miércoles, 18 de octubre de 2017

Sobre la ocupación previa en la expropiación


Mediante sentencia N° 1011 del 28 de septiembre de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que no se revocarán las actuaciones tendentes a lograr la ocupación previa del bien a expropiarse, aun cuando no sigan con lo establecido en la ley, toda vez que debe prevalecer el interés general que motiva la intención de adquirir forzosamente la propiedad. En concreto, se afirmó lo siguiente:

Con base en la disposición constitucional antes transcrita, el Estado ante la necesidad de atender debidamente los intereses de la colectividad, puede obtener a través de la expropiación aquellos bienes idóneos para el cumplimiento de los objetivos mencionados con arreglo a las normas que regulan la materia. (Vid. entre otras, la sentencia de esta Sala Nro. 00367 del 24 de marzo de 2011).

En este orden de ideas, se observa que la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.475 del 1º de julio de 2002, regula el procedimiento a seguir para la expropiación forzosa de aquellos bienes que la Administración estime necesarios para la ejecución de alguna obra de utilidad pública, dentro del cual incluye la posibilidad de ocupar previamente los inmuebles objeto de dicha medida, cuando la autoridad a quien competa califique la obra pública como urgente (artículo 56 eiusdem).

Ahora bien, la figura de la ocupación previa permite adelantar los efectos del juicio expropiatorio al autorizar al ente que dicte el Decreto, a ocupar el inmueble sujeto a expropiación, con el objetivo de comenzar la ejecución de las obras que revisten carácter de urgencia.

Cabe resaltar, que jurisprudencialmente se ha admitido que a pesar de que tal medida se encuentra condicionada a la existencia de un juicio de expropiación, su tramitación no es más que una incidencia autónoma a dicho juicio, por lo que no se podrá pretender establecer una conexión o suerte de dependencia entre los requisitos formales de la solicitud de expropiación, y la procedencia y efectos de la ocupación previa. (Vid. entre otras, la sentencia de esta Sala Nro. 1.760 del 18 de noviembre de 2003).

Siendo lo anterior así debe indicarse, que con el objeto de dictar el decreto de ocupación previa, basta verificar el cumplimiento de  los requisitos previstos en el artículo 56 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, los cuales pueden resumirse de la siguiente manera: i) que la obra a ser ejecutada sea de las consideradas como de utilidad pública (artículo 13 de la referida Ley), siendo a este respecto suficiente, que tal condición sea decretada por la autoridad que corresponda, tal y como lo prevé dicha norma; ii) que el ente expropiante estipule la ejecución de la obra como de urgente realización; iii) que se haya introducido ante el tribunal competente la correspondiente demanda de expropiación; iv) que se justiprecie el inmueble por la comisión de expertos a que se refiere el artículo 19 eiusdem,; v) que el ente expropiante consigne con la solicitud de ocupación previa, la cantidad dineraria en que hubiere sido justipreciado el inmueble; vi) que se haya dado el respectivo aviso al propietario y al ocupante; y vii) que se haya llevado a cabo la inspección judicial sobre el bien, a objeto de dejar constancia de las circunstancias que han de tomarse en cuenta para la determinación del justiprecio definitivo.
(…)

Tal como antes se indicó, ha sido criterio reiterado de este Órgano Jurisdiccional que la ocupación previa, si bien se encuentra condicionada a la existencia de un juicio de expropiación, su tramitación es una incidencia autónoma a dicho juicio. Esto quiere decir, que la ocupación previa es considerada como una medida cautelar que adelanta uno de los efectos esenciales de la expropiación, esto es, la posesión por parte del ente expropiante del bien objeto del juicio expropiatorio, a fin de que se dé inicio a la obra (u obras) de utilidad pública o social.
(…)

De acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, la naturaleza cautelar de la ocupación previa no sólo se proyecta positivamente a favor del ente expropiante, sino que, además, el fin preservativo o garantizador frente al expropiado se perfecciona a través del cumplimiento de los presupuestos dispuestos ex/lege para su procedencia, a saber, el avalúo, la inspección judicial y la consignación del monto que refleje el avalúo; este último, a los únicos efectos de: a) que si en el transcurso del juicio expropiatorio, se modifican características o rasgos específicos del bien objeto de la expropiación, se tenga acreditado un precedente que sirva de parámetro comparativo con el avalúo definitivo que dispone la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social y, en tal sentido, para que el justiprecio definitivo se ajuste a la realidad integral del bien expropiado, es decir, para que la indemnización sea verdaderamente justa; y, b) servir de garantía para los daños que podría sufrir el expropiado, en caso de no llevarse a cabo en definitiva la expropiación. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 00898 del 10 de mayo de 2001).

Tales consideraciones la realiza esta Sala por cuanto, si bien en el caso bajo examen el a quo decretó la medida de ocupación previa del inmueble del cual el apelante es copropietario, sin antes haber ordenado entre otras cosas, la constitución de la Comisión de Avalúo prevista en el artículo 19 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, requisito formal esencial para su procedencia, no es menos cierto que, dada la naturaleza cautelar de tal providencia judicial, se impone ponderar en el caso concreto los intereses en juego, a efectos de resguardar los derechos de ambas partes.

En ese sentido, cabe advertir que la ocupación previa de autos fue dictada con el objeto de adelantar los trabajos de construcción de la “Sede para Trabajadores no Independientes del Sector Centro del Municipio Maturín del Estado Monagas” (sic); de manera que, al contrastar el incuestionable fin de interés público que persigue la misma, con el interés particular del copropietario del inmueble expropiado, esta Sala, haciendo una ponderación del interés general involucrado en el presente asunto y en aras de resguardar los derechos de las partes, considera que la medida de ocupación previa decretada por el a quo no debe ser revocada; razón por la cual la petición efectuada por el apelante en este aspecto debe ser declarada improcedente. Así se establece”.

martes, 17 de octubre de 2017

Reposición de la causa e incomparecencia a la audiencia preliminar


Mediante sentencia N° 852 del 25 de septiembre de 2017, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que no se repondrá la causa en los procesos de naturaleza laboral en los que se dicten dos decisiones: una homologando el desistimiento en favor de uno de los demandados; y la otra definitiva con base en la presunción contenida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debido a la incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar, toda vez que el acto ha alcanzado el fin al cual está destinado. En concreto, se afirmó lo siguiente:

De la transcripción parcial del fallo recurrido, se desprende que el juzgador de alzada en el caso in commento declaró la nulidad de las decisiones del a quo y dictó la reposición de la causa al estado de celebración de la audiencia preliminar, por considerar que al haberse emitido dos (2) sentencias, una interlocutoria con fuerza de definitiva en la que se declaró desistido el procedimiento y terminado el proceso respecto de la codemandada Petrex Venezuela, S.A., y la otra definitiva, que declaró parciamente con lugar la pretensión instaurada contra la codemandada Multiservicios Top-Revert, C.A., en virtud de la incomparecencia a la audiencia preliminar, se transgredió el principio de la unidad de la sentencia, al dictase en fechas distintas a pesar que el objeto de la demanda y los sujetos son los mismos, además consideró que “la decisión que pueda tomarse contra uno de los demandados, puede afectar la esfera jurídica de la otra persona jurídica”.

