya desviado de los fines del mismo, haya procedido de mala fe.

2.- Que no haya ejercido su derecho sanamente, irrespetando los fines y los límites del mismo haciendo de él un uso anormal.
 (…)

Es así, como se evidencia la capital diferencia que hay, entre causar un daño por acto voluntario e ilegítimo, y causarlo en prudente ejercicio de un derecho; entre éste y su ejercicio inmoderado; por último, entre abusar del derecho por mano propia e incurrir en el al dirigirse a los tribunales.

Quien ocurre a la justicia, busca tutelar institución de las sociedades civilizadas, lleva en su favor presunción de buena fe, lo que ella resuelve es la verdad, lo que hace se supone que está bien hecho, siempre que actúe dentro de sus facultades o atribuciones. De allí que, no pueda considerarse bajo un mismo rublo de igualdad, el abuso extrajudicial del derecho, forma de hacerse justicia por sí mismo, y el que se cometa cuando se pide justicia a los tribunales encargados de impartirla.

La presunción de buena fe se hace más respetable si en el pretendido “abuso de derecho” han intervenido autoridades legítimas con función específica de evitar abusos de toda especie, de aplicar la ley que garantice el equilibrio social, en una palabra de hacer justicia, que el solo hecho que se acuse o se denuncie a una persona que luego resulta inocente, no puede decirse que ha habido abuso de derecho, porque ello no basta con probar que se incurrió en excesos, que se traspasaron los límites fijados por la buena fe, concepto diferente a error, excusable o censurable.
(…)

Del texto doctrinal parcialmente transcrito supra  la Sala colige que, las denuncias y las querellas infundadas o falsas solo imponen responsabilidad a su autor, si el tribunal que conoció de ellas las declara calumniosas por sentencia ejecutoriada.

Según la jurisprudencia constante de la Corte de Casación de Francia, la víctima de una denuncia calumniosa no puede obtener la reparación del perjuicio que con ella se haya causado mientras los hechos materia de la denuncia no sean declarados falsos previamente por la autoridad competente, que es la justicia del crimen si esos hechos son delictuosos.

Por lo que respecta a la denuncia, si el tribunal de la cognición no la declara calumniosa, el denunciante o querellante no incurre en responsabilidad civil, aunque el procesado o querellado haya sido absuelto o sobreseído en la definitiva, pues si el denunciante incurriere en responsabilidad por el solo hecho de que el acusado fuere absuelto o sobreseído, nadie denunciaría el delito, ni se querellaría ante el temor de esa responsabilidad, con lo cual se malograría el fin perseguido por el legislador.
(…)

Igualmente para, MARCELO PLANIOL y JORGE RIPERT, en su obra (Derecho Civil Francés, N° 584), sostienen también que la querella, la denuncia y los informes dados a la justicia constituyen el ejercicio de un derecho y aún de un deber, no solamente en los casos en que la ley obliga a denunciar y que no obstante, si se declara el sobreseimiento, el no ha lugar, o la absoluciónsolamente se incurre en responsabilidad, cuando la denuncia hubiese sido hecha de mala fe, y cita una jurisprudencia de la alta Corte Francesa, en la que se expresa, que el que se queja de una denuncia calumniosa no podrá en principio obtener reparación tanto en la vida civil como en la penal, sino cuando los hechos denunciados hayan sido previamente declarados falsos por la autoridad o la jurisdicción competente.
(…)

Concluye la Sala, del extracto de la sentencia antes referida que, ciertamente después de procesado el actor, los tribunales con competencia penal que conocieron el caso, determinaron la absolución de éste con fundamento en que ha prevalecido la duda razonable, por consiguiente por el principio de inocencia que exige expresamente para que se pueda dictar una sentencia de condena, se debe probar la culpabilidad más allá de una duda razonable en atención a ello el acusado debía ser declarado absuelto del delito que se le imputaba.
(…)

El criterio anterior fue reiterado mediante sentencia N° 0240 de esta Sala Civil, en fecha 30 de abril de 2002, caso: A. J. MARTINEZ contra J. L. MARTINEZ, con ponencia del Magistrado Dr. ANTONIO RAMÍREZ JIMENEZ, de lo cual puede concluirse que si bien es cierto que la recurrente formuló denuncia penal ante la comisaría de Cúa del Instituto Autónomo de Policía del estado Bolivariano de Miranda por el delito de abuso sexual y, posteriormente ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C), lo que generó el procesamiento del actor por vía penal, siendo decretada una medida cautelar por el juez de control ut supra citado, el cual estableció que hasta tanto el demandante no presentará dos (2) fiadores con las condiciones del tribunal de control permanecería recluido en el recinto penitenciario YARE II, lo que condujo a que el actor fuera privado de su libertad durante diez (10) días, absuelto posteriormente del cargo que le fuera imputado, no es menos cierto que el ejercicio del derecho a los órganos de administración de justicia, en el caso, la interposición de la denuncia de una persona contra otra que luego resultó absuelta, no puede considerarse abuso de derecho, porque para ello no basta comprobar que se incurrió en excesos, que se traspasaron los límites de la buena fe, concepto diferente a error excusable o censurable.

