Mediante sentencia N° 511
del 6 de agosto de 2019,
la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, señaló que, aunque en las letras de cambio se haya establecido como
lugar de pago el extranjero, ello no hace de suyo que el cobro de las mismas no
pueda realizarse en la jurisdicción venezolana. En particular, se precisó lo
que sigue:
“Ahora bien, de lo
alegado y probado se observa que las partes implicadas en la presenta causa se
encuentran domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, específicamente
en la ciudad de Tucacas del Estado Falcón, por lo que, en principio los
tribunales venezolanos tendrían jurisdicción para conocer de la misma.
De igual modo, se observa que el motivo por el cual
se demanda es por la presunta falta de pago de seis (6) letras de cambio que,
según afirma en el libelo, la ciudadana Sabja del Valle Asmad Rivero es la
beneficiaria, por un monto cada una de cincuenta y ocho mil trescientos treinta
y tres dólares americanos con treinta y tres centavos (USD 58.333,33), las
cuales debían ser pagadas por la sociedad mercantil Doña Ramona, C.A., o el
ciudadano Ronny Manuel Quevedo (Presidente de la compañía) a las fechas de su
vencimiento, y se estableció como lugar de pago “Santa Helena Wed Pastorblomberg, Galpón #12 Curacao”, todas
suscritas el 26 de agosto de 2017, por el último de los indicados.
Así, determinó el Juzgador de instancia que
correspondía la jurisdicción al Juez extranjero por haberse determinado que el
lugar de pago era la dirección antes indicada, y por tanto “se sometieron expresamente ‘a la
jurisdicción exclusiva de los tribunales de Curazao”, todo de
conformidad con el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil.
Sin embargo, evidencia esta Sala que de acuerdo con
lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado la
jurisdicción la detentan los jueces venezolanos, por poseer los demandados su
domicilio en la República Bolivariana de Venezuela.
Además de ello, no comprende este Máximo Tribunal la
razón por la cual se afirma el hecho de que las partes se sometieron a la
jurisdicción exclusiva de los tribunales de Curazao, pues a pesar de que
efectivamente se indicó como el lugar de pago, no hay ningún otro documento del
cual se pueda evidenciar que las partes acordaron una circunscripción judicial
específica para una eventual acción cambiaria por falta de pago; y afirmar
ello, atentaría contra el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes.
Por todo lo expuesto, esta Sala debe declarar, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional
Privado, que el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción para conocer y
decidir la demanda interpuesta. En consecuencia, se revoca la decisión dictada
por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el 7 de junio de 2019, mediante la
cual declaró la falta de jurisdicción del Juez venezolano, frente al Juez
extranjero. Así se decide” (énfasis añadido
por la Sala).
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