Con relación a la figura de la admisión de los hechos, como consecuencia de la incomparecencia a la primigenia audiencia preliminar, prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala ha sentado:
(…)

De acuerdo con la sentencia precedentemente transcrita, cuando el demandado no comparece al llamado primitivo para la audiencia preliminar, se origina en una presunción de admisión de los hechos alegados por el actor en su libelo, con carácter absoluto, es decir, no admite prueba en contrario (presunción iuris et de iure). En tales casos el juez de sustanciación, mediación y ejecución valora las pruebas promovidas por la parte actora, sólo a los fines de constatar que la acción no sea contraria a derecho, pues, si la parte accionada no compareció a dicho acto de la audiencia preliminar, la misma se constituyó en la primigenia y única fase, por ende no consignó sus pruebas. Debe entenderse que la presunción de admisión de los hechos en ese estado es absoluta, y dado que la audiencia preliminar es la única oportunidad para la promoción de los medios probatorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no se procede a la contradicción de las pruebas, siendo innecesaria la intervención del juez de juicio, en este sentido, el fallo dictado por el juez de sustanciación, mediación y ejecución, por orden de la presunción de admisión de los hechos por parte del demandado, sólo podrá ser impugnado en cuanto a la ilegalidad de la acción o en la afirmación de que la pretensión del demandante es contraria a derecho.
(…)

 En el presente caso se hace evidente que la reposición de la causa acordada es inútil, en virtud que en el presente asunto operó, a favor del demandante la consecuencia jurídica de la admisión de los hechos, por la incomparecencia de la codemandada Multiservicios Top-Revert, C.A., a la audiencia preliminar primigenia, prevista en el artículo 131 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con relación a la cual la coaccionada dispuso del derecho de justificar su incomparecencia justificada en apelación, que no logró comprobar, por lo cual el juez de alzada con su forma de proceder, violentó lo dispuesto en los artículos 12, 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con la concepción constitucional del proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, en el sentido de no sacrificarla por formalidades no esenciales que más bien entorpezcan el proceso en detrimento de las partes, dado el deber que tienen los jueces de garantizarles el derecho a la defensa, mantenerlas en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una.

Por lo tanto, esta Sala de Casación Social, concluye que con su actuación el juez de alzada, violó los postulados constitucionales que propugnan el favorecimiento de una sentencia de fondo en los juicios, sin reposiciones inútiles, así como el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente, en el marco de un estado democrático y social de Derecho y de Justicia, de acuerdo a lo estatuido en los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, el juez de alzada debió dictar sentencia de fondo y no ordenar la reposición de la causa al estado de que se celebre nuevamente la audiencia preliminar, como lo hizo, lo cual constituye una reposición mal decretada, en consecuencia, infringió los artículos 12, 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil aplicables por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 131 de la ley adjetiva laboral con relación a la admisión de los hechos por la incomparecencia de la demandada a la audiencia preliminar, en tal sentido, la Sala anula el fallo recurrido y en aras de garantizar el principio del doble grado de jurisdicción, se repone la causa al estado de que el juzgado superior que resulte competente se pronuncie sobre el fondo del presente asunto. Así se decide”.

lunes, 16 de octubre de 2017

Sobre el monto de la pensión de jubilación


Mediante sentencia N° 721 del 14 de agosto de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que cuando una convención colectiva contemple que la pensión por jubilación será la del último salario devengado por el trabajador, la referida pensión no podrá -en ningún caso- ser inferior al salario mínimo urbano. Al respecto, se afirmó lo siguiente:

Esta Sala estima como contradictorio, el hecho de que luego de haberse determinado que, “[l]as pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano”, se condene a la sociedad mercantil hoy solicitante, al pago del beneficio de jubilación teniendo como parámetro “los salarios básicos de los homólogos activos”, cuando no es el sentido de la redacción de la cláusula contractual la cual se refiere al último salario básico del trabajador; cual es el que debe la empresa patronal mantener incólume. (Destacados de esta Sala).

Pensar lo contrario, podría llevar al desconocimiento del principio de “igual salario por igual trabajo”, contemplado en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que tal argumento implique por parte de esta Sala la equiparación de ambos desembolsos por parte del patrono, ya que tal como lo ha señalado en ocasiones anteriores, se trata de conceptos distintos; es así como se estima pertinente citar la sentencia n° 1342 del 16 de octubre de 2013 (Caso: Nancy Carrillo de Guevara), a través de la cual esta Sala Constitucional expresó lo siguiente:
 (…)

Lo anterior, bajo ningún concepto debe entenderse como discriminatorio, toda vez que de conformidad con el principio de trato igual, en el caso sub judice se trata del análisis de condiciones laborales distintas; esto es, la de un trabajador jubilado, quien ya cesó en sus labores diarias de trabajo, y la de un trabajador activo, con respecto al cual, el propio Constituyente ha permitido un trato diferente; en ese sentido, por ejemplo, se puede apreciar que en el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refiere como principio, que las convenciones colectivas amparan a los trabajadores activos para el momento de la suscripción; ello sin perjuicio de que puedan hacerse extensivos a los trabajadores jubilados los beneficios de una contratación colectiva de trabajo; pero a la inversa pueden los trabajadores jubilados ser excluidos tácita o expresamente de los beneficios de un convenio colectivo de trabajo sin que ello afecte los principios de trato igual e irrenunciabilidad de los beneficios laborales.

Igual sucede, aunque parezca obvio señalarlo, con los bonos por desempeño que se otorgan dentro de la empresa, y con ello lo que quiere destacarse es que la distinción entre trabajadores activos y jubilados, no es per se discriminatoria, por el contrario, es inherente a la labor que se realiza, lo cual no significa como se indicó antes, un desconocimiento al esfuerzo y dedicación que mostró el trabajador jubilado antes de haber adquirido tal condición.
(…)

No obstante lo anterior, esta Sala hace un exhorto tanto a la empresa pública, como a la privada, para estar atentas a las variables socioeconómicas que puedan afectar tanto a trabajadores activos como a jubilados, y de esa manera ir adaptando progresivamente las condiciones y beneficios que se le puedan brindar a la nómina pasiva en proporción del bienestar de la nómina activa de los trabajadores, y poder así, seguir superando las viejas concepciones del liberalismo económico.  
      