No basta que se deseche la simple denuncia de un hecho delictuoso con mención del autor, y a una misma acusación, para que sea procedente una acción de daños y perjuicios morales; la denuncia y la acusación son derechos consagrados por la ley, por consiguiente es necesario demostrar por parte del actor que hubo un exceso en los límites fijados por la buena fe, es decir, que hubo malicia.

Cabe insistir en la pregunta, ¿Hubo exceso por parte de la denunciante?. La respuesta es negativa; en efecto, los tribunales penales establecieron la absolución del encausado expresando que al haber duda razonable, la doctrina establece que las situaciones excluyentes de certezas benefician al imputado, lo cual favoreció al hoy demandante por el principio “in dubio pro reo”, sin calificarse de falsas las denuncias de la recurrente, no excediéndose en los límites fijados por la buena fe o por el derecho que tiene cualquier ciudadano de denunciar.

Si en virtud de esa denuncia o acusación se decreta la detención, o se sigue un procedimiento, éste acto es imputable al juez soberano para acordarlo o negarlo, y sólo muy remotamente al denunciante.

En consecuencia, se declara que la recurrente por el hecho de su denuncia no incurrió en las extralimitaciones que determinan un abuso de derecho y, por ende, que obligan a reparar los daños y perjuicios supuestamente padecidos por la parte actora. Así se decide” (énfasis añadido por la Sala).

lunes, 29 de enero de 2018

Exención del ISLR


Mediante sentencia N° 09 del 17 de enero de 2018, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que para que proceda la exención del pago del Impuesto Sobre la Renta deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que no persigan fines de lucro; (ii) que en ningún caso distribuyan ganancias, beneficios de cualquier índole o parte alguna de su patrimonio a sus fundadores, asociados o miembros de cualquier naturaleza; (iii) que sólo realicen pagos normales y necesarios para el desarrollo de las actividades que les son propias; y (iv) que en caso de tratarse de instituciones universitarias y educacionales, presten sus servicios dentro de las condiciones generales fijadas por el Ejecutivo Nacional. En concreto, se señaló lo siguiente:

La referida disposición tiene como objetivo fundamental crear un incentivo para las instituciones dedicadas a actividades benéficas, culturales, deportivas y asistenciales que no persigan fines de lucro, lo cual se justifica por la circunstancia de no existir en ellas un verdadero enriquecimiento, ya que la labor que realizan es de tipo benéfico o social. (Vid., fallo Nro. 00757 del 3 de junio de 2009, caso: Liga Venezolana de Beisbol Profesional).

Sin embargo, para calificar a un sujeto como exento del pago del impuesto sobre la renta, las instituciones deben dedicarse “exclusivamente” a las actividades religiosas, artísticas, científicas, tecnológicas, culturales o deportivas, descritas en la norma bajo examen. (Vid., decisión de esta Sala Nro. 01388 del 22 de octubre de 2014, caso: Asociación Civil Valle Arriba Athletic Club).
(…)

Siguiendo este razonamiento, esta Alzada debe destacar que el incumplimiento de alguna de estas condiciones o exigencias previstas en la Ley, trae como consecuencia que no se otorgue la exención y, por ende, que el sujeto pasivo se vea obligado a cumplir con el pago del tributo, de los accesorios y demás obligaciones derivadas del impuesto sobre la renta.

En tal virtud es que según lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 10 de la prenombrada Ley, los sujetos pasivos que pretendan atribuirse la señalada figura deberán justificar ante la Administración Tributaria que reúnen las condiciones para el disfrute de la exención, en la forma que contemple el Reglamento.
 (…)

 Sobre la base de lo expuesto, llama poderosamente la atención de este Alto Juzgado que la representación en juicio de la referida fundación manifieste de forma expresa que ésta se dedica de forma exclusiva a actividades culturales, cuando a través de un medio de difusión, como lo es su página Web (en razón de no haber acompañado la contribuyente ningún otro medio probatorio tendente a demostrar la realización exclusiva de dicha actividad), la accionante ofrece, como parte de sus servicios, programas dirigidos a la educación vial, conservación del ambiente y envío libre de costos de encomiendas, representadas, entre otras, por limpieza y recuperación de espacios públicos, circunstancias estas que resultan ajenas y totalmente disociadas a la actividad descrita en su documento constitutivo estatutario, de lo que se infiere de manera clara que ésta no realiza únicamente la actividad cultural. Así se declara.

