Mediante
sentencia N° 1172 del 21 de noviembre de 2013, la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la sentencia Nº 116
del 17 de mayo de 2000 (caso: Hilados
Flexilón, S.A.) según la cual, una vez demostrado el accidente o enfermedad
profesional, se deberá pagar al trabajador una indemnización por daño moral,
independientemente de la culpa o negligencia del patrono, pues aplica la teoría
de la responsabilidad objetiva también denominada de riesgo profesional.
A
su vez, hizo referencia la Sala a la sentencia Nº 144
del 07 de marzo de 2002 (caso: Hilados Flexilón,
S.A.) por medio de la cual, el juez para fijar una indemnización por daño
moral, debe atenerse a los siguientes aspectos: a) La entidad (importancia) del
daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos
morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el
accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva
o subjetiva); c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura del
reclamante; e) posición social y económica del reclamante; f) capacidad
económica de la parte accionada; g) las posibles atenuantes a favor del
responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima
para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y,
por último, i) referencias pecuniarias estimadas por el juez para tasar la
indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto. Al
respecto, señaló que:
“Respecto a la
indemnización por daño moral, ha sido criterio de la Sala a partir de la
sentencia N° 116 de fecha 17 de mayo de 2000, que en materia de infortunios de
trabajo, demostrado el accidente o enfermedad profesional, se aplica la teoría
de la responsabilidad objetiva, también denominada del riesgo profesional,
según la cual procede el pago de una indemnización por daño moral a favor del
trabajador accidentado, independientemente de la culpa o negligencia del
patrono. El Artículo 1.196 del Código Civil, prevé la obligación de reparar a
quien haya sufrido un daño material o moral causado por un hecho ilícito,
siendo potestad del juez fijar el monto de una indemnización por daño moral,
sujeta a la prudencia de éste, demostrada que sea la ocurrencia del daño,
proveniente de una lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o
a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de
violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada, puede
igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como
reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.
Lo señalado
precedentemente, tiene su base en que el pago que se dispone como reparación de
los daños morales, no tiende a compensar el perjuicio extrapatrimonial sufrido,
sino que éste sirve para acordar una satisfacción al damnificado, es por ello
que el Juez debe otorgar una suma de dinero ‘que tenga en cuenta el
desasosiego, sufrimiento, molestias, etc., pero no como una compensación al
dolor físico o psíquico, sino como una retribución satisfactoria de tales
quebrantos’”.
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