Ahora bien, en el caso sub judice estima la Sala que, la sentencia bajo revisión no debió de oficio declarar una homologación salarial en contravención de lo expresamente pautado en la convención colectiva, teniendo como parámetro “los salarios básicos de los homólogos activos”, puesto que con ello erró en la apreciación e interpretación de los hechos y de las normas jurídicas, vulnerando principios constitucionales al decidir acerca del recurso de casación que le fue planteado”. (énfasis añadido por la Sala).

miércoles, 11 de octubre de 2017

Vicio de silencio de pruebas en el contencioso administrativo


Mediante sentencia N° 1013 del 28 de septiembre de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que el vicio de silencio de pruebas podrá anular el fallo aun cuando el mismo no está configurado expresamente como una causal de nulidad en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. En sede judicial se manifestará, bien porque no se menciona o no se analiza ni juzga sobre el valor probatorio de una prueba promovida, explicando las razones del por qué se aprecia o se desestima, para luego y a partir de allí, establecer hechos o considerar otros como no demostrados, se infringe el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ya que el juez no estaría expresando las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión.

En criterio de esa Sala, no se producirá ese vicio en el contencioso administrativo si la prueba promovida no tuviera por objeto demostrar la nulidad del acto administrativo impugnado. Particularmente, se señaló que:

En ese sentido, es pertinente indicar que la prueba denunciada como silenciada está referida a los informes solicitados en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio, la cual fue admitida por el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda en fecha 15 de abril de 2015 y fue promovida al Banco Central de Venezuela (BCV), a los fines que éste remitiera la información que constara “(…) en los libros, archivos, papeles y demás documentos relacionados con la carta de crédito a la vista de fecha 9 de noviembre de 2011 emitida por BANESCO, Banco Universal, S.A., bajo el sistema de compensación multilateral de pagos (ALADI) por cuenta de ANCA y a favor del proveedor extranjero MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ‘TATU’ S/N (…) todo ello amparado en la Solicitud de Autorización de Adquisición de Autorización (sic) de Divisas (AAD) Nro. 14509076 emitida por CADIVI”.

Dentro de esa misma línea argumentativa es preciso advertir que el apoderado judicial de la demandante señaló en su escrito de promoción de pruebas que la misma tenía como finalidad demostrar “(…) la nulidad absoluta de la decisión administrativa notificada a ANCA en fecha 13 de febrero de 2013, relacionada con la suspensión y orden de reintegro de las divisas relacionadas con la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) Nro. 14509076 (…) por ser de imposible ejecución en los  términos previstos en el numeral 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (…)”.
(…)

Determinado lo anterior, y visto que el presente asunto se circunscribió a la nulidad de la Resolución Nro. PRE-VPAI-CJ-008376 de fecha 20 de marzo de 2013, mediante el cual la Administración declaró extemporáneo el recurso de reconsideración ejercido por la empresa demandante y la prueba denunciada como silenciada iba dirigida a probar los alegatos conducidos contra el acto administrativo del 13 de febrero de 2013, el cual no fue impugnado, mal podía la Corte pronunciarse sobre la misma. En consecuencia, se desestima la denuncia delatada. Así se decide” (énfasis añadido por la Sala).

martes, 10 de octubre de 2017

Sobre el fuero paternal



Mediante sentencia N° 708 del 14 de agosto de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se afirmó  que para que a un padre le sea extensible la inamovilidad laboral prevista en el artículo 8 de la Ley Para Protección De Las Familias, La Maternidad y La Paternidad es necesario que demuestre la filiación a través del Acta de inscripción  en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social. Adicionalmente, se estableció que no podrá beneficiarse de ese fuero quien lo alegue ante la presencia simultánea de matrimonio y concubinato. En concreto, se señaló que:

De los artículos ut supra transcritos, en especial de las frases resaltadas se evidencia con meridiana claridad, que el derecho a la identificación  de los niños y niñas debe garantizarse inmediatamente después de su nacimiento,  debiendo el Centro de Salud,  mediante ficha individual que contenga los datos de identificación del niño o niña con certificación del médico que asistió al  parto, es decir, incluir como datos de identificación del niño los apellidos del padre y la madre, ésta sería la única forma que basada en el principio constitucional del interés superior del niño se podría en forma adicional a la partida de nacimiento, establecerse la filiación del infante con su progenitor, y que éste –progenitor- pudiese estar investido del fuero paternal.  

En consecuencia, no puede el quejoso mediante un instrumento que identifican  “Constancia de Parto”,  la cual no contiene ningún dato de identificación del infante, -nombre apellidos, huellas-  ni del padre, y que fue suscrita por una autoridad que no se identificó como el médico que asistió el parto, siendo  expedida un mes después del nacimiento del niño, ocurrido el 14/05/2011, y elaborada el 27/06/2011, evidenciándose que la misma incumplió con lo consagrado en las Leyes especiales que disponen que la identificación del niño debe realizarse inmediatamente después de su nacimiento, con  la cual pretendió el accionante se le determinara  su filiación con el niño  para el disfrute de  su inamovilidad laboral por fuero paternal, institución de protección que por  orden de la Ley para Protección de Las Familias, La Maternidad y La Paternidad, en principio es  mediante el Acta de inscripción del niño o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social , que como se dijo anteriormente, en virtud del Principio del interés superior y dado que la inscripción en el Registro Civil de Nacimiento puede hacerse dentro de los 90 días siguientes, a fin de garantizar tal protección que es en beneficio del hijo ó hija, tendría que reconocerse la filiación y el ejercicio de la institución del fuero paternal también con la ficha de nacimiento que cumpla con los parámetros establecidos por la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, pero nunca con una constancia de parto como la presentada por el quejoso en el caso sub lite.