En otras palabras, de los instrumentos probatorios antes referidos se desprenden las diversas actividades que se efectúan en dicha asociación (protección ambiental, educación, siembra de árboles, etc.), entre las cuales si bien es cierto se encuentran algunas actividades culturales, no lo es menos que éstas no son las únicas que realiza la contribuyente, lo cual pone de manifiesto que en el presente caso no se cumple con el requisito de exclusividad previsto en el numeral 10 del artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2007, aplicable ratione temporis, tal como fue asumido por la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en la sentencia Nro. 413 del 6 de mayo de 1999, caso: Caracas Country Club, siendo este el criterio pacífico y reiterado por esta Alzada, entre otros, en los fallos Nros. 02668 y 01388, de fechas 28 de noviembre de 2006 y 22 de octubre de 2014, casos: Monteclaro Country Club y Asociación Civil Valle Arriba Athletic Club, respectivamente. Así se dispone.
(…)

En consecuencia, este Alto Juzgado debe indicar que si bien dicha documental contiene los aspectos esenciales que debe tener toda institución como la de autos por disposición expresa del Código Civil, en modo alguno éste puede considerarse como suficiente para verificar la procedencia del beneficio fiscal en comentario, puesto que ello se encuentra íntimamente asociado a una situación de hecho, cuya sola invocación no es suficiente, sino que inexorablemente debía demostrarse la forma en que la accionante desarrollaba la referida actividad, debiendo analizarse para ello la documentación contable y financiera existente en el caso concreto, así como cualquier otro medio probatorio que permitiese conocer a plenitud el contenido y alcance del objeto social de la recurrente, a fin de aplicar la norma correspondiente, no bastando, como lo pretendió la apoderada en juicio de la empresa actora, argumentar una interpretación errada del objeto social de su mandante, lo cual se desecha. Así se decide.

El anterior razonamiento no debe ser entendido, como pretendió hacerlo valer la contribuyente de forma errónea, como un motivo aislado, puesto que el propio Legislador tributario a través del Parágrafo Primero del artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2007, aplicable en razón de su vigencia temporal, estatuye que los beneficiarios de las exenciones previstas en dicha norma deberán justificar ante la Administración Tributaria que reúnen las condiciones para el disfrute de la exención, lo cual no fue realizado por la parte actora. Así se declara.

Tan es así, que del análisis de las actas procesales aprecia esta Alzada que la recurrente sólo se limitó a traer a colación citas doctrinales sobre la materia, sin aportar medio probatorio alguno que permitiera constatar que ésta era beneficiara de la exención en comentario, al considerar de forma errónea que en el caso bajo estudio solamente se debían dilucidar aspectos de mero derecho, ante lo cual debe ratificar este Órgano Jurisdiccional que la parte que alega determinada pretensión o defensa debe presentar los medios para probarla, y por interpretación en contrario, si la parte no presenta medios probatorios o los aportados son insuficientes para demostrar lo alegado, no puede ser declarada procedente su pretensión o defensa esgrimida, referida en materia tributaria a la declaratoria de ilegalidad o no del acto administrativo de que se trate, es decir, a desvirtuar la presunción de legalidad y veracidad que lo reviste. (Vid., sentencia Nro. 00351 del 22 de junio de 2017, caso: Wonke Occidente, C.A.).

Con  observancia en las anteriores consideraciones, al no haberse satisfecho el requisito de exclusividad previsto en el numeral 10 del artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2007, aplicable en razón del tiempo, resulta inoficioso para esta Máxima Instancia entrar a conocer del resto de los extremos legales exigidos para la procedencia del precitado beneficio fiscal. Así se declara” (énfasis añadido por la Sala).

Medidas para la promoción de las Pequeñas y Medianas Industrias

En la Gaceta Oficial N° 6.360 Extraordinario del 19 de enero de 2018, se publicó la Resolución Conjunta dictada por los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas, mediante la cual se establecieron medidas para la promoción de las Pequeñas y Medianas Industrias, y sujetos del nuevo tejido productivo, en el acceso al Sistema de Contrataciones Públicas. El texto íntegro de esa Resolución es el siguiente:

Artículo 1: Esta Resolución tiene por objeto asegurar la participación equilibrada de todos los actores económicos en los procesos de contratación pública; mejorar la democratización del acceso a las contrataciones con el Estado y contribuir a la agilización y simplificación de trámites en los procesos de contratación pública.