En consecuencia, no puede soslayar la Sala que durante los procedimientos instaurados –administrativo e instancia judicial-  incluso en el presente amparo constitucional, el quejoso no consignó nunca un documento fehaciente que demostrara su filiación con el niño que nació, quien por orden de la Ley –art. 117 LOPNNA- debió tener  la ficha individual ó acta en el que constan los datos de su identificación y  levantada por el médico que presenció el parto,  ó la partida de nacimiento del Registro Civil de Nacimiento, y no intentar hacerlo con una copia simple de una “Constancia de Parto” que no cumplió con ninguno de los requisitos legales  para que le naciera el derecho de la inamovilidad por fuero paternal, establecida en el artículos 339 segundo párrafo  y 420. 2 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras.
(…)

No obstante, la Sala agrega que el interés superior del niño y la efectividad del derecho del recién nacido al cuidado, amor y filiación del padre se debe llevar a cabo de manera prevalente, incluso por encima del vínculo legal o relación del padre con la madre, esto es, de la calidad de esposos de los padres, de compañeros permanentes, o de la convivencia efectiva entre los padres del niño o niña, por lo que la prerrogativa a la licencia y fuero paternal se hace extensiva incluso para aquellos padres que no reúnan las particularidades anotadas, solo que en ponderación a ese derecho, será  invocada si el padre no mantuviese simultáneamente vínculos legales o estables, pues de lo contrario, se estaría haciendo un uso abusivo de ese derecho, lo que se desvía teleológicamente con los fines de la norma.

Lo expresado anteriormente en nada desvincula al deber irrenunciable que todo padre y madre tiene de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas.

Por tanto, debe deducirse que para el goce de la protección de inamovilidad laboral establecida desde la concepción de la “pareja”,  ese hijo o hija concebido debe ser  producto de un matrimonio ó de una unión estable de hecho,  pero que en ningún caso tal protección podrá derivarse de la coexistencia concurrente de ambas circunstancias, pues sería contrario a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico; salvo que se demuestre que ambas uniones tienen fecha de ocurrencias distintas.
 (…)

Ello así,  en virtud de todo lo expresado con fundamento en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico venezolano esta Sala establece: 1) Para la acreditación del fuero paternal, el trabajador deberá consignar acta de nacimiento ó  la ficha de nacimiento con los datos de identificación del recién nacido, mediante los cuales se determina su condición de progenitor, de conformidad con lo dispuesto en los  artículos 117 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 8 de la Ley Para la Protección de las Familias, la Maternidad y de la Paternidad; 2)  No podrá beneficiarse del fuero paternal quien la alegue ante la presencia simultánea del matrimonio y del concubinato o cualquier otra unión estable de hecho, pues se desnaturalizaría el objetivo de la institución de protección familiar de fuero paternal. Así se establece” (énfasis añadido por la Sala).

Prórroga del pasaporte


Mediante Decreto N° 3.097 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.333 Extraordinario del 08 de octubre de 2017, se publicó el Decreto N° 6 en el Marco del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, por medio del cual se estableció que el pasaporte venezolano podrá ser prorrogado por un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su respectiva revalidación. El texto de ese Decreto es el siguiente:

Artículo 1: El Pasaporte venezolano podrá ser prorrogado por un periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su respectiva revalidación, en los términos establecidos en el presente Decreto.

Artículo 2: Los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y de Relaciones Exteriores, dictarán los lineamientos que correspondan a las Secciones Consulares de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Oficinas del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME) para proceder a la prórroga de los Pasaportes.

Artículo 3: Los procedimientos utilizados para la prórroga del pasaporte no podrán vulnerar los demás elementos de seguridad del Documento de Viaje establecidos en el ordenamiento jurídico nacional ni las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Artículo 4: Los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y de Relaciones Exteriores, quedarán encargados de la ejecución de este Decreto.

Artículo 5: El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

lunes, 9 de octubre de 2017

Obligación de manutención en moneda extranjera


Mediante sentencia N° 697 del 14 de agosto de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se estableció que las gestiones de conversión en moneda nacional para el pago de la obligación de manutención contraída en moneda extranjera, deben ser realizadas ante los órganos cambiarios por el padre o la madre que ejerce la custodia de los hijos. Al respecto, la Sala afirmó lo siguiente:

En relación con lo ordenado en el inciso cuarto del fallo dictado por el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial del Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, sobre el cual se denuncia la omisión por parte del Tribunal Cuarto de Primera instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del mismo Circuito Judicial, por no haber hecho efectivo mediante la ejecución forzosa, que el ciudadano Manuel Mario Guevara Magalhes, efectúe las gestiones y diligencias necesarias “ante  la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para cumplir con el pago impuesto por concepto de Obligación de Manutención en la sentencia dictada en fecha 21/05/2009, por la Corte de Distrito 17° Circuito Judicial en y para el Condado Broward, Florida, Estados Unidos de América”, y que fue dado el exequátur o pase para ser ejecutada en Venezuela.

En ese sentido, indica esta Sala que al efectuar el pase de la sentencia extranjera – exequátur - en la que se fijó el monto de la obligación de manutención,  e incoar la parte demandante un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales venezolanos competentes para hacer valer dicha sentencia en el país, ciertamente la parte accionante está aceptando que el monto de la obligación que demandó sea pagado  por el obligado en la moneda de curso legal, tal como lo dispone el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños. Niñas y Adolescentes “suma de dinero de curso legal”, siendo de ésta forma su ejecución aunque la obligación haya podido ser pactada en moneda extranjera. (Vid sentencia n°1641/2011, caso: Motores Venezolanos C.A.)

Asimismo, del fallo impugnado se verifica que el demandado Manuel Mario Guevara Magalhes, ha realizado pagos de cuotas de la obligación de manutención para su hija, mediante cheques que han sido depositados en la cuenta que fue ordenada su apertura por parte del Órgano Jurisdiccional a través de la Oficina de Consignaciones adscrita al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, tal como se desprende de las comunicaciones emanadas de la referida oficina de consignaciones (folio 355).

Ahora bien, constata esta Sala las gestiones efectivamente realizadas por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del mismo Circuito Judicial, para que el obligado realizara las gestiones ante el órgano encargado, para ese momento, del cambio de la moneda -CADIVI- y pudiese llegar a la adolescente que reside en Estados Unidos la obligación de manutención. Así:
(...)

De las anteriores actuaciones, esta Sala advierte que fueron realizadas actuaciones por parte del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, en procura de hacer efectivo el cumplimiento del fallo sobre el que se pidió la ejecución, advirtiendo la Sala que el órgano judicial no puede sustituir los deberes que corresponden exclusivamente a los primeros obligados, que tal como lo dispone el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son el padre y la madre, en el sentido de realizar los trámites y consignar los requisitos ante el órgano de conversión cambiaria,  en virtud de lo cual no se ha configurado la omisión denunciada por la solicitante de autos. Así se establece.

No obstante lo anterior, se percata esta Sala que en la comunicación remitida por el órgano cambiario se expresó que la anulación de la solicitud realizada por parte del ciudadano Manuel Mario Guevara, se debió a que “por el transcurso de un largo lapso de tiempo desde el momento en que se generó la solicitud en el Sistema de Administración de Divisas, sin que haya consignado ante el Operador Cambiario Autorizado (OCA) los documentos a los que hace referencia la Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Adquisición de Divisas”, y siendo que se verifica de actas que la adolescente se encuentra bajo la custodia de la mamá, que es con quien reside; desprendiéndose de actas que la apertura de la cuenta bancaria, ordenada por el Tribunal de Protección, en la cual el padre deposita la obligación alimentaria, así como, todas las gestiones realizadas por la ciudadana Lilia Alarcón son tramitadas mediante apoderado judicial, acreditado en el País, determinándose que la diligencia ante el órgano cambiario puede ser realizado de forma más expedita por la madre,  quien con certeza tiene la documentación necesaria y lo cual puede realizar mediante su apoderado judicial, ya que la cuenta donde se encuentra el dinero en moneda nacional para la conversión, es manejada por la madre a través de apoderado judicial; estima esta Sala que la madre realice los trámites ante el órgano cambiario, mediante su apoderado judicial y el padre debe entregar al apoderado judicial de la madre ciudadana Lilian Alarcón los documentos que de él se requieran a efectos de realizar las gestiones ante el Órgano cambiario. Así se establece”.

miércoles, 4 de octubre de 2017

U.T. para el pago de multas


Mediante sentencia N° 955 del 09 de agosto de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que la Unidad Tributaria para el pago de multas por ilícitos tributarios será el vigente al momento del pago y no cuando se verificó el ilícito, toda vez que lo que se pretende es que la sanción no pierda su valor con el transcurso del tiempo. Sobre ello, la Sala afirmó que:

En aplicación del señalado criterio y conforme a lo previsto en el citado artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, advierte esta Alzada que en el asunto de autos, la sanción de multa debe ser calculada sobre la base del valor de la unidad tributaria (U.T.) vigente para el momento en que se efectue el pago la multa, y no en la oportunidad en la cual se verificó el ilícito, pues tal como lo ha afirmado la Sala, dicha operación “no se ajusta a la realidad económica y con ello, no cónsona con la intención del constituyente y del legislador tributario,”.

Así, en el caso de autos, visto que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/2012-000088 de fecha 28 de mayo de 2012, dispuso respecto a la aplicación del artículo 94 eiusdem, que “(…) las multas expresadas en términos porcentuales se convertirán en el equivalente a Unidades Tributarias que correspondan al momento de la comisión de la infracción, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago (…)”, esta Sala considera que la Administración Tributaria actuó apegada a los parámetros legalmente establecidos, motivo por el cual este Máximo Tribunal desestima el vicio de falso supuesto derecho aducido por la contribuyente. Así se decide.

Por otra parte, en lo que respecta a la vulneración del principio de irretroactividad de la Ley, supremacía constitucional, legalidad de la actuación administrativa por la aplicación del artículo 94 del vigente Código Orgánico Tributario de 2001, esta Alzada debe ratificar el criterio establecido en sentencia N° 1.426 del 12 de noviembre de 2008, caso: The Walt Disney Company (Venezuela), S.A. en la cual se desestimó una solicitud de desaplicación por control difuso de la constitucionalidad de la referida disposición, señalándose que la norma en comentario, no viola el principio de irretroactividad de la Ley, como contrariamente alega la recurrente, toda vez que la unidad tributaria (U.T.) es “(…) un mecanismo del cual se vale el legislador para evitar que el transcurso del tiempo invalide o disminuya los efectos de la sanción que ha pretendido fijar como consecuencia de un ilícito tributario”.

Circunscribiendo lo anterior al caso de autos, este Máximo Tribunal observa que el Fisco Nacional no incurrió en falta de aplicación de las normas contenidas en los artículos 7, 24, 137 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues, tal como puede ser constatado, el sujeto pasivo incumplió con sus deberes tributarios para los ejercicios fiscales de los años 2004 y 2005, en los cuales se encontraba en vigencia la disposición del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, que establecía la obligatoriedad a la Administración Fiscal de imponer la sanciones de multas en los términos señalados en dicha norma, pues el legislador tributario dispuso la unidad tributaria como “mecanismo a fin de evitar que el transcurso del tiempo invalide o se disminuya los efectos de la sanción”.

Con fundamento en lo supra expuesto, debe este Máximo Tribunal desestimar la indebida aplicación del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, la no aplicación de los artículos 7, 24, 137 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por vulnerar el principio de irretroactividad de la ley penal contra reo y los principios de Supremacía Constitucional y de la Legalidad de la actuación administrativa y la solicitud de desaplicación denunciada por la representación judicial de la contribuyente. Así se declara.” (énfasis añadido por la Sala).

martes, 3 de octubre de 2017

Edicto y concubinato


Mediante sentencia N° 724 del 14 de agosto de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que en las acciones mero declarativas de concubinato es obligatorio que se publique el edicto al que se contrae el artículo 507 del Código Civil por tratarse de una formalidad esencial de los procedimientos sobre el estado civil y capacidad de las personas. Al respecto, se afirmó lo siguiente:

En el caso bajo estudio, la apoderada judicial de la ciudadana Mirian del Valle Rodríguez de Alcalá, en su escrito de solicitud de revisión constitucional ejercido contra el fallo dictado el 11 de agosto de 2016 por la Sala de Casación Civil, alegó que la sentencia producida en el marco de la acción mero declarativa de concubinato interpuesta por la ciudadana Heellen Cecilia Izaguirre contra el ciudadano Pedro Rafael Alcalá Rondón, violó sus derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, toda vez que en el transcurso del proceso (i) no se ordenó la emisión y publicación del edicto que ordena el artículo 507 del Código Civil y (ii) se omitió el criterio vinculante emanado de la Sala Constitucional contenido en las sentencias N.° 1.630 dictada el 19 de noviembre de 2.013 y 1.682 de fecha 15 de julio de 2005.