Artículo 2: El Servicio Nacional de Contratistas procederá a la inscripción y habilitación en el Registro Nacional de Contratistas de las empresas con domicilio en la República Bolivariana de Venezuela, pequeñas y medianas industrias, y sujetos del nuevo tejido productivo que produzcan, comercialicen o distribuyan todo tipo de bienes o presten cualquier tipo de servicios, a partir del solo cumplimiento del requisito de prestar declaración jurada de no estar incurso en ninguna causal de inhabilitación, de que puede cumplir con los requisitos, condiciones y criterios de selección de las distintas modalidades de contratación y de su consentimiento a ser sometido a la verificación de las credenciales y documentos, así como a la publicidad de información de interés relativa a su capacidad para contratar con el Estado, en los términos del artículo 8 de la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas.

Efectuada ante el Servicio Nacional de Contrataciones la declaración jurada a que refiere el presente artículo, a través de los mecanismos tecnológicos dispuestos por dicho Servicio, se otorgará inmediatamente la inscripción y se emitirá el correspondiente comprobante, sin menoscabo de que la administración pueda requerirlos posteriormente, o realizar la verificación de su validez, en ejercicio de sus funciones de supervisión y control.

En el comprobante de inscripción deberá estar expresado, íntegramente transcrito, el artículo 10 de la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, formando parte del mismo.

Artículo 3: La Comisión de Compras Centralizadas convocará procesos de ruedas de negocios y Compras Centralizadas por lo menos semestralmente. En dichos procesos, los órganos y entes públicos participantes podrán firmar los acuerdos, contratos y alianzas estratégicas para la contratación directa de determinados bienes, insumos e implementos a pequeñas y medianas industrias y sujetos del nuevo tejido productivo. En las respectivas convocatorias, la Comisión de Compras Centralizadas indicará las categorías o el listado de bienes, insumos e implementos objeto de adquisición, así como la caracterización específica que, dentro del respectivo sector o actividad, deberán detentar los participantes para ser considerados "pequeños o medianos actores económicos".

Artículo 4: En los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, si no fuere incompatible con la naturaleza de la contratación, los correspondientes pliegos, invitaciones, convocatorias o demás instrumentos contentivos de las reglas específicas del procedimiento, otorgarán un margen de ventaja de hasta veinticinco por ciento (25%) del precio, a fin de compensar las diferencias entre las economías de escala, privilegiando a las Pequeñas y Medianas empresas en la contratación, respecto de ofertas de empresas calificadas como grandes.

El Ministerio del Poder Popular de Planificación promoverá la redacción de formularios o modelos de pliegos, invitaciones, convocatorias y demás instrumentos contentivos de las reglas específicas del procedimiento, a fin de asegurar la unicidad y armonización de criterios.

Artículo 5: En las respectivas condiciones de contratación, el órgano o ente contratante podrá incorporar disposiciones mediante las cuales se obligue a suministrar al contratista determinados bienes, partes o materiales, producidos o fabricados en el país, o importados por el Estado, a ser incorporados en la producción de los bienes, prestación de servicios o ejecución de obras objeto de contrato. En dicho caso, el precio de los bienes incorporados por el órgano o ente contratante no podrá ser computado como parte del precio del contrato y, si así se hubiere hecho, el mismo será descontado a los efectos del pago del precio del contrato.

Artículo 6: Cuando se otorgare anticipo en el contrato celebrado con un contratista previamente calificado como pequeña o mediana industria, o como organización socioproductiva, éste no podrá ser de un monto superior al ochenta por ciento (80%) del precio total del contrato. Dicho anticipo deberá ser entregado al contratista en un plazo que no excederá de ocho (8) días hábiles contado a partir de la firma del respectivo contrato cuando se tratare de la adquisición de bienes o servicios, o de quince (15) días hábiles cuando el contrato es de obras.

El órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista que el anticipo a que refiere este artículo se sustituya de manera equivalente mediante la entrega de materia prima directamente a la unidad productiva contratada, observando los lapsos para pago del anticipo dispuestos en el encabezado.

Artículo 7: Los órganos y entes contratantes deberán pagar los montos establecidos contractualmente según las siguientes reglas:

- Cuando se trate de adquisición de bienes y prestación de servicios, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la suscripción del informe de control perceptivo;

- En el caso de la ejecución de obras, en un lapso que no excederá de veinte (20) días hábiles, a partir de la suscripción del acta de aceptación definitiva.

Artículo 8: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.