Al respecto, esta Sala observa que el cartel previsto en el ordinal 2° del artículo 507 del Código Civil tiene por objeto procurar la publicidad a los terceros que pudieran verse afectados en sus intereses, en virtud del reconocimiento emanado del fallo, de modo que puedan hacerse parte en el juicio que pudiera  afectar a su  esfera jurídica individual. En este orden de ideas, el artículo 507 del Código Civil, dispone lo siguiente:
(…)

Lo precedentemente expuesto, cimienta la nulidad que abarca a todo lo actuado en el juicio de acción mero declarativa de concubinato que hubiere omitido el requisito señalado en el artículo 507 del Código Civil en su último aparte, dada la naturaleza jurídica de la acción interpuesta por la ciudadana Heellen Cecilia Izaguirre contra el ciudadano  Rafael Alcalá, la cual requiere del cumplimiento de la formalidad esencial de orden público que enmarca la publicación del edicto mediante el cual  se haga saber que determinada persona ha propuesto una acción relativa a filiación o al estado civil; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tenga interés directo y manifiesto en el asunto, con el objeto de evitar la subversión de los trámites procesales que afecten las garantías constitucionales a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el debido proceso de la ciudadana Mirian del Valle Rodríguez de Alcalá para exponer sus alegatos, promover y evacuar las pruebas que corresponda vista la acción mero declarativa interpuesta que afecta la filiación de su cónyuge, de modo que le permitan garantizarle la defensa de sus intereses en un juicio justo, objetivo e imparcial.

Ante este escenario, esta Sala observa que la Sala de Casación Civil no percibió que en el transcurso procesal de la acción interpuesta se omitió el cumplimiento de la formalidad prevista en el artículo 507 del Código Civil, en este sentido, pudo la Sala constatar en las actas del expediente la falta de realización de la referida actuación. Consecuentemente, de conformidad con los criterios analizados anteriormente, el cual  resulta esencial para garantizar el derecho a la defensa de terceros que eventualmente podrían tener interés en la causa, y visto que se configuró el vicio de quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho a la defensa, se declara con lugar la solicitud de revisión interpuesta por la ciudadana  Mirian del Valle Rodríguez de Alcalá y ordena la reposición de la causa al estado en que en el juez de primera instancia conocedor de la causa ordene la publicación del edicto de conformidad con el  citado artículo 507 en el uso de la facultad a la que se refiere el artículo 35 Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se establece.” (énfasis añadido por la Sala). 

lunes, 2 de octubre de 2017

Salario variable y salario mínimo


Mediante sentencia N° 804 del 14 de agosto de 2017, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que en aquellos casos en que se le pague al trabajador salario variable, la porción fija de éste no podrá ser inferior al salario mínimo obligatorio. Al respecto, se afirmó lo siguiente:

La recurrida, al amparo de la sentencia emanada de esta Sala el 1° de octubre de 2009, como sustento para declarar la improcedencia del concepto demandado, es decir, el pago del salario mínimo en la parte fija de su salario mixto, señaló que dicha porción fija no puede ser inferior al monto mínimo nacional, no obstante, tomando en consideración que el reclamo se delimitó a una fecha anterior -01 de junio de 2009- y es a partir de la sentencia aludida cuando se haría efectivo el criterio sostenido en la jurisprudencia, estimó improcedente lo peticionado.
(…)

En este orden de ideas, al contrastar el criterio sostenido por la Sala con la decisión recurrida, se aprecia que el sentenciador de alzada asumió correctamente que el pago de la parte fija del salario debe estimarse a razón del salario mínimo nacional establecido por el Ejecutivo Nacional, no obstante, yerra al determinar la fecha a partir de la cual se computa dicho pago, lo cual deviene, por vía de consecuencia, en la infracción del artículo 129 de la Ley Orgánica del Trabajo aplicable en razón del tiempo, por falta de aplicación.
(…)

Bajo esta óptica, la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, indicó en la decisión N° 397 de fecha 7 de abril de 2015, que dio lugar a la declaratoria con lugar del recurso de revisión ejercido, que “la aplicación de una norma no depende de la declaratoria que por vía jurisprudencial efectúen los órganos jurisdiccionales sino que la misma opera ope legis”, vale decir que, “la aplicación de una norma se retrotrae al momento en que ésta es dictada y, su no aplicación, por vía de excepción, solo tiene sentido si el juez estima que ésta es inconstitucional y por ello apela a la utilización del control difuso”.

Finalmente, estableció con relación a la interpretación del artículo 129 de la Ley Orgánica del Trabajo, analizada en el doctrina jurisprudencial de esta Sala, que “no se está en presencia de un cambio de criterio respecto a determinada situación jurídica, que por seguridad jurídica sólo aplica a casos futuros, sino de la aplicación de la norma en los términos en que ésta ha sido interpretada”.

Así pues, detectada la infracción de la recurrida en los términos expuestos, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte actora; en consecuencia se anula el fallo recurrido, resultando inoficioso conocer las restantes delaciones formuladas y del recurso de casación formalizado por la demandada, por cuanto de conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, corresponde a esta Sala decidir el fondo de la presente controversia, lo que procede a efectuar en los términos siguientes”.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Formalidades de facturas y rebaja de la alícuota del IVA


En la Gaceta Oficial Nº 41.244 del 26 de septiembre de 2017, se publicó la Providencia Administrativa Nº SNAT/2017/0048, dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Financiera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se establecieron las formalidades para la emisión de facturas, declaración y pago por las ventas de bienes muebles y prestaciones de servicios efectuados a personas naturales y jurídicas, que gozan de la rebaja del tres o cinco por ciento (3 o 5%) de la Alícuota Impositiva General del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El contenido de esa Providencia Administrativa es el siguiente:

Artículo 1: La presente Providencia Administrativa tiene por objeto establecer las formalidades para la emisión de la factura, declaración y pago del impuesto al valor agregado, que deben cumplir los sujetos pasivos que realicen ventas de bienes corporales y presten servicios a personas naturales y jurídicas, que gozan de la rebaja del tres o cinco por ciento (3 0  5%) de la alícuota impositiva general del Impuesto al Valor Agregado según corresponda, siempre que tales ventas o prestaciones de servicios sean pagadas a través de medios electrónicos.

Artículo 2: Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior, además de los requisitos establecidos en la Providencia Administrativa que regula el Régimen General de Emisión de Facturas y otros Documentos, deberá indicar la rebaja del tres o cinco por ciento (3 ó 5%) de la alícuota impositiva general del Impuesto al Valor Agregado según corresponda, cuando el consumidor cumpla con la condición establecida en el Decreto que establece la rebaja de la alícuota.

Artículo 3: Los sujetos pasivos podrán continuar utilizando el medio de emisión de factura que hayan adoptado o que estén obligados a utilizar, siempre y cuando el mismo se pueda adecuar a los requisitos exigidos en el artículo anterior. 

Artículo 4: En caso que no sea posible la adecuación de la máquina fiscal, deben utilizar formatos elaborados por imprentas autorizadas, el cual debe reflejar la rebaja del tres o cinco por ciento (3 ó 5%) de la alícuota impositiva general del Impuesto al Valor Agregado aplicable por las operaciones señaladas en el artículo 2º de esta Providencia Administrativa, indicando en forma mecánica o manual que se realiza conforme al Decreto que establece la rebaja de la alícuota.

Artículo 5: Los sujetos pasivos obligados a cumplir con las formalidades establecidas en esta Providencia Administrativa, deben presentar la declaración y pago del impuesto al valor agregado, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas a través del Portal Fiscal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Los Proveedores o fabricantes de Máquinas Fiscales, deben adaptar los modelos autorizados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria para incluir las rebajas de la alícuota, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa.

De igual manera, los sujetos pasivos deben solicitar la adaptación de las Máquinas Fiscales a sus Proveedores o fabricantes autorizados por este Servicio, dentro del plazo establecido en esta Disposición Transitoria.

SEGUNDA: Los Proveedores o fabricantes de Máquinas Fiscales, cuyos modelos autorizados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria no tengan la capacidad técnica para ser adaptados, deberán notificarlo por escrito, especificando los motivos ante la Gerencia de Fiscalización de este Servicio, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Providencia Administrativa.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria deberá publicar en su portal fiscal una lista de los modelos que no puedan adecuarse técnicamente a lo establecido en la presente Providencia Administrativa.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: A los efectos de esta Providencia Administrativa se entiende por Portal Fiscal la página Web http://www.seniat.gob.ve o cualquiera otra que sea creada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para sustituirla.

SEGUNDA: Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana Venezuela y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Sobre la indexación


Mediante sentencia N° 539 del 11 de agosto de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró  que cuando el artículo 1.737 del Código Civil consagra la hipótesis de que el aumento o disminución en el valor de la moneda, no incide ni influye en la obligación, si ocurre antes de que esté vencido el término del pago; por interpretación al contrario, si la variación en el valor de la moneda ocurre después de la fecha o tiempo establecido, es posible el ajuste que establezca el equilibrio roto por el aumento o disminución en el poder adquisitivo de la misma, es decir, es necesario que la obligación sea exigible para que proceda el ajuste por inflación del monto reclamado. En particular, se afirmó lo siguiente:

Por otra parte, la Sala observa que se alega el quebrantamiento de forma al negarse la posibilidad de indexar el monto del valor del inmueble, pretendiendo que se deba aceptar como pago o contraprestación una cantidad que quedó estática desde el año 2006, con lo cual se imposibilitaría el resarcimiento que le corresponde y le fuera aplicado el criterio de la indexación, tal como lo ha establecido la Sala Constitucional en su sentencia N.° 576 del 20 de marzo de 2006. Por su parte, el tercero interesado alegó que de conformidad con el artículo 1.546 del Código Civil se subroga en la condición de propietario y para ello debe pagar el mismo monto que pagó Richard Tucker Loero en el año 1998, no una distinta ni ajustada por inflación, ya que ello desnaturalizaría la acción del retracto, la cual es una acción especial con un lapso de caducidad brevísimo como la oferta real, en las que se asumen las mismas condiciones de la operación relacionada teniendo efectos liberatorios, por lo que no procedería la indexación, siendo ese el riesgo que asume el demandado en retracto.

Respecto a la indexación se debe tener presente que la Sala Constitucional, en su sentencia N.° 1780 del 10 de octubre de 2006, estableció que:
(…)

Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 1.184 del Código Civil, del enriquecimiento sin causa, vinculado a los artículos 1.737 y 1.738 eiusdem, que guardan relación con los principios jurídicos pertinentes para considerar acordar la corrección monetaria, como forma de mitigar la pérdida del valor de cantidades adeudadas, tomando en consideración que no existe propiamente un fundamento normativo en el que se base la indexación, sino que existen diversos principios en dispersas normas del ordenamiento jurídico que la desarrollan y se han de tomar en cuenta para los hechos presentes como la realidad económica, con la finalidad de garantizar que el pago que se ordena en la sentencia no se vea afectado por la disminución del valor de la moneda, tal como se ha establecido en la sentencia de la Sala de Casación Civil N.° 1.450 del 23 de enero de 2007.

Así el aumento o disminución del valor de la moneda señalado en el artículo 1.737 del Código Civil, no incide ni influye en la obligación, si ocurre antes de vencido el término del pago, pero si ocurre posteriormente, se debe restablecer el equilibrio roto, siendo necesario que la obligación sea exigible, tal como lo ha indicado la Sala de Casación Civil en su sentencia N.° RC.01027 del 18 de diciembre de 2006.
(…)

Por ello, es que la indexación en el caso de los salarios y de las prestaciones sociales son de rango constitucional de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución y la sentencia N.° 2191 del 06 de diciembre de 2006. Por otra parte, en el caso de materias donde la condena se determina al momento de dictar la sentencia, se debe distinguir si son materias de tipo contractual o extracontractual, en los primeros los daños son previsibles según lo establecido en los artículos 1.274 y 1.737 del Código Civil, debiendo el juez ordenar la entrega en dinero del valor equivalente al numéricamente expresado en el contrato, por lo que la condena del deudor no es pagar una suma idéntica a la convenida en el contrato, sino la de pagar una cantidad equivalente al valor de la suma prestada originalmente a la fecha del pago, cuando debido a la mora se hace necesario demandarlo, ya que lo importante es el valor real de la moneda para la época judicial del pago, no siendo posible pretender lo mismo, cuando las partes del contrato pacten lo contrario, o cuando judicial o extrajudicialemente se cumpla la obligación (Vid. sentencia N.° 576 del 20 de marzo de 2006).

En materia de daños y perjuicios contractuales y extracontractuales, los daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del pago a los precios de la oportunidad en que se calculan, por lo que en principio la indexación no sería procedente, así como tampoco lo sería respecto al daño moral, ya que ellos son determinados por el juez al momento de dictar su fallo y son montos que se calculan para ese momento sin tomar en cuenta los valores anteriores (Vid. sentencias N.° 683 del 11 de julio de 2000, N.° 1428 del 12 de junio de 2003, N.° 401 del 19 de marzo de 2004 y N.° 576 del 20 de marzo de 2006).

La indexación judicial permite el reajuste del valor monetario y evita el mayor perjuicio al acreedor, por efecto del retardo procesal, por tanto, este correctivo se concede desde el momento en que se instaure el juicio con la admisión de la demanda (Vid. sentencia de la Sala de Casación Civil N.° RC.00714 del 27 de julio de 2004). Es por ello, que puede en ciertos supuestos acordarse por el juez, incluso de oficio por motivos de orden público e interés social, o cuando, dentro del Estado Social de Derecho y de Justicia, esta inmiscuida la protección a la calidad de vida por la desmejora de las condiciones básicas  provenientes de la privación a tiempo del salario, de los honorarios, de las pensiones alimentarias o de cualquier tipo de prestación del cual depende la manutención y las necesidades básicas (Vid. sentencia N.° 576 del 20 de marzo de 2006), sobre todo al tener en cuenta que la inflación es un hecho notorio y por ello el juez puede realizar ajustes monetarios sobre las obligaciones dinerarias demandadas (Vid. sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1992, caso: Camillius Lamorrell vs. Machinery Care y de la Sala Constitucional N.° 1780 del 10 de octubre de 2006).

En razón de todo lo anterior, es que el juzgado superior al que le corresponda decidir nuevamente la apelación por mandato de la sentencia de la Sala de Casación Civil del 20 de diciembre de 2005, deberá tomar en consideración todos los criterios anteriores para determinar la procedencia o no de la indexación del monto objeto de litigio. Así se decide”.

martes, 26 de septiembre de 2017

Vicio de incongruencia y determinación de relación laboral


Mediante sentencia N° 746 del 08 de agosto de 2017, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que no se materializará el vicio de incongruencia en aquellos casos en que se discuta la existencia de una relación laboral y en el que el juez decida con base en las pruebas aportadas que la relación inició en una fecha distinta a la mencionada por el demandante en el libelo. En particular, se afirmó lo siguiente:

Como se aprecia de los pasajes de la recurrida supra transcritos, el sentenciador de alzada determinó que le correspondía a la parte actora demostrar la prestación personal de servicios ante la negativa -absoluta- de la existencia de la relación laboral efectuada por la demandada, dando por comprobado el hecho primordialmente discutido a partir del análisis efectuado a las probanzas incorporadas en el expediente, especialmente, de la prueba de informe emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la testimonial rendida por el ciudadano Yonhi Rodríguez.

De modo que, articulando los términos en que fue planteado el debate y lo dictaminado en la recurrida, esta Sala aprecia que, en observancia del deber de congruencia impuesto por los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en el proceso laboral por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el jurisdicente decidió con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones opuestas, toda vez que el aspecto que resultaba de impretermitible ponderación para dilucidar el contradictorio era precisamente la demostración en autos de la prestación personal de servicio, lo que trajo como consecuencia la activación de la presunción de laboralidad contenida en los artículos 65 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 y 53 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Adicionalmente, importa destacar que por el hecho de que el juez ad quem haya determinado como inicio de la relación laboral el 25 de marzo de 2000, siendo dicha fecha distinta a la invocada en el escrito libelar, ello no implica la materialización del vicio imputado, en virtud que el problema judicial planteado estaba circunscrito a la demostración de la prestación personal de servicio desplegada por el actor ante la inexistencia de la relación alegada por la demandada y tal disertación deriva de lo que resultó probado en autos, partiendo de que previo a la aludida fecha el accionante estaba afiliado en el Sistema de Seguridad Social por otro ente patronal.

Ahora bien, en cuanto a la pretensión de impugnación de la parte formalizante dirigido a atacar la valoración ofrecida por el juez de la recurrida respecto a la testimonial rendida por el ciudadano Yonhi Rodríguez e indirectamente sobre la prueba de informe emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), se advierte que los argumentos que sustentan la delación no contienen norma expresa de valoración que -a su juicio del recurrente- resultó infringida, cuestión que, en forma alguna puede ser suplida por esta Sala, por cuanto operaría en detrimento del debido proceso.

Por el contrario, los planteamientos expuestos denotan que lo verdaderamente refutado por la empresa impugnante es su disconformidad con lo decidido por el ad quem, razón por la que debe recordarse que en materia probatoria los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas, y en tal sentido, la Sala solamente podrá pronunciarse con respecto a las mismas, cuando se denuncie o se evidencie la infracción de las normas relativas a su valoración, por lo que debe deslindarse un supuesto del otro.

En todo caso, resulta oportuno recordar que en materia laboral corresponde al juez hacer la valoración y apreciación de las pruebas de conformidad con las reglas de la sana crítica, debiendo analizar y juzgar todas las pruebas que hayan sido promovidas y evacuadas en la oportunidad legal prevista para ello, aun aquellas que, a su juicio, no aporten ningún elemento de convicción sobre los hechos controvertidos en el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

Siguiendo con el mismo hilo argumentativo, la Sala ha sostenido que, excepcionalmente, podrá descender a las actas del expediente, para conocer de denuncias concretas sobre el establecimiento y valoración de los hechos y las pruebas, puesto que su actividad revisora debe circunscribirse al análisis de la delación y contrastarla con lo decidido por la recurrida, para de este modo evidenciar si se patentizan los vicios que se imputan (vid. decisión N° 328 del 4 de abril de 2016, caso: Lodual Andrés Arroyo Mora contra Top Training, C.A.).

Desde esta perspectiva, se verifica que con relación a la prueba testimonial y de informe cuya errada valoración se acusa, la alzada, en su proceso de cognición, estableció lo que a continuación se transcribe:
(…)

Posteriormente, el sentenciador ad quem determinó -según su soberana apreciación de los hechos- que a los autos quedó demostrada la prestación personal de servicio del actor, partiendo de la deposición del aludido testigo adminiculada con las resultas de la prueba de informe emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), lo cual se puede corroborar de los extractos de la recurrida citados en acápites precedentes.

De lo anterior se colige que lo establecido en la recurrida se encuentra ajustado a derecho, sin denotarse una errada valoración de las pruebas cuestionadas que transgredan normas relacionadas estrictamente con la apreciación de éstas, esto es, las que determinan la eficacia probatoria o autorizan la aplicación de las reglas de la sana crítica, siendo además evidente que en el análisis probatorio de ambas -testimonial y prueba de informe-, el jurisdicente expuso los argumentos sobre las conclusiones de hecho, a fin de que las partes pudiesen conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico arribado.

En suma y a los fines de disipar dudas, esta Sala extremando su función juzgadora observa que del material probatorio aludido se extrae la afiliación del accionante por parte de la empresa Proagro, C.A. y que para el momento en que el testigo ingresó en la demandada, el actor “trabajaba ahí mismo (sic)”, viéndolo laborar “hasta el 01/12/2014”, lo que evidentemente denota la efectiva comprobación de una prestación de servicios, hecho esencialmente discutido que en vista de su demostración permite establecer la existencia de una relación de trabajo, por aplicación de los artículos 65 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 y 53 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según el cual “[c]uando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal”.